El exmandatario mencionó un análisis estadístico atribuido a Testigos Digitales, el cual, según su interpretación, halló secuencias matemáticas en miles de mesas de votación.
El expresidente Gustavo Petro enfrentará un nuevo proceso judicial luego de que el Consejo de Estado admitiera una acción de tutela promovida por el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo. El expresidente tendrá un nuevo pleito legal, esta vez con la Registraduría Nacional del Estado Civil, después de que el Consejo de Estado admitiera la acción tras acusarlo públicamente de liderar un supuesto plan para hacer fraude en las elecciones presidenciales de mayo y junio de 2026.
El recurso busca que el exmandatario rectifique las afirmaciones públicas que lo relacionaron, junto con la Registraduría Nacional, con un supuesto plan para alterar los comicios presidenciales de 2026, en los que Abelardo de la Espriella resultó electo como presidente de Colombia. Penagos, como registrador Nacional del Estado Civil, busca la protección de sus derechos al buen nombre, la honra y la rectificación, además del buen nombre de la Registraduría.
La decisión fue tomada por el magistrado Nicolás Yepes de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que consideró que la tutela cumple los requisitos para ser estudiada. El despacho sustentó la admisión señalando que, en palabras del auto, se reúnen los requisitos de forma exigidos en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 y procede a admitir la acción de tutela interpuesta.
Uno de los puntos centrales del proceso tiene que ver con la competencia del tribunal, dado que Petro ya no ocupa la Presidencia. Sin embargo, aunque Petro dejó la Presidencia el 7 de agosto, el tribunal concluyó que eso no impide que conozca la tutela, porque las afirmaciones fueron hechas cuando ejercía el cargo y estaban relacionadas con su función de comunicación como jefe de Estado.
De acuerdo con el expediente, Penagos cuestiona 14 publicaciones realizadas por Petro entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, además de afirmaciones hechas durante un consejo de ministros transmitido públicamente. Según la tutela, 4en dichas declaraciones el exmandatario habría imputado, de manera directa, a Penagos y a la Registraduría Nacional del Estado Civil «la comisión de un fraude electoral en las elecciones presidenciales 2026».
Los señalamientos abarcaron múltiples aspectos del proceso electoral. El entonces mandatario señaló a Penagos y a la Registraduría de estar relacionados con un supuesto fraude electoral, y puso en duda aspectos como el censo electoral, el número de puestos y mesas de votación, los formularios E-14 y los sistemas tecnológicos utilizados durante el proceso. Entre los cuestionamientos más reiterados estuvieron las afirmaciones de Petro sobre una supuesta modificación del censo y del software electoral días antes de la primera vuelta presidencial, así como sus señalamientos sobre 5.300 mesas que, según el entonces presidente, registraban una cantidad de votantes que consideraba físicamente imposible.
Antes de acudir a la justicia, el registrador agotó la vía de la rectificación directa. El registrador nacional le solicitó la rectificación a Gustavo Petro de tales señalamientos, y vencido el término de 15 días hábiles, contó que «no obtuvo respuesta ni corrección, de modo que las publicaciones permanecen accesibles».
Tras conocerse la admisión de la tutela, el expresidente respondió a través de su cuenta en la red social X. Petro responde a la tutela agitando sus tesis de fraude: en un extenso trino reafirmó varias de las narrativas que ha liderado respecto a las elecciones, como la supuesta eliminación del candado hash en los formularios E-14 o el «test de rachas» que lideró el grupo de «testigos digitales».
El exmandatario centró buena parte de su defensa en el llamado código hash, una herramienta que, según él, permite verificar que un archivo digital no haya sido modificado. Petro afirmó que un alto porcentaje de los formularios E-14 publicados en internet carecían de ese mecanismo de seguridad, y planteó dudas sobre si las próximas elecciones locales se realizarían sin dicha garantía.»Espero sus respuestas de manera pública o en el proceso de tutela si así quiere», le dijo el expresidente al registrador.
La controversia por el código hash no es nueva y ya había enfrentado a Petro con la Registraduría durante la campaña. En junio de 2026, la Registraduría Nacional rechazó las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre una presunta vulnerabilidad en los formularios E-14 y sostuvo que ni la «estampilla de tiempo» ni el «candado hash» fueron eliminados de los mecanismos de verificación electoral. En aquel momento, Petro había asegurado que, sin esos elementos, «el formulario E14 que tiene los datos de la mesa es cambiable en cualquier momento».
La entidad electoral respondió explicando el funcionamiento del sistema de descarga de documentos. Según la Registraduría, el código hash, utilizado para asegurar la integridad de los documentos publicados, está inmerso en el nombre del archivo al momento en que se descarga desde el visor ciudadano la imagen de cada una de las más de 122.000 mesas. Además, un aspecto clave de la defensa del organismo es que el conteo definitivo no depende de las imágenes digitales: el conteo oficial de los votos no se realiza con las imágenes digitalizadas de los formularios publicadas por la Registraduría, sino con las actas físicas diligenciadas en cada mesa de votación.
El Consejo de Estado entrará ahora a estudiar el fondo del asunto. El alto tribunal estudiará si las afirmaciones del exmandatario vulneraron el buen nombre y la honra del registrador y de la entidad electoral, y determinará si Petro deberá retractarse públicamente de los señalamientos que mantuvo durante uno de los procesos electorales más polarizados de la historia reciente del país, que terminó con la elección de Abelardo de la Espriella como jefe de Estado para el periodo 2026-2030.
