En el marco de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Subcaso Costa Caribe II del #Caso03, Chely Nieves Oñate recordó ante la JEP el impacto que la violencia dejó en su familia.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza en una nueva fase del Caso 03, relacionado con los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, con la realización de las audiencias públicas de reconocimiento de verdad del Subcaso Costa Caribe II, en las que tres generales en retiro del Ejército Nacional y otros 22 exintegrantes de la Fuerza Pública comparecen para reconocer su responsabilidad frente a cientos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008.
Las diligencias, que se desarrollan en Valledupar ante más de 108 víctimas acreditadas, familiares y representantes de organizaciones de derechos humanos, corresponden a hechos ocurridos en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
En marzo de 2025, la JEP imputó a estos militares por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con 604 asesinatos y desapariciones forzadas, cometidos bajo un patrón sistemático en el que civiles fueron asesinados y posteriormente presentados como guerrilleros muertos en combate para mostrar resultados operacionales.
Entre las víctimas documentadas por la jurisdicción figuran 31 indígenas de los pueblos Wiwa, Wayúu y Kankuamo, 26 niños y niñas, 14 mujeres, una de ellas embarazada, y cerca de 120 personas que aún no han sido identificadas.
«Hoy busco romper el pacto de silencio»
Durante la audiencia, varios de los comparecientes hicieron declaraciones que marcaron la jornada y que fueron escuchadas por las víctimas presentes.
Uno de ellos fue el subteniente (r) Joaquín Alfonso Moreno Gómez, quien afirmó que su propósito era contribuir al esclarecimiento de la verdad.
«Hoy busco romper el pacto de silencio. Romper el silencio significa para mí aceptar el horror sin atenuantes, sin escudarme en que solo recibía órdenes», manifestó el exoficial durante su intervención.
Por su parte, el teniente coronel (r) Luis Fernando Borja Aristizábal pidió perdón a los familiares de las víctimas y aseguró que las ejecuciones extrajudiciales eran conocidas por la cúpula militar de la época.
«Mi general Freddy Padilla de León, comandante general de las Fuerzas Militares, conocía lo que estaba pasando, conocía que estábamos asesinando a gente inocente», afirmó.
El oficial en retiro añadió que las responsabilidades no podían atribuirse únicamente a unos pocos uniformados.
«No era una simple manzana podrida. Todos sabíamos lo que estaba pasando, absolutamente todos. Le dije a una víctima: no pregunte quién dio la orden, pregunte quiénes sabían lo que estaba pasando», expresó.
Durante su comparecencia, Borja Aristizábal aceptó su responsabilidad en la ejecución de 14 falsos combates, hechos en los que fueron asesinadas 17 personas. Además, pidió perdón a las familias afectadas y manifestó su compromiso de continuar aportando información para contribuir al esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.
Un patrón criminal documentado por la JEP
La Sala de Reconocimiento concluyó que estos crímenes obedecieron a una política sostenida por tres factores principales: la presión institucional por incrementar las bajas en combate, los incentivos y recompensas otorgados a quienes reportaban resultados operacionales y diversas prácticas de encubrimiento para ocultar las ejecuciones y desacreditar las denuncias.
La investigación también identificó dos modalidades de actuación. En la primera, las víctimas eran señaladas falsamente como integrantes o colaboradores de grupos armados ilegales antes de ser asesinadas. En la segunda, personas en condición de vulnerabilidad eran engañadas con falsas ofertas de trabajo o promesas de dinero para luego ser ejecutadas y presentadas como bajas legítimas en combate.
Avances en la búsqueda de las víctimas
Como parte de las medidas de reparación, la JEP ha emitido tres medidas cautelares para proteger cementerios y otros sitios de interés forense en la región Caribe. Gracias a estas acciones, 93 cuerpos han sido recuperados, de los cuales 20 fueron identificados y entregados dignamente a sus familias, mientras que 18 corresponden a víctimas atribuidas a unidades militares de esa región.
La jurisdicción también informó que, dentro del Caso 03, existen 4.740 víctimas acreditadas, de las cuales 1.175 participan en el Subcaso Costa Caribe.
En total, la JEP ha imputado como máximos responsables a 43 oficiales y suboficiales del Ejército Nacional. Seis de ellos no aceptaron los cargos, uno fue excluido de la jurisdicción y el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez fue condenado a 20 años de prisión tras no reconocer su responsabilidad.
De acuerdo con las conclusiones de la investigación, 739 personas fueron asesinadas y presentadas ilegalmente como bajas en combate en la región Caribe entre 2002 y 2008, uno de los capítulos más graves de las ejecuciones extrajudiciales documentadas por la justicia transicional colombiana.
