El candidato Abelardo de la Espriella adelanta una marcada e intensa campaña represiva contra la prensa colombiana , por eso la firme repuesta de los trabajadores de la información del país.
A la ciudadanía colombiana, a las autoridades electorales, a las organizaciones defensoras de la libertad de prensa y expresión y a la comunidad internacional.
Quienes firmamos esta carta somos periodistas, comunicadores, reporteros, editores, fotógrafos, camarógrafos, columnistas, corresponsales, trabajadores de medios nacionales, regionales, comunitarios, alternativos, digitales e independientes. Provenimos de diversas regiones del país, trabajamos en medios de comunicación y ejercemos este oficio con convicción y dignidad. Nos reconocemos desde la diversidad y no nos inscribimos en un mismo horizonte político, salvo el de la defensa de la democracia y la constitución colombiana, los derechos humanos, y nuestra reivindicación de la libertad de expresión como un derecho fundamental, del que goza cualquier persona para difundir, investigar y publicar informaciones e ideas bajo la deontología del oficio periodístico. Por ello, manifestamos sin ambages que ningún periodista u opinador en Colombia merece el ataque, la amenaza, la censura o el descrédito por ejercer su oficio e inquirir al poder.
De cara a la segunda vuelta presidencial, nos preocupa el clima de hostigamiento contra quienes investigan o cuestionan la campaña, financiación, vínculos, clientes, empresas y antecedentes del candidato Abelardo de la Espriella. No se trata de una preocupación sobre la réplica a la que tiene derecho cualquier ciudadano colombiano, se trata de la manera de contestar estas investigaciones a través del acoso judicial, digital, personal o el perfilamiento del reportero y luego la amenaza directa.
El pasado martes 16 de junio, la revista Cambio publicó un informe sobre Nova Soportes, una empresa fantasma mediante la cual se movieron 1.299 millones de pesos, para la financiación de la campaña de De La Espriella. Este caso es solo el más reciente de una serie de acosos e intimidaciones judiciales que el abogado, hoy candidato, ha emprendido contra la prensa en las últimas décadas. El caso de Cecilia Orozco Tascón también es emblemático por el permanente intento del hoy candidato para que la periodista le pague económicamente un supuesto daño y de paso se silencie por miedo. El caso de Daniel Coronel también es de suprema gravedad. En las últimas horas, desde una cuenta de X asociada a la campaña del candidato De la Espriella, el reportero fue calificado como un “difamador empedernido” y la misma cuenta reveló en qué vuelo venía desde Miami hacia Bogotá. Este hecho revivió la vieja persecución que Uribe desplegó con agentes de la desaparecida policía secreta DAS.
Las respuestas y ataques del candidato en esta coyuntura las ha entregado uno de sus abogados, Germán Calderón España, quien se ha referido a Cambio y a otros medios con ataques aleves y amenazantes. Creemos que hacer preguntas sobre quién contrata, cobra, qué servicio presta, quién está detrás del dinero y qué intereses rodean a una candidatura presidencial, son siempre necesarias para la salud de un proceso electoral libre. Al periodismo investigativo no puede responderse con ataques, presiones, campañas de desprestigio, amenazas judiciales o acoso digital. Debe responderse con documentos, explicaciones y transparencia.
También expresamos nuestra solidaridad con el creador de contenido digital y comunicador Beto Coral, capturado en Estados Unidos por una evidente instigación del candidato De La Espriella, país en donde cuenta con el “respaldo” o “aquiescencia” del gobierno ultra conservador de Donald Trump, quien ya ha dado muestras de su trato autoritario y desobligante con la prensa de su país. De hecho, Trump ha hecho sacar periodistas a la fuerza de ruedas de prensa porque hacen preguntas incómodas o los ha vetado para ingresar a los cubrimientos de la Casa Blanca. ¿Ese es el ejemplo que pretende copiar De la Espriella, si gana la presidencia, con los periodistas de Colombia?
Esta fórmula de censura ya se conoce y viene de los tiempos más oscuros del ascenso del fascismo en el mundo. Por eso, ante el hostigamiento y el camino que se pretende allanar para atacar a la prensa libre, en este momento es necesario estar unidos. Cuando un periodista es atacado por denunciar, preguntar, investigar o expresar una crítica, el mensaje que se envía a otros colegas es grave: o se somete al silencio o corre riesgo. Ese miedo golpea más fuerte en las regiones, donde los periodistas trabajan solos, sin respaldo jurídico, sin grandes salas de redacción y expuestos a poderes mafiosos integrados por políticos, empresarios, actores armados y judiciales.
Por eso alertamos al país: investigar al poder no puede convertirse en una actividad de riesgo. Si como candidato se incomoda y reacciona con amenazas a las preguntas sobre la financiación, sus relaciones empresariales, los clientes que representó como abogado, las alianzas políticas o las relaciones de poder, la sociedad colombiana debe preguntarse qué podría pasar si ese mismo proyecto llega a controlar instituciones, presupuestos, entidades de vigilancia y organismos de seguridad.
Seguiremos haciendo preguntas. Seguiremos buscando documentos. Seguiremos llamando fuentes. Seguiremos contando lo que otros quieren ocultar. Si ese periodismo le incomoda al poder real de este país, representado en los muchos De la Espriella, es porque estamos haciendo las cosas en beneficio de una sociedad que puede caminar con menos oscuridad, atravesando un pantano, y que no se arrodilla ante las mafias, campañas sucias y ataques aleves.
Porque el periodismo que incomoda a Abelardo de la Espriella es el periodismo que Colombia necesita: el que no se arrodilla ante campañas, no reemplaza pruebas por propaganda y no acepta que el poder decida qué se puede preguntar. Ahora bien, una cosa debe quedar clara: si bien el periodismo debe ser contrapoder, ese contrapoder no puede desembocar en exilio, cárcel o asesinatos. De mártires está lleno el mundo y eso precisamente no queremos ser.
Reivindicamos y defendemos nuestro derecho a informar y opinar, de todos los ciudadanos a pensar y expresarse libremente y de nuestra democracia a existir, libre de toda amenaza, opresión y violencia.
