El aspirante aseguró que su familia está siendo involucrada en medio de la controversia originada por una demanda interpuesta por su esposa.
A pocas horas de las elecciones presidenciales en Colombia, la campaña de Santiago Botero, candidato del movimiento Romper el Sistema, se ve envuelta en una polémica que podría influir decisivamente en el rumbo electoral. La Comisaría de Familia de Cartagena emitió medidas de protección a favor de Manuela Echeverri, esposa de Botero, y su hijo de apenas 10 meses, tras una denuncia por presunta violencia intrafamiliar interpuesta por Echeverri. Este hecho ha puesto bajo el foco de atención pública la vida personal del aspirante presidencial, un aspecto sensible en plena recta final de su postulación.
El sábado 30 de mayo fue cuando la noticia salió a la luz pública. Autoridades locales acudieron a la residencia de Botero, ubicada en la exclusiva zona de Bocagrande, Cartagena, para hacer cumplir la orden judicial que protegía a Manuela y al menor. Según la denuncia presentada, Manuela Echeverri había sido expulsada de la vivienda familiar, lo que motivó la intervención de la Comisaría de Familia. El documento oficial, fechado el 29 de mayo de 2026 y citado por la revista Semana, detalla cómo la mujer denunció hechos de violencia ocurridos en el contexto familiar, advirtiendo que los últimos incidentes se habrían producido el día 28 de mayo.
Ante la fuerte repercusión mediática, Santiago Botero se pronunció mediante un video publicado en sus redes sociales, donde niega categóricamente las acusaciones. El candidato sostiene que estas denuncias forman parte de una estrategia para afectar su imagen pública y sus aspiraciones políticas. En sus palabras, “quiero dirigirme a todos los colombianos para referirme a las mentiras que hoy en día está divulgando Abelardo de la Espriella”. Botero asegura que la separación con Manuela, que según él se produjo de mutuo acuerdo hace más de tres meses con asistencia psicológica, está siendo utilizada como un arma política en su contra.
El candidato enfatiza que nunca ha tenido problemas con su esposa ni ha cometido actos de violencia hacia ella. Sin embargo, reconoce que su esposa no comparte sus ideas políticas, un desencuentro que, según su versión, habría sido explotado para desacreditarlo. “Lo que me duele es que usen la imagen de mi hijo y de mi exesposa”, afirmó, agregando que está seguro de que detrás de estas acusaciones hay un interés por frenar su campaña, pues considera que están a punto de lograr un triunfo electoral que molestaría a ciertos sectores corruptos.
Por su parte, la Comisaría de Familia tomó medidas estrictas para proteger la integridad de la denunciante y el menor. Ordenaron a Santiago Botero abandonar la vivienda para garantizar la seguridad familiar, basándose en la posible amenaza que representaba su permanencia en la misma. Esta decisión judicial es una señal contundente sobre la gravedad del asunto desde el punto de vista legal y social.
En un intento por demostrar su inocencia, Botero anunció públicamente que se someterá a una prueba de polígrafo. Este mecanismo buscará respaldar su inocencia ante la opinión pública y disipar las dudas generadas por las acusaciones de violencia intrafamiliar. “Yo nunca en mi vida le he pegado a una mujer y, en mi mente y en mi corazón, soy un buen ser humano. Espero que no se hagan una mala imagen de mí. Voy a presentar una prueba para demostrar que lo que estoy diciendo es la verdad”, declaró en su mensaje.
Este episodio sacude el escenario político a solo horas de las elecciones presidenciales, generando un intenso debate sobre la importancia de la ética y la conducta personal de los candidatos en la vida pública. Por un lado, está el derecho a la presunción de inocencia y la necesidad de no prejuzgar antes de que se esclarezcan los hechos. Por otro, la relevancia de proteger a las víctimas de posibles abusos, especialmente cuando hay menores de por medio.
Mientras la comunidad nacional observa con atención y expectativa, la controversia alrededor de Santiago Botero plantea preguntas cruciales sobre cómo estos casos afectan la confianza ciudadana en las figuras políticas y qué impacto tendrán en el resultado electoral. La campaña del movimiento Romper el Sistema enfrenta ahora un desafío no solo en términos de votos, sino también en la batalla por mantener intacta su credibilidad y moral ante los electores.
En definitiva, la denuncia, las medidas de protección y la defensa pública del candidato constituyen un capítulo complejo y delicado en la carrera presidencial. Solo el tiempo y la justicia definirán la verdad de los hechos, pero el daño político y social ya está en marcha. Así, la política colombiana vive uno de sus momentos más tensos y críticos en esta coyuntura electoral, donde la vida privada de un candidato se encuentra en el centro del escrutinio público.
