El ataque sucedió cuando la lideresa política se movilizava con el esquema de seguridad por la vía que comunica Corinto-Padilla.
Un nuevo atentado contra una lideresa social volvió a poner en evidencia la grave crisis de seguridad que enfrenta el departamento del Cauca. La víctima fue Esperanza Jiménez Sandoval, defensora de derechos humanos y exconcejal de Corinto, quien salió ilesa luego de que hombres armados dispararan contra el vehículo en el que se movilizaba entre los municipios de Corinto y Padilla.
La camioneta de su esquema de protección recibió varios impactos de arma de fuego, aunque el blindaje evitó una tragedia. Ninguno de los ocupantes resultó herido y, posteriormente, el caso fue denunciado ante las autoridades competentes.
Jiménez Sandoval también puso a disposición de los investigadores un registro en video donde se observan las perforaciones ocasionadas por los disparos, evidencia que será clave para el proceso judicial.
El atentado se presenta en un contexto especialmente delicado para los defensores de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo ha informado que, durante los primeros cinco meses de 2026, fueron asesinados 67 líderes sociales en Colombia, de los cuales 16 correspondieron al Cauca, cifra que mantiene al departamento como el epicentro de la violencia contra el liderazgo social.
A esta situación se suman las alertas emitidas por organizaciones como Indepaz, que han advertido sobre el incremento de amenazas, atentados y homicidios contra dirigentes comunitarios en zonas donde operan grupos armados ilegales y persisten disputas por el control del territorio.
El ataque contra Esperanza Jiménez Sandoval se suma a una larga cadena de agresiones contra quienes representan procesos comunitarios en el norte del Cauca, una región donde líderes indígenas, campesinos, afrocolombianos y defensores de derechos humanos continúan desarrollando su labor en medio de un escenario de alto riesgo.
Organizaciones sociales rechazaron el atentado y exigieron garantías reales para el ejercicio del liderazgo social, al considerar que estos hechos buscan intimidar a quienes defienden los derechos de las comunidades y denuncian las afectaciones derivadas del conflicto armado.
