La determinación del gobierno de Abelardo de la Espriella deja al país fuera de un espacio de coordinación diplomática con decenas de Estados y organizaciones de la sociedad civil.
El retiro, antes anunciado como «liderazgo», ahora se ejecuta en silencio. Hace menos de dos años, en diciembre de 2024, Colombia celebraba su ingreso a la Coalición por la Igualdad de Derechos como un hito diplomático.
En diciembre de 2024, Colombia ingresó como el Estado número 45 de la coalición y asumió junto con España la copresidencia para dos años, y en ese momento la Cancillería calificó la incorporación como parte del liderazgo internacional del país en materia de derechos de las personas LGBTQI+.
Ese capítulo se cerró abruptamente el 17 de septiembre de 2026, cuando el Gobierno de Abelardo de la Espriella formalizó la salida del país de ese mismo mecanismo.
La notificación oficial fue breve y evitó entrar en detalles. La comunicación diplomática, fechada el 17 de septiembre y emitida por el Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, estableció que el retiro colombiano tenía efecto inmediato, y el documento agradeció además a España y a representantes de la sociedad civil el trabajo realizado durante la copresidencia.
Pero el silencio escrito no duró. Según información recogida por el diario El País y confirmada por otras fuentes del organismo,
durante una sesión virtual el viceministro de Asuntos Migratorios y Consulares, Pedro Roa, argumentó que la permanencia en dicha plataforma intergubernamental «no es una prioridad» para la administración encabezada por el presidente Abelardo de la Espriella, y la describió como un proyecto heredado de la gestión anterior.
El Gobierno, eso sí, insiste en que el movimiento no toca el ordenamiento jurídico interno: sostiene que abandonar la coalición no modifica la protección jurídica de los derechos de las personas LGBTI en Colombia.Una coalición de 43 países, una copresidencia truncada. La Equal Rights Coalition no es un espacio menor.
Fue creada en 2016 como un espacio de cooperación internacional relacionado con los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, y aborda asuntos como legislación, políticas públicas, diplomacia internacional, protección de derechos humanos y cooperación entre los países integrantes. Actualmente agrupa a 43 Estados, según coinciden varias fuentes consultadas.
Lo inusual del caso colombiano es el momento elegido: Colombia y España habían asumido la copresidencia para el periodo 2025-2027, por lo que el retiro anunciado significa que Colombia también abandona esa responsabilidad antes de que concluya el periodo establecido.
Entre las voces que se pronunciaron tras conocerse la decisión está la de la Defensora pidió que la decisión no implique un distanciamiento del deber del Estado colombiano de proteger los derechos de las personas LGBTIQ+.
Para Manuel Velandia, cofundador del Movimiento de Liberación Homosexual, la salida no es un simple trámite administrativo, sino una señal con consecuencias concretas. En diálogo con este medio, advirtió que el retiro podría allanar el camino para retrocesos legislativos: «Puede crear condiciones para penalizar nuevamente la homosexualidad», señaló, y añadió que las personas trans, intersexuales y de género fluido corren el riesgo de perder derechos ya reconocidos.
Según el activista, dejar de participar en un bloque de decenas de países envía un mensaje inequívoco hacia la comunidad internacional sobre las prioridades —o la falta de ellas— del Estado colombiano en materia de derechos sexuales y de género.
Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo y copresidente del mecanismo desde el lado de la sociedad civil, fue más tajante aún al calificar la salida como la decisión «más clara contra los derechos Lgbti+» del nuevo Gobierno, agravada —dijo— por el hecho de que Colombia abandona la coalición en pleno ejercicio de su presidencia compartida.
La controversia también llegó al Legislativo. El representante a la Cámara por la Alianza Verde, Mauricio Toro, adelantó que buscará revertir o al menos cuestionar formalmente la decisión, incluso acudiendo a instancias internacionales para defender la permanencia de Colombia en el mecanismo. Para el congresista, el retiro tiene un peso que va más allá de lo protocolario: constituye, a su juicio, un mensaje político contrario a la igualdad y la diversidad que el país venía proyectando.
La salida de la ERC no ocurre en el vacío. Coincide con un Gobierno que, desde su posesión, ha expresado públicamente su intención de impulsar una agenda centrada, entre otros aspectos, en la familia, la creencia en Dios y determinados valores que considera centrales para Colombia. Esa reorientación, dicen fuentes de la propia Cancillería citadas por diarios como El País, responde a un ejercicio interno de priorización de la política exterior más que a un episodio aislado.
Lo cierto es que, por ahora, el país que hace menos de dos años se presentaba como garante internacional de estos derechos queda, de un plumazo, fuera de una de las mesas donde se discuten.
