Eso representa otro portazo a la paz total del gobierno de Gustavo Petro, quedando en el limbo esa esperanza de paz en la regiones.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución mediante la cual la Fiscalía General de la Nación había levantado las órdenes de captura contra 23 líderes de estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, Antioquia, en el marco de la política de Paz Total del gobierno del presidente Gustavo Petro. La decisión del alto tribunal representa un nuevo golpe a uno de los mecanismos más cuestionados de esa iniciativa de paz y reactiva el debate sobre los límites jurídicos de los beneficios otorgados a cabecillas del crimen organizado urbano.
La determinación del Consejo de Estado se produjo mientras el tribunal estudiaba una demanda de nulidad interpuesta el pasado 6 de abril por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el abogado Carlos Fernando Duque Gómez, apoderado judicial del departamento, contra la resolución de la Fiscalía que ordenó la suspensión de las 23 órdenes de captura. Para los demandantes, esa decisión carecía de sustento jurídico sólido y comprometía la seguridad de la ciudadanía al dejar en libertad a reconocidos jefes del crimen organizado que operan en la capital antioqueña y sus municipios vecinos.
El origen de la controversia se remonta a febrero pasado, cuando la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, encabezada por Otty Patiño, solicitó formalmente a la Fiscalía la suspensión de las órdenes de captura contra personas reconocidas por el gobierno de Petro como voceros de las denominadas Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto, EAOCAI, de Medellín y el Valle de Aburrá. Estos grupos hacen parte de la mesa de paz urbana que el gobierno nacional instaló en esa ciudad como parte de su estrategia de negociación con el crimen organizado.
La medida generó una reacción inmediata de rechazo por parte de autoridades locales, sectores de la oposición y organismos de seguridad, que advirtieron sobre los riesgos de otorgar ese tipo de beneficios a individuos con amplios prontuarios criminales y con influencia activa sobre territorios urbanos de alta conflictividad. Las críticas apuntaban a que la suspensión de las capturas no estaba acompañada de compromisos verificables de reducción de violencia ni de garantías reales para las comunidades afectadas por el accionar de estas estructuras.
Ante la presión, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, revocó el beneficio para 16 de los 23 líderes de bandas criminales que inicialmente habían sido cobijados por la medida. Sin embargo, siete de ellos continuaban amparados por la suspensión de las órdenes de captura hasta que el Consejo de Estado tomó la decisión de suspender provisionalmente toda la resolución, dejando sin efecto también ese último grupo de beneficios.
Los siete líderes criminales afectados por la nueva decisión judicial son Alberto Antonio Rodríguez Henao Acevedo, Andrés Dimaría Oliveros Correa, Fredy Alexander Henao Arias, Gustavo Adolfo Pérez Peña, Jhon Fredy Yepes Hoyos, Mauricio de Jesús Morales Múnera y Rodrigo Henao Acevedo, todos ellos reconocidos por el gobierno como voceros de estructuras del crimen organizado que participaban en la mesa de paz urbana de Medellín.
La suspensión provisional decretada por el Consejo de Estado no implica una decisión definitiva sobre la nulidad de la resolución de la Fiscalía, ya que el proceso judicial continúa su curso. No obstante, la medida cautelar tiene efectos inmediatos sobre la situación jurídica de los siete individuos mencionados, quienes quedan nuevamente expuestos a ser capturados por las autoridades en cualquier momento.
El caso pone en evidencia las tensiones jurídicas e institucionales que ha generado la implementación de la política de Paz Total en sus componentes urbanos, donde la línea entre la negociación con actores armados y la concesión de beneficios a estructuras del crimen organizado ha sido objeto de permanente disputa entre el gobierno nacional, las autoridades territoriales y el poder judicial.
La Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Consejero Comisionado de Paz no se habían pronunciado oficialmente sobre la decisión del Consejo de Estado hasta el cierre de esta nota, mientras el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró el fallo como una victoria del Estado de derecho frente a lo que ha calificado como una política de impunidad disfrazada de paz.
