El expresidente de la República tendrá que rendir testimonio sobre los hechos que se relacionan con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y los crímenes ocurridos durante su periodo como gobernador de Antioquia.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó este jueves 18 de junio que la Fiscalía Tercera de Medellín lo citó a indagatoria por dos expedientes que concentran señalamientos sobre la expansión paramilitar en Antioquia durante su período como gobernador del departamento: las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato del abogado defensor de derechos humanos Jesús María Valle y el caso de la Hacienda Guacharacas. La notificación llega a apenas tres días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.
«De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del Aro, La Granja, José María Valle y Guacharacas», escribió Uribe en su cuenta de X, en un mensaje en el que se refirió a los hechos en los que actuaron las autodefensas durante los años en que él ejercía la gobernación de Antioquia.
La decisión judicial reúne hechos ocurridos entre 1996 y 1998, período en el que Uribe Vélez gobernaba Antioquia. Uno de los expedientes aborda las masacres de El Aro y La Granja, perpetradas por estructuras paramilitares en ese departamento, y el asesinato del abogado Jesús María Valle, quien denunció públicamente la connivencia entre grupos paramilitares y agentes del Estado antes de ser asesinado en febrero de 1998. El otro caso involucra la Hacienda Guacharacas, ubicada en el municipio de San Roque, predio que fue propiedad de la familia Uribe y que las investigaciones señalan como posible epicentro de la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, estructura responsable de múltiples crímenes en el departamento.
La notificación se produce 14 días después de la condena contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, quien fue hallado culpable de homicidio agravado y concierto para delinquir en un proceso relacionado también con el paramilitarismo en Antioquia, en una semana que ha sido particularmente difícil para el entorno familiar y político del exmandatario.
Uribe Vélez no tardó en reaccionar y vinculó la citación con el contexto electoral, calificando la decisión como una persecución política a pocas horas de los comicios. «A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones», escribió el expresidente, quien es uno de los principales promotores de la candidatura de Abelardo De la Espriella en la segunda vuelta, enfrentado directamente a Iván Cepeda Castro, considerado su más enconado contradictor político en el Congreso y uno de los congresistas que más ha impulsado investigaciones sobre el paramilitarismo en Colombia.
En un segundo mensaje, el expresidente intentó establecer un vínculo entre la fiscal que lo cita y el entorno del candidato Cepeda, señalando que la funcionaria habría trabajado previamente en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, donde también lo hizo Pilar Rueda, esposa del senador. «La señora fiscal, exintegrante de la JEP, donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme. Injusticia de clara presión política», afirmó Uribe, quien anunció que a pesar de la situación mantendría su agenda política prevista para la noche de ese jueves.
La indagatoria es una etapa preliminar del proceso penal que busca determinar si hay mérito suficiente para abrir una investigación formal contra el citado. No implica una acusación ni una condena, pero su apertura frente a un exjefe de Estado de la trayectoria de Uribe, y en el contexto específico de la recta final de una segunda vuelta presidencial, tiene un peso político y simbólico que trasciende el ámbito estrictamente judicial.
Los casos de El Aro y La Granja han sido objeto de pronunciamientos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha referido en el pasado a las responsabilidades del Estado colombiano en esas masacres, en decisiones que han señalado fallas graves en la protección de la población civil y en la actuación de agentes estatales durante esos hechos.
La Fiscalía no se había pronunciado oficialmente de manera pública sobre el alcance y los detalles del llamado a indagatoria hasta el cierre de esta nota, mientras el anuncio del propio Uribe generaba una avalancha de reacciones en redes sociales y entre los actores políticos del país a horas de que Colombia cierre su campaña presidencial.
