Sin negociaciones ni excarcelaciones: Gobierno alista ley de sometimiento
El Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara un proyecto de ley para establecer una ruta de sometimiento a la justicia para grandes estructuras criminales que decidan abandonar sus actividades delictivas y acogerse a la justicia.
El Ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó que «Los Comandos de la Frontera» sería el primer grupo en poner a prueba este mecanismo.
Esta iniciativa que es articulada entre la Presidencia, los ministerios de Justicia y del Interior y otras entidades del Estado, entre ellas la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, tiene su origen en la propuesta inicial del gobierno Petro, quien en cuatro años trabajó para lograrla pero en el Congreso de la República fue rechazada.
Será que esta vez el proyecto en cabeza de Abelardo De La Espriella si contará con el respaldo de los honorables congresistas?
De acuerdo con lo anunciado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, esta ley no contemplaría reconocimiento de carácter político a ningún grupo delictivo: » Quienes decidan acogerse deberán aceptar las condiciones establecidas por el Estado y responder ante la justicia» señaló Cancino.
El Minjusticia también expresó que se busca que las negociaciones con las organizaciones que pretendan someterse deberán realizarse de manera oportuna y se evitarán «tiempos prolongados de negociación».
«Tampoco se contemplarían excarcelaciones para personas que ya se encuentran privadas de la libertad por esta vía ni rebajas de penas que resulten desproporcionadas frente a los delitos cometidos», ratificó el jefe de la cartera.
“No hay marco para la impunidad, no hay negociaciones largas, no hay unas rebajas desproporcionadas”, concluyó Cancino.
CON QUIÉN SE INICIA?
El ministro aseguró que ya se tiene tiene identificado un grupo al margen de la ley con el que se daría inicio a la aplicación de esta política.
Se trata de los Comandos de la Frontera, estructura vinculada a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), y de la cual 99 integrantes se encuentran en una Zona de Ubicación Temporal en Putumayo.
EL LEGADO PETRO?
Es importante tener en cuenta que la idea de establecer un mecanismo legal para el sometimiento de estructuras criminales nació con la administración del expresidente Gustavo Petro.
Según explicó Cancino, el Estado retomó el proceso con estas personas y adelanta conversaciones con la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y otras entidades para evaluar los avances alcanzados entre el grupo y el gobierno anterior.
Es de recordar que durante el Gobierno de Gustavo Petro se había acordado su desmovilización, pero la actual administración desmontó posteriormente ese espacio de diálogo y la Zona de Ubicación Temporal.
Durante el Gobierno de Gustavo Petro en marzo de 2023, el Ejecutivo radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley de sometimiento a la justicia para bandas criminales, que establecía que los grupos acogidos no recibirían estatus político y tendrían que responder ante la justicia ordinaria.
Posteriormente, en julio de 2025, el Gobierno radicó el Proyecto de Ley 002 de 2025, “por medio del cual se establece un tratamiento penal diferenciado para el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones al margen de la ley”.
La iniciativa buscaba establecer procedimientos y tratamientos penales diferenciados para integrantes de grupos armados y estructuras criminales.
Por tanto, aunque el Gobierno de De La Espriella prepara un nuevo proyecto con sus propias condiciones, la utilización de una ley de sometimiento como mecanismo para facilitar la desarticulación de estructuras criminales tiene antecedentes directos en la administración anterior.
El proyecto pretendía, como ahora, establecer una ruta jurídica para que integrantes de grandes organizaciones ilegales pudieran abandonar las armas, entregar información y responder ante la justicia, bajo las condiciones que estableciera la futura ley.
Y ENTONCES AHORA QUÉ?
Todavía no se conocen de manera definitiva las penas, beneficios, condiciones de entrega de bienes ni otros detalles del mecanismo. El Gobierno de Abelardo De La Espriella deberá precisar esos aspectos cuando presente oficialmente, en las próximas semanas, el proyecto ante el Congreso.
Mientras tanto, la administración ha señalado que las organizaciones que continúen en la ilegalidad seguirán enfrentando la acción de la Fuerza Pública.
