El joven de 23 años permaneció desaparecido durante 22 días. Su cuerpo fue encontrado en el sector La Chinca, a pocos minutos del casco urbano. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa exigen esclarecer si su asesinato estuvo relacionado con su trabajo comunitario y periodístico.
La incertidumbre que durante más de tres semanas rodeó la desaparición de Julián Hincapié, comunicador comunitario y líder social de 23 años, terminó de la manera más dolorosa para su familia y para las organizaciones sociales de Anorí, Antioquia. El cuerpo del joven fue encontrado el 2 de octubre en el sector conocido como La Chinca, zona rural del municipio, aproximadamente a 15 minutos del casco urbano.
Hincapié había sido visto por última vez el 10 de septiembre, cuando salió de su vivienda ubicada en el barrio La Playa acompañado por un vecino. De acuerdo con la información conocida durante la búsqueda, ambos se dirigieron hacia el sector de Las Lomitas. El acompañante posteriormente regresó a Anorí, mientras que Julián nunca volvió a su residencia. Una de las versiones conocidas por sus familiares señala que el joven se desplazaba para entregar un insumo relacionado con actividades de minería artesanal.
Su desaparición había generado preocupación entre familiares, organizaciones comunitarias y defensores de la libertad de prensa. El 18 de septiembre, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, hizo pública una alerta y señaló que Hincapié estaba vinculado con procesos comunitarios y de defensa de derechos en la región. Para ese momento, la organización había documentado 47 agresiones contra periodistas en Antioquia durante 2026, 14 de ellas amenazas.
El caso adquiere una dimensión aún mayor por las condiciones de seguridad que atraviesa el Nordeste antioqueño. Indepaz incluyó a Hincapié en su registro de líderes y defensores de derechos humanos asesinados durante 2026 y advirtió sobre la confrontación armada que afecta a Anorí, donde se registra la presencia y disputa de diferentes estructuras armadas. Según el reporte citado por Indepaz, en la zona se encuentran el ELN, el Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo, el Frente 36 del EMBF y estructuras locales, además de riesgos relacionados con control territorial, desplazamientos, reclutamiento y artefactos explosivos.
La trayectoria de Hincapié estaba estrechamente relacionada con las comunidades de su municipio. Era reconocido por acompañar procesos sociales y comunitarios y por abordar asuntos relacionados con el conflicto armado y la realidad de los pequeños mineros. Precisamente, familiares han destacado su defensa de la minería artesanal, una actividad que tiene fuerte presencia en diferentes zonas del Nordeste antioqueño.
La investigación deberá determinar qué ocurrió
Tras conocerse el hallazgo, la Defensoría del Pueblo rechazó el homicidio y reclamó una investigación exhaustiva que permita establecer las circunstancias en las que murió Hincapié, identificar a los responsables y determinar si el crimen tuvo alguna relación con su actividad como comunicador comunitario o defensor de derechos humanos.
La FLIP también solicitó que la labor comunicativa de Hincapié sea tenida en cuenta dentro de las líneas de investigación y anunció que continuará documentando el caso. La organización ha advertido que ejercer el periodismo y la comunicación comunitaria en territorios donde operan grupos armados representa un riesgo particularmente elevado.
El asesinato de Hincapié ocurre, además, después de los homicidios de Mateo Pérez Rueda, director del medio El Confidente de Yarumal, asesinado en mayo en zona rural de Briceño mientras desarrollaba labores periodísticas, y Cristian Herrera, periodista y corresponsal de la FLIP asesinado el 6 de junio en Cúcuta. La propia FLIP documentó ambos casos.
La Defensoría señaló que el caso de Hincapié constituye el tercer homicidio conocido de un periodista o comunicador en Colombia durante 2026, lo que volvió a poner en el centro del debate las garantías para quienes ejercen la comunicación en regiones afectadas por la violencia.
Por ahora, las circunstancias exactas del homicidio, los responsables y el posible móvil permanecen bajo investigación. Las autoridades deberán establecer qué ocurrió durante los 22 días en los que Julián Hincapié permaneció desaparecido y, especialmente, si su labor como comunicador, su acompañamiento a organizaciones sociales o su trabajo alrededor de las comunidades mineras tuvo alguna relación con el crimen.
El Ministerio Público también pidió garantizar condiciones para que periodistas, líderes sociales y comunicadores comunitarios puedan desarrollar sus actividades sin que informar sobre lo que ocurre en sus territorios se convierta en una amenaza para sus vidas. La muerte de Hincapié deja nuevamente una pregunta abierta en Anorí: ¿quién decidió silenciar a un joven que había hecho de la comunicación y el acompañamiento comunitario parte de su vida? La respuesta tendrá que surgir de una investigación judicial rigurosa y sin descartar ninguna de las líneas relacionadas con su actividad.
