Iniciativa busca que el Ejecutivo pueda reorganizar ministerios y entidades durante seis meses para obtener un ahorro permanente de $42 billones.
El presidente Abelardo de la Espriella podría recibir facultades extraordinarias durante seis meses para reorganizar ministerios y entidades nacionales mediante decretos con fuerza de ley, si el Congreso aprueba una iniciativa del Centro Democrático que busca reducir el gasto de funcionamiento y adelgazar la estructura estatal.
Los promotores de la propuesta estiman que la medida permitiría obtener un ahorro permanente equivalente al 2 % del Producto Interno Bruto (PIB), una suma cercana a $42 billones. Según explicaron, esos recursos podrían destinarse a infraestructura, programas sociales, educación y una eventual reducción de impuestos.
La iniciativa fue radicada por la senadora Julia Correa y el representante Juan Caicedo. De aprobarse, habilitaría al Ejecutivo para crear, fusionar, escindir, transformar, suprimir o liquidar organismos de la Administración Pública Nacional, además de modificar su naturaleza jurídica, sus objetivos, sus funciones y la distribución de recursos humanos y presupuestales.
Para la senadora Correa, el objetivo es dar agilidad a los ajustes administrativos y evitar que cada cambio requiera un trámite legislativo individual. «Si de verdad queremos un Estado más eficiente hay que empezar por reducir el gasto de funcionamiento. No un Estado que tenga ministerios como el de la Igualdad, que nos costó alrededor de 2 billones de pesos y su ejecución fue pésima», afirmó.
La autorización permitiría modificar plantas de personal, reasignar competencias y reestructurar organismos nacionales. El proyecto establece que las medidas no podrán provocar un incremento del gasto de funcionamiento del Presupuesto General de la Nación (PNG).
La propuesta contempla límites explícitos: no podría crear tributos, modificar la regla fiscal ni alterar el régimen salarial de los servidores públicos. Tampoco alcanzaría a la Rama Judicial, los organismos de control, la organización electoral ni los órganos autónomos. Quedarían excluidos el Banco de la República, las universidades autónomas y las corporaciones regionales sometidas a regímenes especiales.
La iniciativa deberá completar su trámite en el Congreso, donde podría enfrentar cuestionamientos de sectores de oposición. Aunque cualquier cambio en el número de ministerios requiere aprobación legislativa, los promotores buscan otorgar una autorización específica para que el Ejecutivo pueda avanzar con fusiones o eliminaciones.
El Gobierno confirmó su intención de pasar de 18 a 13 ministerios como parte de un plan de austeridad. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, señaló que la reducción y una eventual fusión de carteras serán una realidad, aunque no precisó la fecha ni cuáles dependencias quedarían incluidas.
La disminución del número de ministerios fue una de las promesas de campaña de De la Espriella, quien también ha propuesto revisar embajadas y consulados, trasladar funciones del Gobierno nacional a departamentos y municipios, y concentrar el Estado en las tareas que considera esenciales. Después de su elección, el mandatario anunció en julio una primera reorganización de la Presidencia de la República para eliminar dependencias duplicadas y reducir 229 cargos.
Ejecutivo pueda reorganizar ministerios y entidades durante seis meses para obtener un ahorro permanente de $42 billones.
