El ente acusador ordenó a la policía judicial iniciar con la recolección y verificación de pruebas que involucra a Juliana y Verónica Guerrero.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra Juliana Guerrero y Verónica Guerrero, luego de que fueran señaladas de presuntamente participar en un esquema de cobros irregulares a empresarios interesados en obtener contratos con entidades del Gobierno nacional.
La decisión fue anunciada este lunes 27 de julio de 2026 y contempla el inicio de labores de policía judicial para la recolección y verificación de pruebas relacionadas con los hechos denunciados. El proceso será asumido por la Dirección Especializada contra la Corrupción, dependencia encargada de establecer si existió una red dedicada a favorecer la adjudicación de contratos públicos mediante el pago de sobornos.
La investigación tomó fuerza tras las revelaciones publicadas por la revista Semana, que dio a conocer conversaciones de WhatsApp, audios, registros de vuelos, comprobantes de transferencias bancarias y testimonios que, según el medio, evidenciarían un presunto sistema de intermediación ilegal para facilitar el acceso a contratos en los ministerios de Vivienda y del Interior.
De acuerdo con la publicación, las actividades investigadas se habrían desarrollado entre mediados de 2024 y marzo de 2025. Entre los elementos recopilados figura una supuesta estructura de pagos que incluía el cobro de un millón de pesos por cada reunión, un anticipo de 200 millones de pesos y una comisión equivalente al 10 % del valor de los contratos que eventualmente fueran adjudicados.
Las indagaciones señalan que Juliana Guerrero habría actuado como enlace con funcionarios del Gobierno nacional, mientras que Verónica Guerrero, junto con David Trespalacios, presuntamente sostenía los contactos con empresarios interesados en participar en procesos contractuales y coordinaba la recepción de recursos.
Según el informe periodístico, tres personas relacionadas con el caso entregaron su versión de los hechos. Dos empresarios afirmaron haber recibido propuestas para acceder a proyectos de cámaras de seguridad, planes de vivienda y obras de acueducto en diferentes regiones del país.
Uno de los testimonios, citado por la revista, asegura que las condiciones económicas fueron planteadas de manera directa. «Se acordó que les daríamos 35 millones de pesos por cada municipio que nos adjudicaran y el 10 por ciento de cada mejoramiento de vivienda por municipio», manifestó uno de los empresarios bajo reserva de identidad.
Uno de los episodios que ahora analiza la Fiscalía está relacionado con un proyecto de acueducto en el departamento del Cesar. De acuerdo con la investigación periodística, existen registros de vuelos que evidenciarían un desplazamiento de Verónica Guerrero a Aguachica en diciembre de 2024, así como conversaciones en las que se menciona una supuesta reunión con Edward Libreros, entonces viceministro de Agua y Saneamiento Básico.
En uno de los mensajes divulgados se lee: «Mi hermana (Juliana) ya está en eso. Ya ella habló con él (Edward Libreros). Quedaron de verse para que ella le comente el compromiso». Según la publicación, tras ese intercambio de mensajes se habría realizado un primer desembolso económico.
Frente a los señalamientos, la firma de abogados Alzate Hernández, apoderada de Juliana Guerrero, emitió un comunicado en el que negó cualquier participación de su representada en actos de corrupción o en gestiones irregulares para favorecer procesos de contratación estatal.
La defensa sostuvo que Juliana Guerrero no intervino en reuniones, negociaciones ni recibió pagos relacionados con la adjudicación de contratos públicos y aseguró que las acusaciones carecen de sustento probatorio.
Asimismo, manifestó que durante el desarrollo de la investigación ejercerá plenamente su derecho a la defensa y colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos.
Con la apertura formal del proceso, la Fiscalía iniciará la práctica de pruebas y la recolección de testimonios para determinar si existen elementos suficientes que permitan establecer responsabilidades penales dentro del presunto esquema de corrupción denunciado. Entretanto, las personas mencionadas en el expediente conservan la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial en firme.
