Los pobladores de este corregimiento de Cajibío emitieron esta alerta, buscando que las autoridades y organizaciones humanitarias ayuden a protegerlos.
Las familias campesinas del corregimiento de Ortega, en el área rural de Cajibío, en el centro del Cauca, viven horas de angustia por la supuesta presencia de integrantes de las disidencias de las Farc en sectores próximos al casco urbano de la localidad.
Según relatos de pobladores y comerciantes, los hombres armados se habrían instalado en las inmediaciones del caserío en el transcurso de las últimas horas, lo que generó inquietud entre los habitantes. Por miedo a una posible incursión, la comunidad empezó a hacer circular alertas humanitarias y mensajes a los medios de comunicación con el fin de poner en evidencia lo que califican como una amenaza para la población civil.
Los residentes asocian esta situación con una acción de la Fuerza Pública registrada el domingo 11 de octubre, en la que, de acuerdo con la información que conocen en la zona, habrían muerto dos presuntos miembros del frente Jaime Martínez, estructura de las disidencias. Por este motivo, temen posibles retaliaciones contra los civiles, un escenario que hasta el momento no ha sido confirmado por las autoridades.
“Como en la tarde de este domingo 11 de octubre la Fuerza Pública dio de baja a dos integrantes de la Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, entonces esa gente ahora va a tomar venganza con las comunidades de Ortega”, advirtieron los pobladores en uno de los mensajes que circularon para alertar sobre el peligro.
A lo largo de 2026, este corregimiento ha sido escenario de combates entre la Fuerza Pública y grupos disidentes que los habitantes identifican como los frentes Jaime Martínez y Carlos Patiño. En medio de estas confrontaciones, la población rural ha sufrido las consecuencias de la guerra y, en distintos momentos, varias familias han tenido que dejar sus viviendas para resguardar su vida y su integridad.
Comunidades se aferran a la economía legal
A la inquietud por la presencia armada se suman las denuncias de líderes sociales de Ortega sobre presiones para ampliar los cultivos de uso ilícito. De acuerdo con sus declaraciones, los campesinos rechazan la siembra de coca y defienden las alternativas económicas que han consolidado durante años, principalmente en torno al café y a otros productos del campo.
“En Ortega nos oponemos rotundamente a sembrar coca, como quieren los guerrilleros de las Farc. Nosotros no estamos para vivir en la violencia; durante todos estos años sacamos adelante varios proyectos productivos, como el café, que nos han permitido tener una vida tranquila y estable. Por eso a esos señores les dijimos que no y nos mantenemos en esta postura”, afirmaron dirigentes de la zona.
Los pobladores aseguran que su propósito es seguir en el territorio a partir de labores agrícolas lícitas y de iniciativas que aseguren el sustento de sus hogares. No obstante, señalan que la presión de los actores armados y los combates han alterado la tranquilidad de la comunidad y ponen en riesgo la continuidad de sus proyectos productivos.
Frente a esta realidad, los habitantes buscan dar a conocer lo que ocurre y reclaman garantías de seguridad para impedir que Ortega vuelva a quedar en medio del fuego cruzado. La cercanía de hombres armados al poblado mantiene la zozobra entre los residentes, quienes temen nuevos combates o ataques contra la población civil.
Por el momento, las alertas de la comunidad dan cuenta de una situación de riesgo que demanda la intervención de las autoridades. Se espera que la Fuerza Pública y las entidades encargadas de la protección de los derechos humanos verifiquen los hechos y pongan en marcha acciones preventivas para proteger a los pobladores de Ortega.
Los campesinos reiteran que su principal anhelo es vivir en paz, cuidar a sus familias y mantener sus labores en el campo sin la presión de los grupos armados. Mientras tanto, la situación de orden público en esta zona rural de Cajibío sigue generando inquietud, a la espera de un pronunciamiento oficial que permita conocer el alcance de la presencia armada y las medidas adoptadas para proteger a la comunidad.
