Una lideresa indígena yanakuna y un líder campesino fueron asesinados dentro de su vivienda en el corregimiento La Pedregosa. Ambos habían denunciado reiteradamente las amenazas y exigido al Estado respuestas integrales para su comunidad.
Habían llegado a casa para cenar y dormir. Era la noche del 31 de agosto y María Ovidia Palechor regresaba, como tantas otras veces, después de una jornada de trabajo comunitario. Hasta antes de cruzar la puerta de su vivienda, su esquema de seguridad la había acompañado en sus tareas de liderazgo. Minutos más tarde, mientras ella y su compañero, el líder campesino James Flor, estaban en la cocina, un grupo de hombres armados irrumpió en la casa, ubicada en el corregimiento La Pedregosa, del municipio de Cajibío, Cauca, y les disparó. Ambos murieron de manera inmediata.
Ninguno de los vecinos escuchó los disparos o las detonaciones. Esa es una de las particularidades del crimen que más inquieta a la comunidad: sospechan que los autores materiales utilizaron silenciadores, un modo de operar distinto al de otros ataques registrados en el departamento. Los cuerpos solo fueron hallados en la cocina a la mañana siguiente, según la información preliminar que manejan las autoridades indígenas y campesinas del Cauca.
Ocho meses de advertencias
María Ovidia Palechor llevaba ocho meses advirtiendo que Cajibío estaba en riesgo por la disputa entre grupos armados ilegales en la zona. Su voz de alerta se amplificó a finales de abril de este año, cuando una de las disidencias de las extintas Farc atacó con un cilindro explosivo una chiva y otros vehículos que transitaban por el sector El Túnel, sobre la Vía Panamericana, la principal ruta de conexión entre el suroccidente y el centro del país. El atentado, ocurrido el 25 de abril, dejó 21 personas muertas y 45 heridas, en su mayoría habitantes de Cajibío.
“Salen los comunicados, todo el mundo habla del hecho que es gravísimo, no hay palabras para describir lo que sucedió allí. Pero el territorio de paz que ha sido el más afectado, que ha colocado más víctimas, el que está en crisis, no ha sido abordado por ninguna institución, nadie nos ha visitado ni preguntado”, dijo la lideresa dos días después de la masacre, en entrevista con Caracol Radio.
Ese atentado abrió un nuevo capítulo en su liderazgo. Tras el ataque en El Túnel, las comunidades reclamaron una respuesta integral del Estado que incluyera atención humanitaria, salud, protección y alternativas económicas. La Defensoría del Pueblo respaldó esos pedidos y advirtió que la respuesta no podía ser únicamente militar.
En cada escenario institucional donde se discutían las afectaciones de la masacre, María Ovidia exigía reparación para las víctimas, medidas de protección colectiva y acompañamiento psicosocial para la población frente al riesgo que representaban los actores armados. Al mismo tiempo, les exigía a esos grupos respeto por la población civil, especialmente en el Territorio de Paz La Pedregosa, donde ella vivía.
Dos vidas dedicadas al trabajo comunitario
María Ovidia era indígena yanakuna, psicóloga comunitaria y había sido coordinadora del Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos y del Programa Mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Estudiaba Derecho Propio en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (Uaiin), en Popayán.
James Flor, por su parte, era representante departamental de la Mesa de Participación de Víctimas, había sido candidato a la alcaldía y adelantaba un emprendimiento de producción de panela.
En 2022, ambos lograron que su corregimiento fuera reconocido como “Territorio de Paz en Equilibrio y Armonía”, del que hacen parte 20 veredas y un consejo comunitario. Con ese reconocimiento buscaban exigir medidas para la permanencia en el territorio, la reparación colectiva y garantías de no repetición frente a los crímenes de lesa humanidad de los que habían sido víctimas. Ambos dedicaban gran parte de su vida al trabajo comunitario, al reconocimiento de las víctimas y a la defensa de los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas y el campesinado caucano, como parte de la construcción de paz en el territorio.
“María Ovidia era una persona muy maternal y eso la llevaba a sentir mucho lo que las víctimas están pasando y lo convertía en un carácter fuerte a la hora de reclamar y defender sus derechos. Eso marcó su defensa comunitaria”, recuerda Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del Programa de Derechos Humanos del CRIC. “Sus últimas acciones más fuertes fueron sobre la respuesta del Estado después del ataque a El Túnel y por eso estamos seguros que fue asediada y estigmatizada”, agrega. En otra entrevista, Capaz precisó que en los últimos meses hubo “varias persecuciones” contra el grupo que ella lideraba: la comunidad de paz de Cajibío.
Flor también se había dedicado en los últimos meses a acompañar a las juntas de acción comunal en la reclamación de los derechos de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas de La Pedregosa. Además, las asesoraba jurídicamente con base en lo que aprendía mientras estudiaba para ser abogado. “Lo que sabía siempre lo compartía”, recuerda un campesino que asistió a sus reuniones. Defendía especialmente la subsistencia del campesinado, la comercialización de sus productos, la soberanía alimentaria y el derecho a la salud en la zona. “Se pedían las necesidades básicas de una comunidad”, agrega la misma fuente, que pidió reserva de su nombre por miedo a represalias.
“En varias ocasiones denunciaron sobre las amenazas y riesgos concurrentes, solicitando medidas de respuesta mediante acción urgente al Estado. Hoy, con gran tristeza sus nombres se suman a la dolorosa e interminable lista de líderes y lideresas sociales asesinados vilmente para silenciar sus voces, acciones y liderazgos”, señaló el CRIC en un comunicado.
El asedio sobre Cajibío
La situación humanitaria en el municipio se ha agudizado en los últimos meses. Cuatro días antes del doble homicidio, José Deifer Giraldo Herrera y Yerlion Andrey Giraldo Marín, firmantes del Acuerdo Final de Paz, fueron asesinados en zona rural de Cajibío tras ser interceptados por hombres armados. Después de esos crímenes, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló que ya eran diez los firmantes del acuerdo asesinados en 2026.
La Defensoría del Pueblo también alertó sobre la persistencia de los ataques contra los liderazgos sociales. Según sus cifras, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026 fueron asesinados 67 líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, y el Cauca encabezaba la lista con 16 casos. El CRIC, por su parte, denunció que desde la firma del Acuerdo Final de Paz han sido asesinados 108 líderes indígenas en el departamento.
Fuentes consultadas por RAYA en el territorio atribuyen la crisis humanitaria a la confrontación entre el Ejército y las disidencias de las extintas Farc, y denuncian la presencia de estructuras paramilitares. En agosto se registraron enfrentamientos entre tropas y presuntos integrantes del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, en los corregimientos de Ortega y Chaux, según reportó la Defensoría. Esa entidad documentó hostigamientos y ataques con artefactos explosivos lanzados desde drones que pusieron en riesgo a la población civil de siete veredas.
De acuerdo con Leonardo González, director de Indepaz, el Frente Jaime Martínez tiene presencia en la zona y realiza “patrullajes, instala retenes ilegales y restringe la movilidad de la población”. También advirtió sobre el movimiento de los frentes Dagoberto Ramos y Carlos Patiño, del mismo bloque, y de otras bandas locales. En ese contexto de asedio ocurrieron los asesinatos de María Ovidia, James y los dos firmantes de paz.
Un defensor de derechos humanos del Cauca, que pidió el anonimato por temor a represalias, señaló que a ese panorama se han sumado las investigaciones contra el general Federico Mejía, excomandante de la Tercera División del Ejército, por su presunta relación con grupos paramilitares en el corregimiento de Ortega. En mayo de 2025, la revista Semana publicó videos en los que presuntamente soldados patrullaban junto a civiles armados vestidos de negro. El reportaje reveló chats en los que Mejía aparentemente hablaba con “Joselito”, un hombre que, según la publicación, organizaba grupos paramilitares para enfrentar a las disidencias. Mejía reconoció que tenía contacto con “Joselito” y que el sargento Berrío, otro de los señalados, pertenecía a su unidad, pero aseguró que se trataba de una campaña de desprestigio en su contra por las operaciones contra las disidencias.
Una paz que era más que seguridad
Durante meses, María Ovidia Palechor y James Flor reclamaron atención del Estado para que garantizara su vida y la de su comunidad. Su demanda no era solo en materia de seguridad, sino de oportunidades, alternativas de desarrollo y atención como víctimas históricas de una violencia que no ha menguado en su territorio.
La Defensoría del Pueblo ha documentado durante años el caso Cajibío. El proyecto comunitario liderado por Flor y Palechor entendía la paz como algo más que ausencia de disparos: permanecer en el territorio, sostener la vida, producir, organizarse y decidir sobre su propio futuro. Su desaparición física no solo golpeó a Cajibío, sino a todo un departamento que año tras año encabeza las cifras de ataques contra líderes sociales y masacres contra la población civil.
“Esperamos respuestas integrales en torno a protección, prevención y acceso a la justicia; a ella la asesinaron pidiendo esto”, concluyó Mauricio Capaz, quien advirtió que los pueblos indígenas siguen padeciendo el exterminio físico y cultural.
