El futuro jefe de la cartera de Hacienda aseguró que la medida será una de las primeras decisiones de la administración que iniciará funciones el próximo 7 de agosto.
A un de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, anunció que el nuevo Gobierno pondrá en marcha un plan de austeridad que contempla un recorte de 60 billones de pesos en el gasto público, con el objetivo de enfrentar la compleja situación fiscal que atraviesa el país, afectando posiblemente los programas sociales.
El futuro jefe de la cartera de Hacienda aseguró que la medida será una de las primeras decisiones de la administración que iniciará funciones el próximo 7 de agosto. Según explicó, el Estado enfrenta un desequilibrio entre los ingresos y los gastos que obliga a adoptar decisiones inmediatas para recuperar la estabilidad de las finanzas públicas.
Gómez Martínez indicó que el Gobierno expedirá un decreto para congelar el gasto público, revisará los recursos cuya ejecución aún no ha comenzado y evaluará contratos de prestación de servicios, con el propósito de reducir los desembolsos posiblemente afectando los programas dirigidos a las poblaciones más vulnerables del país.
El designado ministro sostuvo que, de acuerdo con el diagnóstico realizado durante el proceso de empalme, el Estado está gastando cerca de 40 billones de pesos mensuales, mientras los ingresos rondan los 28 billones, una diferencia que, según afirmó, hace insostenible el manejo de las finanzas públicas en el mediano plazo, pero sin encontrarle o darle alternativas a los sectores populares del país.
En ese contexto, señaló que la única forma de superar el déficit fiscal será impulsar el crecimiento económico acompañado de una reducción significativa del gasto. También afirmó que el Gobierno buscará racionalizar la estructura del Estado y revisar aquellos programas que considere ineficientes o que presenten problemas de ejecución.
Durante sus declaraciones, Gómez Martínez también dejó abierta la posibilidad de eliminar algunos impuestos como parte de una futura reforma tributaria que buscaría estimular la inversión y la actividad económica. No obstante, aclaró que cualquier modificación deberá ser discutida y aprobada por el Congreso de la República.
Las medidas hacen parte de la estrategia económica del gobierno entrante para enfrentar un panorama caracterizado por un elevado nivel de endeudamiento y un amplio déficit fiscal. De acuerdo con cifras oficiales, la deuda pública alcanzó un nivel equivalente al 60,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del primer semestre de 2026, lo que reduce el margen de maniobra para nuevas inversiones y aumenta la presión sobre las cuentas nacionales.
El anuncio se produce en medio de un intenso debate sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y las decisiones que deberá adoptar el nuevo Gobierno en sus primeros meses de gestión. Mientras algunos sectores consideran necesario un ajuste para recuperar la confianza de los mercados, otros advierten que un recorte de esta magnitud podría afectar la inversión pública y el crecimiento económico si no se implementa de manera gradual.
