El presidente Abelardo de la Espriella reportó la Operación Amón en El Retorno y recordó que, hace dos semanas, se ejecutó otro bombardeo en el Catatumbo. La Defensoría alertó por víctimas civiles en Norte de Santander.
En la madrugada de este jueves 27 de agosto de 2026, la Fuerza Pública colombiana desplegó una acción de alto impacto en el departamento del Guaviare. A través de su cuenta oficial en la red social X, el presidente Abelardo de la Espriella informó que unidades militares ejecutaron la Operación Amón en zona rural del municipio de El Retorno, con el objetivo de desarticular campamentos utilizados por estructuras criminales.
Según detalló el jefe de Estado, el operativo estuvo dirigido contra células del Bloque Jorge Suárez Briceño, vinculadas —según la versión oficial— a la facción del señalado narcoterrorista alias Calarcá. La acción combinó un bombardeo de precisión con el posterior ingreso de comandos a la zona, lo que permitió neutralizar posiciones enemigas en terreno montañoso y de difícil acceso.
El balance preliminar reportado por De la Espriilla es contundente: ocho integrantes de la estructura armada fueron dados de baja, mientras que los uniformados lograron la incautación de once fusiles, cinco ametralladoras y abundante material de intendencia. Aunque las cifras podrían actualizarse con el avance de las operaciones, el Gobierno calificó el resultado como un golpe directo a la capacidad operativa del grupo.
“La operación continúa y nuestras tropas avanzan en la consolidación de la zona”, aseguró el mandatario, quien destacó que los operativos no se limitarán a esta primera fase. En su mensaje, De la Espriella fue explícito al advertir que los líderes de las organizaciones armadas no encontrarán protección en ningún punto del país: “Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional”.
El anuncio de los resultados no fue del todo sorpresivo para quienes siguen la agenda de seguridad del Ejecutivo. Horas antes, durante la misma madrugada, el presidente había adelantado en sus redes que haría pública una “contundente operación militar” realizada por las Fuerzas Militares, anticipando que la ofensiva contra el crimen organizado no se detendría.
Antecedente en el Catatumbo
La acción en Guaviare se suma a una secuencia de operaciones aéreas y terrestres que el gobierno ha ordenado en las últimas semanas. El martes 11 de agosto de 2026, también en horas de la madrugada, la administración de De la Espriella autorizó un bombardeo militar en la región del Catatumbo, en el nororiente colombiano, una zona históricamente afectada por la confluencia de grupos armados ilegales.
Bautizada como Operación Beta, la intervención fue ejecutada por las Fuerzas Militares en áreas rurales comprendidas entre los municipios de Tibú y San Calixto, en Norte de Santander. El objetivo principal fueron estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN). De acuerdo con los reportes oficiales, la maniobra permitió la destrucción de cinco campamentos y dos búnkeres, además del decomiso de armamento, explosivos y drones que habrían sido utilizados para tareas de vigilancia y ataque.
No obstante, los resultados militares contrastan con las alertas emitidas por organismos de control. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre posibles impactos en la población civil que habita las zonas rurales afectadas. Según los registros de la entidad, al menos tres campesinos —entre ellos una mujer de 44 años— resultaron heridos en la vereda El Sinaí, jurisdicción de San Calixto, como consecuencia de las acciones armadas o de los desplazamientos derivados de los enfrentamientos. Además, se documentaron desplazamientos forzados de familias hacia el corregimiento de El Tarra, lo que evidencia la tensión humanitaria que persiste en el territorio pese a los avances operativos.
Con la Operación Amón, el gobierno busca proyectar una imagen de firmeza militar en regiones donde la presencia estatal ha sido históricamente disputada. Sin embargo, la combinación de resultados tácticos y denuncias de afectación civil plantea un escenario complejo: mientras las autoridades anuncian la consolidación de zonas recuperadas, las comunidades rurales siguen enfrentando los costos de una guerra que, pese a las ofensivas, no cede en intensidad.
La Defensoría del Pueblo pidió a la fuerza pública ajustar la planeación y evaluación de las operaciones militares para cumplir los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad definidos por el Derecho Internacional Humanitario. Además, anunció que continuará monitoreando la situación y apoyando la respuesta institucional para proteger los derechos de los afectados.
