El presidente de Colombia ordenó operativos coordinados entre la Policía y Migración Colombia para expulsar “esta misma semana” a los extranjeros que “estén cometiendo delitos” o “que no tengan regularizada su situación”.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este domingo el inicio de operativos policiales destinados a localizar y deportar a inmigrantes en situación irregular, en lo que representa un cambio radical frente a la política migratoria aplicada por el país durante los últimos años.
El anuncio fue realizado durante un consejo de seguridad en Barranquilla, ciudad que se ha consolidado como una de las principales urbes receptoras de población migrante. “Que empiecen los operativos coordinados para dar con los inmigrantes ilegales: primero, quienes estén cometiendo delitos; segundo, quienes no tengan regularizada su situación. Estos últimos tendrán que ser deportados en el término de la distancia”, afirmó el mandatario.
De la Espriella, quien lleva menos de tres semanas en el cargo, aseguró que las acciones deberán comenzar esta misma semana. “No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías en Colombia. Se van y los deportamos. Es una decisión política y administrativa y yo la asumo”, señaló.
El presidente acompañó su intervención con un mensaje de corte nacionalista: “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”. Aunque no mencionó directamente a los venezolanos, sus medidas afectarían especialmente a esta población, que constituye cerca del 90% de los extranjeros residentes en el país.
Según cifras oficiales de Migración Colombia, alrededor de 2,8 millones de venezolanos viven actualmente en territorio colombiano. De ellos, aproximadamente 848.000 se encuentran en situación migratoria irregular, incluidos unos 193.000 niños, niñas y adolescentes.
Para Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, las declaraciones presidenciales marcan un cambio profundo respecto de la manera en que Colombia ha gestionado la migración venezolana desde el inicio de la crisis. “Es peligroso que el presidente adopte un discurso que estigmatiza a los migrantes al llamarlos ilegales. Ese discurso ha ganado fuerza en distintas partes del mundo, pero Colombia se había mantenido distante de esa postura”, explicó.
La crisis migratoria venezolana comenzó a agudizarse en 2015. Desde entonces, más de 7,8 millones de personas han abandonado ese país, y Colombia se convirtió en el principal receptor de esa población. Los sucesivos gobiernos colombianos —de centro, derecha e izquierda— implementaron mecanismos legales y sociales para facilitar la regularización e integración de los migrantes.
Rodríguez subrayó que la expresión “inmigrante ilegal” es jurídicamente imprecisa y puede contribuir a la estigmatización. “En Colombia no hay personas ilegales, sino personas en situación migratoria irregular. Una persona que no ha regularizado su estatus no es, por ese solo hecho, una criminal”, sostuvo.
El investigador criticó además que el Gobierno relacione directamente la irregularidad migratoria con la delincuencia. Según explicó, la falta de documentos no determina que una persona esté vinculada con actividades criminales. “El Gobierno está poniendo a todos los migrantes en la misma categoría y asociando la irregularidad con la criminalidad, pero esa relación no es automática”, afirmó.
Las declaraciones del mandatario generaron rechazo entre sectores de la oposición. María Fernanda Carrascal, congresista del izquierdista Pacto Histórico, calificó la medida como “nefasta” y “cruel”. A su juicio, asociar a los migrantes irregulares con el delito constituye una vulneración de los derechos humanos y carece de respaldo probatorio.
“Se busca convertir a los migrantes en chivos expiatorios, en grupos sobre los cuales se deposita el malestar social”, afirmó Carrascal. La representante por Bogotá advirtió que la política anunciada podría intensificar la xenofobia existente en algunos sectores de la sociedad colombiana.
El giro migratorio de De la Espriella coincide con las medidas impulsadas por gobiernos de ultraderecha en otros países del continente. Entre ellos se encuentran Donald Trump en Estados Unidos, José Antonio Kast en Chile y Gabriel Milei en Argentina, cuyos gobiernos han defendido deportaciones masivas como una herramienta para combatir la inseguridad.
Sin embargo, Rodríguez señaló que Colombia enfrenta condiciones particulares. El país comparte con Venezuela una frontera de 2.219 kilómetros, caracterizada por un intenso intercambio comercial, familiar y social. Además, la relación bilateral atraviesa un momento complejo debido a las diferencias entre ambos gobiernos.
“Colombia no puede abordar la migración de la misma forma que Argentina. Aquí existe una frontera viva y los migrantes también han sido víctimas de grupos armados y de redes ilegales”, explicó el investigador.
Andrés Sampayo, doctor en Estudios Políticos, también expresó preocupación por el alcance de los operativos. En un mensaje publicado en su cuenta de X, pidió que las medidas no se conviertan en una persecución generalizada contra los venezolanos.
El académico recordó que esta población contribuye de manera significativa a la economía colombiana. Según sus estimaciones, los venezolanos aportan cerca de 3.000 millones de dólares anuales mediante el consumo, el pago de impuestos y el desarrollo de emprendimientos.
El Gobierno aún no ha detallado cómo se realizarán los operativos, qué autoridades participarán ni cuáles serán los procedimientos para garantizar el debido proceso. Tampoco se ha explicado cómo se protegerá a los menores de edad y a las familias que podrían verse afectadas por las deportaciones.
