Desde la oficina de comunicaciones se dio la instrucción de cerrar estos espacios a medios que no sean “amigos”, salvo temas estratégicos. Miller Soto hablaría tres veces al día, pero sin espacio para preguntas.
La Unidad Investigativa de Caracol Radio conoció detalles de una hoja de ruta que, según un acta interna, fue impartida desde la Presidencia de la República a los equipos de comunicaciones de los ministerios para definir la manera en que el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella se relacionará con los medios de comunicación, buscando tener un control sobre los mismos e influir en la labor de informar.
De acuerdo con el documento, las instrucciones fueron socializadas en reuniones convocadas por María Fernanda Sandoval, jefa de comunicaciones de la Casa de Nariño, con responsables del área en diferentes carteras. Allí se establecieron lineamientos que regirán, al menos por ahora y hasta nueva orden, la vocería y el manejo de la información oficial, buscando limitar el ejercicio periodístico de preguntarle a los funcionarios del gobierno de La Espriella.
Uno de los puntos centrales señala que no se concederán ruedas de prensa ni entrevistas a medios que no sean considerados “amigos”, salvo que se trate de un asunto estratégico y cuente con autorización previa de la Presidencia, muestra clara de que estigmatizan y censuran a los espacios periodísticos que informan las otras realidades del actual gobierno.
También se indicó que, en eventos, recorridos o inspecciones con presencia de periodistas, los ministros podrán entregar una sola declaración, procurando que sea lo más completa posible, pero sin abrir espacio a preguntas.
En cuanto a los viceministros, el acta señala que no estarán autorizados para actuar como voceros del gobierno. Además, se precisó que los principales anuncios serán realizados directamente por el presidente Abelardo De la Espriella.
El documento conocido por Caracol Radio también plantea un papel central para el abogado Miller Soto dentro de la estrategia de comunicaciones del Ejecutivo. Según las instrucciones impartidas, Soto tendrá tres intervenciones diarias como vocero oficial de la Presidencia de la República.
La estrategia contempla un esquema coordinado desde la Casa de Nariño. Desde la Coordinación de Alto Gobierno se asignará un periodista a cada ministerio, quien será el encargado de recibir la información más relevante de cada cartera para su evaluación. Ese será el paso previo antes de escalar los temas a María Fernanda Sandoval.
La directriz también cobija a las entidades adscritas a los ministerios, que deberán ser informadas de esta hoja de ruta para que canalicen sus comunicaciones y se abstengan de conceder entrevistas o hacer anuncios de manera independiente.
Una vez revisada la información, la Presidencia decidirá qué contenidos serán divulgados y, en principio, se espera que sean comunicados por Miller Soto.
Como parte de la implementación de esta estrategia, se realizarán talleres piloto de vocería con Soto. Para ello, los ministerios deberán enviar previamente los temas más importantes que consideren deben ser abordados en esos ejercicios.
Además de las reglas sobre vocería y relacionamiento con la prensa, la Presidencia también entregó a los equipos de comunicaciones una línea narrativa que deberán seguir en sus mensajes públicos, al mejor de estilo de Donald Trump, impidiendo la labora libre de la prensa.
Entre las ideas que deberán repetirse de manera constante están expresiones como “entregar esperanza”, “se fueron los tiempos malos” y “estamos reconstruyendo juntos la patria milagro”. El propósito, según lo expuesto en la reunión, es transmitir un mensaje dirigido tanto a quienes votaron por el presidente De la Espriella como a quienes no lo hicieron.
También se definió que los comunicados oficiales, por regla general, no deberán superar una cuartilla. La información relacionada con las entidades deberá publicarse primero en las cuentas oficiales de los ministerios, y no en las cuentas personales de los ministros. Estos podrán repostear o republicar los contenidos una vez sean divulgados institucionalmente.
Otro de los lineamientos impartidos desde la Presidencia tiene que ver con la imagen de austeridad que deberán proyectar los ministerios. Según el acta, las carteras deberán evitar gastos excesivos y abstenerse de pronunciarse sobre asuntos que no sean de su competencia.
Finalmente, la Presidencia ordenó a los ministerios remitir toda la información relacionada con planes de medios vigentes y pautas publicitarias activas. La instrucción es detener esos procesos hasta que sean revisados por el Gobierno central.
Una muestra de la presión del gobierno nacional a la prensa
El periodista Ignacio Gómez, director de Noticias Uno, aseguró en diálogo con el medio de comunicación VORÁGINE que las primeras acciones legales promovidas por Abelardo de la Espriella contra ese medio no empezaron con millonarias demandas ni con extensos procesos judiciales, sino con solicitudes de rectificación.
Según Gómez, esas peticiones no tuvieron éxito porque las investigaciones publicadas por el noticiero estaban respaldadas con pruebas. Por esa razón, sostiene, no había lugar a correcciones. Además, esas solicitudes tampoco avanzaron hacia denuncias penales por injuria y calumnia, pues De la Espriella terminaba desistiendo de sus pretensiones.
Desde la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, identifican un comportamiento similar en este tipo de actuaciones. Sofía Jaramillo, directora de la organización, explicó que muchas de esas acciones “terminan archivadas, desisten o no acuden a las conciliaciones”. En otras palabras, agregó, suelen no prosperar por distintas razones.
Con el tiempo, la estrategia jurídica cambió. El propio De la Espriella lo expresó en una entrevista con Carlos Alonso Lucio, en la que señaló que lo que realmente afecta a las personas es tener que sacar dinero de su bolsillo. “Ahí sí que lo va a pensar en una próxima ocasión cuando pretenda emitir otro señalamiento”, dijo.
A partir de ese momento, de acuerdo con lo relatado por Gómez, De la Espriella habría dejado en segundo plano las acciones penales, que normalmente se quedan en etapas de conciliación ante la Fiscalía, y empezó a acudir a demandas civiles. Este tipo de procesos pueden extenderse durante años e incluyen reclamaciones económicas por presuntos daños a la honra y al buen nombre. Además, una vez admitidos, no existe un mecanismo sencillo para frenarlos.
Ese cambio se evidenció en 2019, cuando Ignacio Gómez y el periodista Guillermo Gómez fueron notificados de una demanda civil presentada por De la Espriella ante el Juzgado 14 Civil Municipal de Barranquilla. La acción judicial estaba relacionada con una investigación emitida por Noticias Uno sobre el entonces abogado del exmagistrado Jorge Pretelt.
En ese informe, el noticiero reveló que De la Espriella había sido denunciado ante la Judicatura por presuntas dilaciones procesales. Según la investigación periodística, el expediente fue archivado en apenas 16 días hábiles, pese a que el promedio de trámite para ese tipo de recursos era de siete meses.
Por el presunto daño a su honra y buen nombre, De la Espriella solicitó que cada periodista pagara 17,5 millones de pesos. Como parte del proceso, también aportó un listado de tres bienes que atribuyó a Ignacio Gómez. Sin embargo, de acuerdo con el periodista, solo uno de esos bienes era realmente suyo; los otros dos pertenecían a personas distintas que tenían su mismo nombre.
Pese a esa situación, el Juzgado 14 Civil Municipal de Barranquilla aceptó la inclusión de los bienes y decretó medidas cautelares. En la práctica, esa decisión podía obstaculizar una eventual venta de la propiedad y abría la posibilidad de perderla si el fallo resultaba contrario a los periodistas.
*La foto e información se toma y replica desde Vorágine, porque es pertinente para esta región del suroccidente del país.
