Los asesinatos de Deisy Guerrero y Blanca Pardo, junto con las agresiones sexuales denunciadas contra dos adultas mayores en Santander y Antioquia, evidencian la gravedad de una problemática que continúa dejando víctimas.
La violencia contra las mujeres vuelve a generar preocupación en Colombia tras conocerse varios casos de feminicidio y agresiones sexuales ocurridos en diferentes regiones del país. Entre las víctimas están Deisy Guerrero, asesinada en Pasto, y Blanca Pardo, una campesina de 72 años que murió después de ser víctima de violencia sexual en Nariño. A estos hechos se suman las denuncias de abuso sexual contra dos mujeres adultas mayores en Santander y Antioquia.
Uno de los casos más recientes es el de Deisy Guerrero, quien fue asesinada durante la madrugada del 9 de octubre en el barrio Santa Bárbara, en Pasto, capital de Nariño. Según la información conocida, el ataque ocurrió hacia las 12:30 a. m., cuando un hombre la agredió con un arma cortopunzante. La mujer, madre de una niña de un año y de un joven de 19, perdió la vida, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para identificar al responsable y esclarecer los móviles del crimen.
La violencia también cobró la vida de Blanca Pardo, una campesina de 72 años que fue agredida sexualmente y sufrió heridas de gravedad el 29 de agosto en el municipio de San Bernardo, Nariño. La mujer fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario de Pasto, donde murió el 30 de agosto. De acuerdo con la información disponible, hasta el momento no se ha establecido públicamente quién sería el responsable de este crimen.
Otro caso fue denunciado en zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander, donde una mujer de 70 años habría sido víctima de acceso carnal violento el pasado 5 de octubre. Por estos hechos fue capturado un hombre de 28 años, conocido con el alias de ‘Picapiedra’, quien, según el reporte, aceptó los cargos y fue enviado a prisión mientras avanza el proceso judicial. La identidad de la víctima se mantiene bajo reserva para proteger su intimidad.
En el municipio de La Unión, en el oriente de Antioquia, también se conoció la denuncia de una mujer de 83 años que habría sido abusada sexualmente el 26 de septiembre. Las primeras versiones indican que un hombre que se movilizaba en un vehículo le ofreció transportarla, pero presuntamente la llevó hasta un lugar apartado, donde ocurrió la agresión. La víctima recibe atención médica y psicológica en el Hospital San Roque, mientras la Policía adelanta labores para ubicar al señalado agresor, quien continúa prófugo, según la información suministrada.
Las cifras oficiales reflejan la dimensión de esta problemática. Según los datos atribuidos al Instituto Nacional de Medicina Legal, entre enero y julio de 2026 se practicaron 92 exámenes relacionados con presunta violencia sexual contra personas adultas mayores, frente a 70 en el mismo periodo anterior. Esto representa un incremento del 31 %. De los casos registrados, 81 correspondieron a mujeres y 11 a hombres.
Sin embargo, los registros forenses no necesariamente representan la totalidad de las agresiones ocurridas en el país. El temor a denunciar, la dependencia económica o física, la vergüenza y las dificultades para acceder a las instituciones pueden impedir que muchas víctimas busquen ayuda. Por ello, organizaciones y profesionales advierten que la dimensión real de esta violencia podría ser superior a la reflejada en las estadísticas oficiales.
En materia de feminicidios y delitos sexuales, las cifras también muestran la persistencia de las agresiones. La información recopilada en el reporte señala que, hasta julio de 2026, se contabilizaban 89 feminicidios y 16.451 denuncias por delitos sexuales. Esta última cifra incluye 12.457 casos relacionados con niñas y adolescentes y 3.583 con mujeres adultas, además de otros registros correspondientes a distintas formas de violencia.
Las diferencias entre los datos oficiales y los recopilados por organizaciones sociales dificultan establecer un balance único. La Defensoría del Pueblo también ha documentado tentativas de feminicidio y transfeminicidios, mientras que el Observatorio de Feminicidios ha advertido sobre las dificultades para mantener su labor de seguimiento debido a limitaciones de financiación. Estas diferencias ponen de relieve la importancia de fortalecer los sistemas de registro y garantizar información pública actualizada.
En el ámbito judicial, la Fiscalía informó sobre la judicialización de 275 personas por delitos sexuales contra menores durante agosto y septiembre de 2026. De ellas, 258 recibieron medida de aseguramiento, según los datos aportados en el reporte. Estas decisiones implican que los procesados permanecen sujetos a medidas mientras avanzan las investigaciones, pero no equivalen a condenas definitivas.
Por su parte, cifras atribuidas a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), con base en información del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), indican que 347 personas sindicadas por feminicidio se encontraban privadas de la libertad. La condición de sindicados significa que sus procesos continúan pendientes de una decisión judicial definitiva.
Los datos históricos también reflejan los desafíos del sistema de justicia. De acuerdo con la información citada del Consejo Superior de la Judicatura, entre 2020 y 2025 se registraron 2.937 condenas contra personas adultas por delitos específicos como acceso carnal violento y acto sexual violento. Estas cifras deben analizarse teniendo en cuenta el tipo de delito, el periodo y la metodología de registro, para evitar comparaciones directas con el total de denuncias.
Los recientes casos de Nariño, Santander y Antioquia vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de mejorar la prevención, garantizar atención integral a las víctimas y acelerar las investigaciones para identificar y judicializar a los responsables. También plantean la urgencia de reforzar la protección de las mujeres adultas mayores, una población que puede enfrentar mayores barreras para denunciar y acceder a la justicia.
Mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de estos hechos, familiares y comunidades esperan respuestas. La prevención de la violencia sexual y los feminicidios requiere una respuesta coordinada de las instituciones, canales de denuncia accesibles y medidas eficaces para evitar que las agresiones queden sin esclarecer y que las víctimas sean sometidas a nuevas formas de violencia durante los procesos judiciales.
