Nancy Espinel, reconocida defensora de derechos humanos de la inspección de Mayoyoque, y un mecánico conocido como «Caliche», de Gallinazo, fueron las víctimas.
La violencia volvió a golpear a las comunidades rurales de Puerto Guzmán. Según información preliminar conocida este domingo 18 de octubre, dos personas fueron asesinadas en lo que al parecer fue una incursión de hombres armados en las inspecciones de Mayoyoque y Gallinazo, hechos que han generado zozobra y preocupación entre los habitantes de esta zona del departamento.
Una de las víctimas fue identificada como Nancy Espinel, reconocida lideresa campesina de Mayoyoque, destacada por su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la vida, el agua, la tierra y la protección del territorio. De acuerdo con las primeras versiones, la lideresa habría recibido múltiples disparos a la altura de la cabeza.
La segunda víctima fue identificada de manera preliminar como Carlos, conocido cariñosamente en la región como «Caliche», quien, según habitantes del sector, se desempeñaba como mecánico en la inspección de Gallinazo.
De acuerdo con los primeros testimonios, durante la madrugada del 18 de octubre dos grupos de hombres armados habrían ingresado de manera simultánea a los centros poblados de Mayoyoque y Gallinazo, donde habrían sometido a las comunidades durante varias horas mientras buscaban a varias personas de la zona. Versiones por confirmar señalan que en el caserío de Yurilla se habría presentado una situación similar.
Los sujetos, cuya identidad y pertenencia a alguna organización armada no han sido establecidas oficialmente, habrían patrullado los caseríos y obligado a los habitantes a concentrarse en los polideportivos de cada centro poblado. Asimismo, presuntamente les retuvieron sus teléfonos celulares, lo que limitó cualquier posibilidad de comunicación con el exterior y de pedir ayuda.
Según las mismas versiones, pendientes de confirmación por parte de las autoridades, durante la tarde los hombres armados se retiraron hacia las zonas selváticas, no sin antes advertir a los pobladores que debían esperar una hora antes de volver a encender sus dispositivos móviles.
Uno de los aspectos que más inquietud genera entre las comunidades es el tiempo que tardó en llegar la Fuerza Pública. Según la información recibida, los uniformados habrían arribado aproximadamente nueve horas después de la retirada de los hombres armados, tras reiterados llamados de auxilio de los habitantes a los organismos de seguridad y a entidades de defensa de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo regional Putumayo.
Esta circunstancia requiere una aclaración oficial que permita establecer los tiempos de respuesta institucional y las condiciones de seguridad que enfrentaron los pobladores durante y después de la incursión.
Hasta el momento no se conocen públicamente las circunstancias precisas de los dos homicidios, los posibles responsables ni los móviles de los hechos.
La Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte y Sucumbíos rechazó el asesinato de Nancy Espinel e hizo un llamado a las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y garantizar la protección de las comunidades y de sus liderazgos.
Los acontecimientos generan especial preocupación por las posibles afectaciones a la población civil, entre ellas las restricciones a la movilidad, a las comunicaciones y a la libertad de las personas que, según las denuncias, habrían sido obligadas a permanecer concentradas bajo el control de hombres armados durante buena parte del día.
También trascendió que la Gobernación del Putumayo realizó un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación. Sin embargo, al cierre de esta información no se conocen oficialmente las decisiones, las medidas preventivas ni los compromisos institucionales derivados de dicha reunión.
Las comunidades esperan un pronunciamiento de las autoridades departamentales, la Fuerza Pública y los organismos de investigación que permita esclarecer los hechos y conocer las medidas de protección que se adoptarán en Mayoyoque, Gallinazo y otros sectores rurales de Puerto Guzmán.
El asesinato de una lideresa campesina y de otro habitante de la región, sumado a las denuncias sobre el sometimiento de la población civil, plantea la necesidad de una respuesta institucional que vaya más allá de la presencia militar posterior a los hechos. Para los habitantes, la prioridad debe ser proteger la vida, prevenir nuevas incursiones y garantizar que puedan permanecer en sus territorios sin amenazas ni temor.
Desde este espacio expresamos nuestra solidaridad con las familias afectadas y con los habitantes de Mayoyoque y Gallinazo. Putumayo necesita verdad, justicia y garantías efectivas de protección para sus comunidades rurales.
