Presidencia confirma a lideresa política que el mecanismo para la reconstrucción es un proyecto sin cuerpo, con cinco delegados del Gobierno en una junta que aún no nace.
La representante Catherine Juvinao recibió la confirmación oficial de que no hay un fondo constituido para la reconstrucción, pese a los anuncios del Gobierno de La Espriella. La estructura propuesta —siete integrantes, cinco designados por la Casa de Nariño— y la frase que resume la desconfianza ciudadana: “Milagro será que la platica no se pierda”.
Y es que en Colombia, donde la memoria colectiva aún guarda las cicatrices de los desastres naturales, los conflictos armados y las promesas incumplidas de reconstrucción, el nombre de un fondo público puede convertirse en un símbolo antes incluso de existir. Eso parece haber ocurrido con el llamado “Fondo Milagro”, un mecanismo que, según confirmó la Presidencia de la República a la representante a la Cámara Cathy Juvinao, simplemente no existe. No hay escritura pública, no hay fideicomiso activo, no hay recursos depositados en una cuenta maestra. Lo que hay es una intención, una junta proyectada y una sombra de duda que crece a la velocidad con la que se anuncian los delegados del poder ejecutivo.
La confirmación llegó como respuesta a una solicitud de control político. Juvinao, congresista por Bogotá y una de las voces más persistentes en la vigilancia del gasto público, preguntó directamente a la Casa de Nariño por la existencia de ese fondo destinado, según versiones previas, a la reconstrucción de zonas afectadas —probablemente vinculadas a emergencias recientes o a compromisos territoriales postergados—. La respuesta fue tajante: no hay fondo. Sin embargo, en la misma comunicación o en el marco del proyecto que se discute, se desliza la estructura de una junta directiva que, cuando se constituya “en algún momento”, contará con siete representantes, de los cuales cinco serán delegados del Presidente.
» El Fondo Milagro» para la reconstrucción NO EXISTE, así se lo confirmó presidencia a la representante @CathyJuvinao
En la junta del fondo, del que van a constituir en algún momento, de 7 represenntes, cinco son deleados del presidente…
Milagro será que la platica no se… pic.twitter.com/sMalcGGQGL
— Hoy|Noticias (@HoyNoticias2) October 1, 2026
Esa proporción no es un detalle menor. En el diseño institucional colombiano, los fondos fiduciarios o los mecanismos especiales de reconstrucción —como los creados tras el huracán Iota en San Andrés y Providencia, o los esquemas de postconflicto— suelen requerir contrapesos: participación de las comunidades afectadas, de la academia, de los entes territoriales o de organismos de control independiente. Una junta donde el Ejecutivo concentra cinco de siete sillas no es un mecanismo de gobernanza compartida; es una estructura de control vertical, donde la decisión sobre los recursos públicos dependerá, en la práctica, de la voluntad de una sola instancia.
El contraste entre la inexistencia del fondo y la definición de su gobierno interno es, precisamente, lo que alimenta la desconfianza. Si aún no existe, ¿por qué ya se distribuyen los cargos? ¿Por qué la arquitectura del poder precede a la arquitectura del dinero? La experiencia colombiana ofrece respuestas poco alentadoras. Desde los fondos de paz —como el Fondo Colombia en Paz, creado para administrar recursos del posconflicto y que ha sido objeto de múltiples auditorías y críticas por falta de transparencia— hasta los mecanismos de emergencia, la historia reciente demuestra que la ausencia de controles tempranos es el terreno fértil para la desviación, la lentitud y la opacidad.
En ese contexto, la frase que cierra la denuncia ciudadana y que se ha vuelto viral en redes sociales adquiere un peso particular: “Milagro será que la platica no se pierda”. No es solo un chiste amargo; es una síntesis de la percepción que tiene buena parte de la ciudadanía sobre la gestión de los recursos públicos. La palabra “milagro” evoca, con ironía mordaz, la idea de que la preservación del dinero del Estado en Colombia requiere una intervención casi sobrenatural, dado el historial de contratos irregulares, sobrecostos y ejecuciones fallidas que acompañan a los grandes anuncios de inversión social.
Cathy Juvinao, quien ha construido su perfil político en torno al escrutinio de los contratos estatales y la defensa de la transparencia, no solo denunció la inexistencia del fondo; expuso la arquitectura de poder que lo acompañaría. Su labor como representante no se limita a la oposición partidista, sino que se inscribe en una tradición de control legislativo que, en teoría, debería funcionar como freno antes de que los recursos salgan de las arcas públicas. El hecho de que la Presidencia responda con una confirmación negativa —que no hay fondo— pero simultáneamente proyecte una junta dominada por el Ejecutivo, revela una tensión institucional: el deseo de concentrar la gestión de una eventual reconstrucción en manos del Gobierno central, sin los contrapesos que la ley y la buena gobernanza exigen.
Es importante precisar que, en el marco legal colombiano, la creación de un fondo fiduciario o de un mecanismo especial requiere no solo la voluntad política, sino una serie de pasos formales: decreto o ley de creación, reglamentación, designación de fiduciario (generalmente una entidad bancaria o una sociedad fiduciaria autorizada), apertura de cuentas, y protocolos de rendición de cuentas ante la Contraloría General y la Procuraduría. Nada de eso, según la respuesta oficial, ha ocurrido con el “Fondo Milagro”. Lo que existe es un proyecto, una idea, una intención que aún no ha superado la etapa del anuncio.
Sin embargo, la definición anticipada de una junta con cinco delegados presidenciales sugiere que la intención no es neutra. En un país con fuerte tradición centralista, donde los presidentes suelen buscar mecanismos directos de ejecución de recursos —saltándose, a veces, los canales tradicionales de los ministerios y las gobernaciones—, la creación de fondos con gobernanza concentrada se convierte en una herramienta política de primer orden. Permite anunciar inversiones con rapidez, mostrar resultados mediáticos y, al mismo tiempo, minimizar los controles intermedios.
El problema es que, cuando esos fondos se materializan sin la debida transparencia, el costo lo pagan las comunidades que deberían ser beneficiarias. En zonas de reconstrucción —ya sea por desastres naturales, desplazamiento forzado o crisis humanitarias—, la lentitud en la ejecución no es un inconveniente administrativo: es una prolongación del sufrimiento. Las familias que esperan una vivienda, los campesinos que requieren infraestructura productiva, los municipios que necesitan servicios públicos básicos, quedan atrapados en un limbo donde el dinero existe en los anuncios, pero no llega a la realidad.
Por eso, la denuncia de Juvinao trasciende el caso puntual. Es una alerta sobre el riesgo de que la reconstrucción —un concepto que debería implicar justicia, reparación y desarrollo sostenible— se convierta en un mero instrumento de gestión política, donde la prioridad no es el bienestar de las víctimas o de los territorios afectados, sino la consolidación de una estructura de poder que controle los flujos de dinero.
La respuesta de la Presidencia, aunque clara en la inexistencia del fondo, deja abiertas preguntas incómodas. ¿Cuándo se constituirá? ¿Con qué recursos? ¿Bajo qué marco legal? ¿Y por qué la junta ya tiene definida su composición antes de que el mecanismo tenga vida jurídica? En un contexto donde la desconfianza institucional es alta y donde los escándalos de corrupción en fondos públicos son recurrentes, cada detalle cuenta. La falta de claridad no es una omisión técnica; es un riesgo político y ético.
Además, la concentración de cinco delegados del Presidente en una junta de siete integrantes plantea dudas sobre la independencia de las decisiones. ¿Quién representará a las comunidades afectadas? ¿Quién velará por la sostenibilidad técnica de los proyectos? ¿Quién garantizará que los recursos no se conviertan en botín electoral o en fuente de contratos direccionados? La historia colombiana enseña que, cuando los mecanismos de control son débiles o ausentes, los fondos públicos tienden a convertirse en cajas negras.
El llamado, entonces, no es solo a la transparencia, sino a la responsabilidad institucional. Si el Gobierno nacional pretende crear un fondo para la reconstrucción —sea para el Pacífico, para los territorios afectados por el conflicto, o para cualquier emergencia nacional— debe hacerlo con una gobernanza inclusiva, con participación de los entes territoriales, con vigilancia ciudadana y con mecanismos de rendición de cuentas que funcionen antes, durante y después de la ejecución de los recursos
La frase final —“Milagro será que la platica no se pierda”— debe leerse no como un chiste despectivo, sino como una exigencia ciudadana. En un país donde la corrupción ha costado miles de millones y donde la reconstrucción ha sido, en muchos casos, más lenta que la destrucción, el milagro que se requiere no es sobrenatural: es institucional. Se llama transparencia, se llama control, se llama participación.
Mientras tanto, el “Fondo Milagro” sigue siendo un nombre sin cuerpo. Una promesa sin escritura. Una junta sin fondo. Y en ese vacío, la desconfianza crece, alimentada por la certeza de que, en Colombia, cuando los recursos públicos se manejan sin contrapesos, el resultado casi nunca es un milagro. Es una pérdida.
