La nueva ofensiva estadounidense vuelve a generar cuestionamientos ante la falta de pruebas públicas que sustenten las acusaciones sobre actividades ilícitas.
Dos personas murieron tras un nuevo ataque ejecutado el pasado 23 de agosto por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra una embarcación en el Pacífico oriental que supuestamente operaba en rutas del narcotráfico. La agresión, ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental y anunciada por el Comando Sur en X, representa el primer reporte de esta clase de acciones en más de dos meses.
El ataque, justificado como parte de una estrategia para neutralizar a supuestas redes narco-terroristas desestabilizadoras, pone fin a una pausa en los hundimientos de naves que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, mantenía desde el pasado 21 de junio en las zonas del Caribe y el Pacífico.
Antes de la agresión estadounidense del pasado domingo, la denominada Operación Lanza del Sur, iniciada en septiembre de 2025, había destruido al menos 67 embarcaciones y causado la muerte de unas 221 personas.
Estados Unidos continúa ejecutando estos ataques en medio de cuestionamientos por parte de miembros de Congreso y organizaciones de derechos humanos, quienes señalan la falta de pruebas sobre las supuestas operaciones ilícitas de las embarcaciones y califican las muertes como ejecuciones extrajudiciales.
Tras revisar documentación clasificada, el senador demócrata Tim Kaine instó a la Casa Blanca a detener la medida, calificándola de ilegal, costosa e ineficaz, y advirtió sobre la probable muerte de personas no vinculadas al tráfico de drogas.
«Son víctimas de asesinato», escribió el senador de Virginia en una carta enviada hace unas semanas al presidente Trump. Kaine aseveró que las acciones militares se ejecutan muy por fuera de los parámetros de la opinión legal clasificada.
La ofensiva militar de Estados Unidos en el Pacífico oriental comenzó en septiembre de 2025, momento en que el Gobierno de Donald Trump declaró que la nación se encontraba en un «conflicto armado» frente a supuestos cárteles del narcotráfico, iniciando una serie de incursiones armadas contra decenas de naves.
El operativo inicial, registrado el 2 de septiembre de 2025, derivó en la muerte de dos hombres que inicialmente habían sobrevivido al impacto inicial y fallecieron durante una segunda embestida mientras permanecían sujetos a los restos de la embarcación.
Desde entonces, el Pentágono argumenta la ejecución de dichos procedimientos sosteniendo que el país combate a «narcoterroristas», aun cuando no se han mostrado evidencias públicas que ratifiquen que las embarcaciones destruidas trasladaran sustancias ilícitas o pertenecieran a organizaciones criminales.
