La Defensoría del Pueblo alertó sobre la intensificación de la confrontación entre estructuras disidentes en Guaviare, Caquetá y Amazonas, tras enfrentamientos que dejan al menos 48 muertos y profundizan la crisis humanitaria que afecta a comunidades rurales e indígenas del sur del país.
La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta urgente ante la intensificación de la confrontación armada entre estructuras disidentes de las Farc en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Amazonas, una situación que ya deja decenas de muertos y aumenta el riesgo para las comunidades rurales de la región.
Según informó la entidad, los enfrentamientos comenzaron el pasado 26 de mayo en zonas rurales de San José del Guaviare, específicamente en sectores conocidos como La Siberia, Caño Cumare y Pipiral, donde se enfrentaron integrantes del autodenominado EMC, liderado por alias “Iván Mordisco”, y miembros del autodenominado EMBF, bajo el mando de alias “Calarcá Córdoba”.
En medio de una misión humanitaria desarrollada con acompañamiento de organismos nacionales e internacionales, entre ellos Bomberos, la MAPP-OEA, la Misión de Verificación de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Gobernación del Guaviare y la Alcaldía de San José del Guaviare, se logró la recuperación de 48 cuerpos que, preliminarmente, corresponderían a combatientes muertos durante las confrontaciones.
La Defensoría señaló que las labores de identificación plena y la verificación de las circunstancias de las muertes continúan bajo responsabilidad de las autoridades competentes.
El organismo advirtió además que la disputa armada refleja una profundización del conflicto que venía siendo alertada desde comienzos de 2025, especialmente por la disputa territorial, el control de corredores estratégicos y las economías ilegales, factores que han incrementado la violencia en esta región del país.
La entidad también manifestó preocupación por las afectaciones directas a la población civil, especialmente comunidades indígenas, campesinas y rurales, que enfrentan restricciones a la movilidad, controles armados, amenazas, imposición de normas y mayores riesgos humanitarios.
Frente a este panorama, la Defensoría hizo un llamado a las estructuras armadas para excluir a la población civil de las hostilidades, evitar señalamientos, restricciones o acciones que comprometan los derechos de las comunidades.
Igualmente, pidió al Gobierno Nacional, autoridades territoriales y entidades competentes fortalecer las acciones de prevención, protección y atención humanitaria para evitar una mayor profundización de la crisis en Guaviare, Caquetá y Amazonas.
