El mandatario denunció además que tiene conocimiento de un plan en su contra que se activaría una vez concluya su mandato constitucional.
El presidente Gustavo Petro anunció este martes 14 de julio que no asistirá al acto de posesión del presidente electo Abelardo De la Espriella, previsto para el 7 de agosto, y reiteró que no reconoce la legitimidad de su elección, calificando el resultado electoral como un fraude. La declaración fue hecha durante el Consejo de Ministros y estuvo acompañada de una denuncia grave: según Petro, existe un plan para capturarlo, matarlo o extraditarlo una vez deje el poder.
«Por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte ni a darle la mano allá, pero él sabe por qué, porque eso es un fraude», expresó el jefe de Estado ante sus ministros, en uno de los pronunciamientos más contundentes que ha hecho desde que se conocieron los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.
El mandatario denunció además que tiene conocimiento de un plan en su contra que se activaría una vez concluya su mandato constitucional. Según Petro, el objetivo sería capturarlo, asesinarlo o tramitar su extradición hacia Estados Unidos, en lo que describió como una persecución política orquestada por sectores que buscan silenciarlo y liquidar el proyecto político que representó su gobierno durante los últimos cuatro años.
Las declaraciones del presidente saliente elevan a un nuevo nivel la tensión que ya existía entre los dos gobiernos por la disputa sobre el lugar de la ceremonia de posesión, la negativa de De la Espriella a estrechar la mano de Petro en el acto de transmisión del mando y los cruces públicos que ambos mandatarios han protagonizado en las últimas semanas a través de redes sociales y declaraciones a los medios.
Petro ya había anunciado previamente que no entregaría el poder en una guarnición militar, como lo ha solicitado el gobierno entrante, argumentando que la Constitución establece que la posesión debe realizarse ante el Congreso en sesión plena. La decisión de no asistir al acto del 7 de agosto agudiza una transición que amenaza con convertirse en la más conflictiva de la historia reciente del país.
Las instituciones del Estado, los organismos de control y los partidos políticos no habían reaccionado oficialmente a las nuevas declaraciones de Petro hasta el cierre de esta nota.
