¿Retroceso en derechos sexuales? Ministra busca derogar política y Petro la cuestiona
Ilva Myriam Hoyos pidió iniciar el trámite para eliminar la Resolución 1350 de 2026 y frenar nuevas acciones relacionadas con su implementación. El expresidente Gustavo Petro advirtió sobre posibles consecuencias para la educación sexual y los derechos reproductivos de las mujeres.
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, solicitó al Gobierno nacional iniciar el procedimiento para derogar la política de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos que estaría vigente hasta 2035.
La petición desató críticas del expresidente Gustavo Petro, quien advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, tendría la medida para la prevención de embarazos adolescentes y la protección de los derechos de las mujeres.
La solicitud quedó consignada en un documento fechado el 21 de septiembre de 2026 y dirigido a Andrés Barreto González, secretario jurídico de la Presidencia.
En el oficio, la funcionaria pidió adoptar medidas urgentes frente a la Resolución Conjunta 1350 del 10 de julio de 2026, mediante la cual los ministerios de Salud, Trabajo, Educación y de las Culturas, las Artes y los Saberes adoptaron la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para el periodo 2026-2035.
En el documento, Hoyos argumentó que la política presenta cuestionamientos constitucionales y legales relacionados con las obligaciones que establece para las instituciones educativas, la autonomía escolar y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.
La ministra también cuestionó que la resolución contemple la incorporación transversal de sus contenidos en los proyectos educativos institucionales, los planes de estudio, las prácticas pedagógicas, la formación docente y los planes territoriales.
Entre sus objetivos, la política plantea transformar normas sociales y de género para promover relaciones basadas en el respeto, fortalecer la participación institucional y comunitaria en la protección de los derechos sexuales y reproductivos, y prevenir las violencias y las prácticas que vulneren esos derechos.
Otro de los argumentos expuestos por Hoyos es que la implementación de la política contempla compromisos de planeación y financiación sin una identificación suficiente de las fuentes de recursos y las competencias de gasto.
Además, señaló que ante la Sección Primera del Consejo de Estado cursa una demanda de nulidad contra la resolución, radicada bajo el número 25624, en la que se cuestionan aspectos como la competencia para expedirla y su posible afectación de las normas que regulan el currículo y la autonomía escolar.
La ministra planteó dos actuaciones simultáneas: iniciar la revisión integral de la Resolución 1350 de 2026, junto con su anexo técnico, y expedir una directiva presidencial para contener sus efectos mientras se adelanta el procedimiento.
La segunda medida busca impartir instrucciones para que no se inicien nuevas actuaciones administrativas, presupuestales, contractuales o pedagógicas sustentadas en la resolución, además de solicitar información sobre las acciones que ya se hayan puesto en marcha.
Según el documento, la intención es evitar que durante el trámite se adquieran nuevos compromisos cuya posterior reversión pueda resultar jurídicamente más compleja.
El expresidente Gustavo Petro rechazó la iniciativa y sostuvo que limitar la política podría tener consecuencias negativas para la educación sexual, la prevención de embarazos no deseados y las condiciones de vida de las mujeres.
En su pronunciamiento a travez de X, cuestionó a la ministra por promover la revisión de la medida y afirmó que la falta de conocimientos sobre sexualidad durante la niñez y la adolescencia puede contribuir al aumento de embarazos no deseados.
Petro también advirtió que los embarazos adolescentes, sumados al abandono de las mujeres por parte de sus parejas y a la discriminación, pueden profundizar la pobreza de las madres y sus hijos.
El exmandatario fue más allá y calificó la actuación de la ministra como perjudicial para las familias colombianas. En su opinión, la iniciativa representa un retroceso en materia de derechos reproductivos y protección de las mujeres.
“Lo que ha hecho la ministra oscurantista es quitarle los derechos reproductivos a las mujeres de Colombia”, manifestó Petro.
La controversia enfrenta dos posiciones sobre el alcance de la política nacional. Mientras el Ministerio de Educación sostiene que existen dudas jurídicas sobre las obligaciones que establece la resolución y su impacto en la autonomía de los colegios, Petro advierte que revertirla podría debilitar las herramientas para promover el conocimiento sobre sexualidad y proteger los derechos reproductivos.
Artículo escrito por Edwuin Andrés Arroyo
