El mandatario local Juan Moreno Mena y otros cinco servidores públicos de su administración fueron capturados en Mutatá, Antioquia, por el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.
El alcalde del municipio de Riosucio, en el departamento del Chocó, Juan Moreno Mena, fue detenido por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, quienes contaron con el respaldo de la Policía Nacional durante el operativo realizado en Mutatá, Antioquia. En la misma diligencia fueron aprehendidos cinco funcionarios más de la administración municipal.
A los servidores públicos se les atribuyen presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados al pago de viáticos y a la logística de transporte de los jurados de votación y delegados que intervinieron en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, jornada en la que igualmente se llevaron a cabo las consultas interpartidistas con miras a los comicios presidenciales.
Según informó la Fiscalía General de la Nación, tanto el alcalde de Riosucio como el resto de los funcionarios serán llevados ante un juez de control de garantías por un fiscal de Administración Pública adscrito a la Seccional Chocó. El representante del ente investigador les imputará los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La primera conducta punible establece una pena de prisión que oscila entre los 96 y los 270 meses, y se configura cuando una persona se apropia de bienes del Estado, de empresas o de instituciones en beneficio propio o de un tercero. La segunda se aplica a quien altere un documento privado con capacidad probatoria, con una sanción que va de los 16 a los 108 meses de reclusión.
El tercer delito ocurre cuando un servidor público gestiona, suscribe o liquida un contrato sin cumplir los requisitos legales esenciales, lo que puede acarrear una condena de entre 64 y 216 meses de prisión, conforme a lo dispuesto en el Código Penal Colombiano.
Las autoridades competentes señalaron que la jornada electoral del 8 de marzo transcurrió con normalidad y que la ciudadanía pudo ejercer su derecho al voto sin contratiempos significativos. No obstante, la Procuraduría General de la Nación reportó haber recibido 1.379 quejas por posibles irregularidades. Estas fueron interpuestas tanto por los propios ciudadanos como por los funcionarios del organismo de control que se desplegaron a lo largo del territorio nacional para supervisar el proceso electoral.
Asimismo, un informe divulgado ese mismo día por la Policía Nacional dio cuenta de la captura de 88 personas en distintas regiones del país por la presunta comisión de delitos electorales, entre ellos corrupción al sufragante, compra de votos, constreñimiento al elector, fraude en inscripción de cédulas y traslado irregular de votantes. En el marco de estas operaciones también se incautaron $3.761 millones.
De igual forma, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió sobre otras anomalías registradas durante la jornada, las cuales fueron puestas en conocimiento por diversas agrupaciones políticas. Cabe aclarar que no todas estas situaciones constituyen necesariamente hechos delictivos.
En su reporte, la MOE señaló que el partido Mira y el Pacto Histórico manifestaron haber tenido inconvenientes para que sus testigos electorales ingresaran a los puestos de votación, a causa de fallas en la plataforma del Consejo Nacional Electoral (CNE). Otras colectividades, por su parte, denunciaron la falta de claridad que percibieron en ciertos puestos de votación en relación con las consultas presidenciales.
“Organizaciones políticas como el Centro Democrático y el Grupo Significativo de Ciudadanos Imparables informaron que durante la jornada electoral persistió la desinformación en torno al tarjetón de la consulta de precandidaturas presidenciales. Cabe señalar que en procesos anteriores se han presentado situaciones similares, por lo que resulta necesario que, para futuros procesos de consulta, se emitan directrices más claras y oportunas a los jurados de votación sobre la entrega de información y del material electoral a los votantes”, puntualizó la MOE.
Sumado a lo anterior, durante la jornada se conocieron denuncias por la distribución de material de campaña, la realización de actos proselitistas, la difusión de propaganda electoral mediante plataformas digitales y la presencia de publicidad en los alrededores de los puestos de votación.
