La joven había sido acusada por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público; Guerrero aceptó el primero de los dos cargos penales.
La exfuncionaria Juliana Guerrero Jiménez aceptó este miércoles 9 de septiembre su responsabilidad dentro del proceso judicial relacionado con la obtención y utilización de títulos académicos irregulares de la Fundación Universitaria San José, en Bogotá.
La decisión se conoció durante una audiencia judicial en la que Guerrero llegó a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual reconoció responsabilidad por los hechos investigados. El caso está relacionado con los documentos que acreditaban estudios en Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los títulos fueron expedidos pese a que Guerrero no habría cumplido con los requisitos académicos necesarios para obtenerlos. Entre las irregularidades detectadas se encuentran la ausencia de registros de asistencia a clases, evaluaciones y cumplimiento del plan de estudios, además de la falta de las pruebas de Estado requeridas para acceder a los respectivos grados.
Los documentos académicos fueron utilizados posteriormente dentro de trámites relacionados con su trayectoria en el sector público, entre ellos el proceso mediante el cual fue postulada para ocupar el cargo de viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad, aspiración que finalmente no prosperó en medio de las denuncias y cuestionamientos sobre su formación académica.
El proceso también estableció que Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien para la época se desempeñaba como secretario general de la Fundación Universitaria San José, utilizó sus permisos de acceso al sistema académico de la institución para autorizar la expedición de los documentos cuestionados. Por estos hechos, Gutiérrez ya fue condenado a 36 meses de prisión tras aceptar su responsabilidad.
Según la Fiscalía, Gutiérrez autorizó dos diplomas y las respectivas actas de grado, pese a que no estaban acreditados los requisitos académicos. La institución educativa posteriormente anuló los títulos otorgados a Guerrero, luego de establecer que no existía soporte académico suficiente para respaldarlos.
En el caso de Guerrero, el preacuerdo divulgado contempla una pena de tres años de prisión, además de una multa equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante aproximadamente dos años y medio, según los términos conocidos durante la audiencia.
Durante la diligencia, Guerrero pidió perdón por lo ocurrido y manifestó su disposición de asumir las consecuencias de sus decisiones. La información conocida sobre el acuerdo señala que su aceptación de responsabilidad hace parte del trámite mediante el cual se busca cerrar judicialmente el proceso en su contra.
El caso generó una fuerte controversia política debido a la cercanía que Guerrero tuvo con el Gobierno de Gustavo Petro y a los cargos y responsabilidades que llegó a desempeñar durante esa administración.
La investigación sobre los títulos de Guerrero también abrió interrogantes sobre los controles internos de la institución educativa y sobre la posible existencia de otros casos similares. De hecho, la Fiscalía ha extendido sus pesquisas para determinar si hubo más personas beneficiadas con títulos expedidos de manera irregular.
La Fundación Universitaria San José fue reconocida como víctima dentro del proceso penal, debido al presunto perjuicio ocasionado a la institución y a su comunidad académica por la expedición irregular de los documentos.
Con la aceptación de responsabilidad de Guerrero, el caso entra en una nueva etapa judicial, en la que deberá concretarse la decisión correspondiente sobre la pena pactada. El proceso se convirtió en uno de los escándalos más controversiales relacionados con la trayectoria de funcionarios y personas cercanas al anterior Gobierno Nacional.
