La polémica por la indemnización entregada a la familia de la víctima llegó al escenario político nacional luego de que el mandatario cuestionara públicamente el manejo de los recursos por parte del abogado y candidato a la presidencia, señalado por las familiares de haberse quedado con gran parte del dinero reconocido por el Estado.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se sumó a la controversia que rodea el proceso de indemnización entregado a la familia de Rosa Elvira Cely, luego de que familiares de la víctima denunciaran públicamente presuntas irregularidades en el manejo de los recursos económicos reconocidos por el Estado colombiano tras el feminicidio ocurrido en Bogotá en el año 2012.
El pronunciamiento del jefe de Estado se conoció a través de su cuenta en la red social X, donde cuestionó duramente que gran parte del dinero destinado a reparar a las víctimas hubiera terminado, según las denuncias conocidas hasta ahora, en manos del abogado Abelardo de la Espriella, quien representó judicialmente a la familia durante el proceso.
“No hay derecho que la indemnización a la familia de una mujer trabajadora, cruelmente violada y torturada en Bogotá, Rosa Elvira Cely quede en manos de su abogado. Muy ruin”, escribió el mandatario, desatando un nuevo episodio de debate político y judicial alrededor de uno de los casos más emblemáticos de violencia de género en Colombia.
Las declaraciones de Petro se producen en medio de un ambiente político especialmente sensible, debido a que Abelardo de la Espriella ha venido ganando protagonismo dentro del escenario electoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2026. El abogado ha aparecido recientemente en espacios públicos y políticos como una de las figuras cercanas a sectores de oposición al Gobierno nacional, situación que convierte esta polémica en un asunto con impacto más allá del ámbito judicial.
El feminicidio de Rosa Elvira Cely marcó profundamente al país hace más de una década. La mujer fue atacada brutalmente en el Parque Nacional de Bogotá, en un crimen que generó indignación nacional y abrió un amplio debate sobre la violencia contra las mujeres. El caso se convirtió además en símbolo de la lucha feminista y derivó en la creación de la Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, que tipificó el feminicidio como un delito autónomo en Colombia.
Ahora, más de 14 años después de los hechos, el nombre de Rosa Elvira vuelve a ocupar la agenda pública por cuenta de los cuestionamientos relacionados con la indemnización económica reconocida por el Estado a sus familiares.
La controversia tomó fuerza luego de que Adriana Cely, hermana de la víctima, y Juliana Cely, hija de Rosa Elvira, entregaran declaraciones públicas en las que afirmaron que solo recibieron una pequeña parte de los recursos económicos derivados del proceso judicial.
De acuerdo con los testimonios conocidos, las familiares sostienen que el contrato firmado con el abogado establecía que la totalidad de la indemnización debía ingresar inicialmente a cuentas bancarias controladas por el jurista, situación que, según denunciaron, terminó dejando la mayor parte del dinero en manos del equipo jurídico como pago de honorarios profesionales.
Las versiones entregadas por las familiares indican que únicamente habrían recibido cerca del 10 % de la suma reconocida por el Estado colombiano como reparación económica por el feminicidio.
Adriana Cely manifestó además que nunca estuvo de acuerdo con las condiciones planteadas dentro del contrato y aseguró que decidió no firmar algunos documentos relacionados con el acuerdo. Según su relato, esa negativa produjo diferencias con el abogado y posteriores conflictos durante el desarrollo del proceso judicial y administrativo.
Los señalamientos fueron divulgados inicialmente por medios digitales y posteriormente se viralizaron en redes sociales, donde usuarios y líderes de opinión empezaron a cuestionar el manejo de la indemnización y el papel desempeñado por el abogado en representación de la familia.
Sin embargo, hasta el momento no existe una decisión judicial que confirme las acusaciones hechas por los familiares de Rosa Elvira Cely. Tampoco se conoce un fallo disciplinario o penal contra Abelardo de la Espriella relacionado con este caso.
Las denuncias conocidas hasta ahora corresponden exclusivamente a las versiones públicas entregadas por la hermana y la hija de la víctima, quienes han insistido en que el caso merece ser revisado por las autoridades competentes.
El episodio también revive la tensión política entre el presidente Gustavo Petro y sectores de oposición representados por dirigentes y figuras públicas cercanas al abogado barranquillero. En distintos escenarios, el mandatario ha cuestionado a personajes políticos alejados del oficialismo y ha defendido causas relacionadas con derechos humanos y violencia de género, temas que forman parte central de su discurso político.
Analistas consideran que el pronunciamiento presidencial no solo tiene un componente humano y simbólico relacionado con la memoria de Rosa Elvira Cely, sino también una evidente carga política, teniendo en cuenta la creciente exposición mediática de Abelardo de la Espriella y su cercanía con sectores que buscan consolidar candidaturas presidenciales para el próximo periodo electoral.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos de las mujeres han pedido que el debate no desvíe la atención sobre el verdadero trasfondo del caso: la necesidad de garantizar justicia, reparación integral y transparencia en los procesos judiciales que involucran a víctimas de violencia de género en Colombia.
La controversia continúa creciendo en redes sociales y medios nacionales, mientras la familia de Rosa Elvira Cely insiste en que las autoridades revisen detalladamente el manejo de los recursos entregados como parte de la reparación ordenada por el Estado colombiano.
