Esmeralda Hernández, Camilo Romero y Mafe Carrascal se pronunciaron en X sobre el libro entregado por el gobierno de Abelardo de la Espriella a la Fiscalía donde se mencionan 82 presuntos casos de corrupción en el Gobierno Petro.
En medio de una nueva controversia política impulsada por la publicación del llamado ‘Libro de la Verdad’ y el reciente pronunciamiento del expresidente Gustavo Petro, integrantes del Pacto Histórico salieron a rechazar de manera categórica el informe presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella.
El debate se intensificó tras las declaraciones de Petro sobre la gestión de la emergencia por el terremoto y la falta de transición institucional entre administraciones.
Tras lo anterior, la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández recalcó la gravedad de los errores cometidos por la actual administración. “El presidente Petro siempre siendo tan claro: la incapacidad de hacer un empalme por parte de Abelardo convirtió la emergencia (terremoto del 10 de agosto de 2026) en un desastre peor”, sostuvo Hernández en redes sociales.
La senadora denunció que las autoridades no utilizaron el Buque Hospital Benkos Biohó por motivos políticos y bloquearon la entrada de socorristas internacionales por diferencias ideológicas, decisiones que calificó como “la estupidez del sectarismo”.
El exgobernador de Nariño, Camilo Romero, enfatizó que la prioridad debe ser la vida, y responsabilizó a la actual administración por el agravamiento de la crisis: “Abelardo convirtió en un desastre mayor, al que ya había con el terremoto”, expresó Romero, alineándose con las críticas de su bancada.
La representante Mafe Carrascal, también miembro del Pacto Histórico, utilizó su derecho a réplica para destacar la postura de la oposición ante la emergencia. “En esta tragedia, primero está el pueblo”, subrayó Carrascal, quien aseguró que su partido ha acompañado a las víctimas y continuará haciéndolo.
Según Carrascal, “la emergencia económica no puede ser un cheque en blanco para vulnerar los derechos de quienes menos tienen”. Propuso que los recursos de la prima especial de servicios de los congresistas, suspendida previamente por el gobierno de Petro, se destinen a las víctimas, y reclamó que la carga de la recuperación no recaiga sobre las familias afectadas, sino sobre quienes poseen mayores recursos.
Defendió además la soberanía nacional al afirmar: “La soberanía de Colombia no se entrega ni se negocia”. Carrascal aseguró que la oposición ejercerá control político y acompañamiento a las víctimas, además de la defensa de los derechos ciudadanos.
Desde el Senado, Isabel Zuleta desestimó el documento presentado por Abelardo de la Espriella y su vicepresidente, señalando que el ‘Libro de la Verdad’ es más parecido a un informe incompleto que a un verdadero diagnóstico del Estado.
Zuleta expuso una serie de inconsistencias: “Dicen que no es una auditoría, pero acusan como si lo fuera”, mencionó la senadora, aludiendo a las acusaciones de “engaño”, “maquillaje estadístico” y “corrupción” presentes en el informe, pese a que el propio documento reconoce que no constituye una auditoría formal.
La senadora cuestionó la metodología utilizada, que, según su análisis, transforma problemas administrativos en indicios de corrupción sin evidencia suficiente. Señaló la presentación de contratos sin liquidar por 5,8 billones de pesos como una supuesta irregularidad, aunque parte de esos contratos aún se encontraban dentro del término legal para su liquidación.
En relación con la política de tierras, Zuleta resaltó que el documento reporta la entrega de 351.463 hectáreas, pero solo detalla 98.148 registradas y 206.273 provisionales, dejando 47.042 hectáreas sin explicación en la clasificación presentada. “Hablan de ‘maquillaje estadístico’ sin demostrar que existiera una manipulación deliberada”, indicó la legisladora, quien sugirió que la diferencia entre tierra entregada y registrada responde a problemas de formalización, no necesariamente a un engaño estructurado.
De acuerdo con Zuleta, la falta de empalme institucional impidió el acceso ordenado a información crucial para la gestión estatal. El documento, admitió, fue elaborado con fuentes abiertas, derechos de petición y aportes voluntarios de funcionarios, lo que limita su validez como diagnóstico integral.
“Un panfleto repleto de declaraciones políticas”
Por último, Carlos Carillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), calificó el informe de la actual administración como “un panfleto repleto de declaraciones políticas, odio por el progresismo y flagrantes mentiras”.
Carillo rechazó las acusaciones contra la Ungrd, calificándolas de refritos y como una muestra de desconocimiento profundo de la entidad. “Eso pasa por no hacer empalme”, puntualizó el exfuncionario, cerrando así el coro de críticas de la bancada del Pacto Histórico contra el documento presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella.
