Esta conclusión se dio en medio de una serie de auditorías adelantadas por la Contraloría a este tribunal especial.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aseguró que no registra hallazgos de corrupción ni de otro tipo luego de siete auditorías realizadas por la Contraloría y 14 informes emitidos por la Procuraduría.
La afirmación fue hecha por la entidad en respuesta a los cuestionamientos públicos sobre el manejo de sus recursos, las comisiones internacionales de sus magistrados y los gastos relacionados con su funcionamiento.
La JEP señaló que ha atendido de manera oportuna los requerimientos de los organismos de control y sostuvo que su gestión está disponible para el escrutinio de la ciudadanía. Además, recordó que cuenta con un portal de transparencia en el que pueden consultarse documentos relacionados con contratación, presupuesto, ingresos, gastos e inversión.
Dentro de las aclaraciones entregadas, la Jurisdicción se refirió a las comisiones internacionales realizadas por magistrados y funcionarios. Según explicó, estos desplazamientos han estado relacionados con invitaciones oficiales, actividades judiciales y espacios ante organismos internacionales vinculados con derechos humanos, justicia transicional y derecho penal internacional.
La entidad puso como ejemplo la participación de sus presidentes en sesiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. También mencionó las visitas internacionales realizadas en 2025 por el actual presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, quien participó en reuniones con representantes de los países miembros del Consejo de Seguridad y en actividades relacionadas con las sentencias restaurativas de la Jurisdicción.
La JEP agregó que algunas comisiones tuvieron fines judiciales, entre ellas visitas a centros de detención en Estados Unidos para realizar entrevistas a testigos relacionados con procesos que adelanta la entidad.
También aclara el valor de su sede en Bogotá
Otro de los puntos abordados por la Jurisdicción fue el inmueble donde funciona su sede principal en Bogotá, ocupado desde marzo de 2018.
La entidad explicó que actualmente el edificio continúa bajo un contrato de arrendamiento y que durante el gobierno de Gustavo Petro se estudió la posibilidad de adquirirlo. Sin embargo, el proceso no continuó después de que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) emitiera un concepto técnico desfavorable.
La JEP también aclaró que los $20.975 millones mencionados en relación con el inmueble corresponden a su valor catastral registrado en 2020 y no a su valor comercial. De acuerdo con la entidad, para 2026 este último se estima en aproximadamente $288.538 millones.
En medio de estas explicaciones, la Jurisdicción reiteró que la información sobre sus contratos, presupuesto y funcionamiento puede ser consultada públicamente y llamó a revisar los datos antes de sacar conclusiones sobre su gestión.
La entidad también aseguró que, durante el año anterior, el Ministerio de Hacienda reportó un cumplimiento del 99,3 % en la ejecución de su presupuesto y señaló que la JEP ha sido destacada por la OCDE en materia de transparencia pública.
Con estas precisiones, la JEP defendió que sus actuaciones y el manejo de sus recursos permanecen bajo vigilancia de los organismos de control y a disposición del escrutinio ciudadano.
