La Red Latinoamericana de Historia Pública cuestionó la salida de más de 30 elementos de exposición relacionados con la violencia política, los movimientos sociales y otros hechos de la vida nacional.
La decisión de retirar más de 30 piezas de las salas del Museo Nacional de Colombia continúa generando reacciones en el ámbito académico y cultural. Esta vez, la Red Latinoamericana de Historia Pública se pronunció en contra de la medida y reclamó claridad sobre los motivos que llevaron a desmontar objetos y elementos vinculados con episodios fundamentales de la historia política y social del país.
Los elementos retirados estaban relacionados con temas como la violencia política, las luchas feministas, los derechos de las personas LGBTIQ+, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz firmado en 2016. Entre las referencias históricas mencionadas en la controversia también aparecen figuras como Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, cuyos recorridos políticos están ligados a momentos decisivos de la historia contemporánea colombiana.
A través de un manifiesto divulgado por la revista Cambio, la organización reunió las firmas de centenares de historiadores, antropólogos, museólogos, artistas, gestores culturales y ciudadanos de Colombia y otros países de América Latina, Europa y Estados Unidos. Los participantes solicitaron que se expliquen las razones del retiro y se informe qué ocurrirá con los objetos que dejaron de estar expuestos al público.
El documento recibió el respaldo de personalidades del mundo académico y cultural, entre ellas Alejandro Castillejo, excomisionado de la Comisión de la Verdad; José Fernando Rubio Navarro, presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores; y Małgorzata Kazmierczak, presidenta de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. También suscribieron el pronunciamiento los historiadores Marco Palacios, Mauricio Archila y Francisco Ortega.
A esta lista se sumaron la antropóloga Mara Viveros Vigoya, el curador paraguayo Ticio Escobar, la investigadora argentina Ana Longoni, el artista José Alejandro Restrepo y Heidi Abderhalden, de Mapa Teatro. La Red Colombiana de Lugares de Memoria también respaldó la declaración, en la que se defendió la importancia de preservar las distintas voces y experiencias que conforman el pasado nacional.
Uno de los principales argumentos del colectivo es que un museo nacional debe representar a la sociedad en su conjunto y no limitar su narrativa a los intereses de una administración gubernamental. Desde esa perspectiva, los firmantes cuestionaron que se retiraran elementos relacionados con conflictos históricos, procesos de resistencia, exclusiones y reivindicaciones sociales que han marcado el desarrollo del país.
Para la Red Latinoamericana de Historia Pública, el patrimonio cultural no está compuesto únicamente por objetos asociados a personajes destacados, acontecimientos gloriosos o símbolos tradicionales de la nación. También comprende los testimonios de las víctimas, las experiencias de las comunidades afectadas por la violencia, las negociaciones de paz y las luchas de sectores que durante décadas tuvieron poca presencia en los relatos oficiales.
En su pronunciamiento, la organización advirtió que excluir estas experiencias de los espacios museísticos puede limitar la comprensión de los procesos históricos y dificultar el reconocimiento de las distintas memorias que conviven en Colombia. Por ello, insistió en que las instituciones culturales deben ofrecer herramientas para analizar los conflictos y las transformaciones sociales, incluso cuando se trate de episodios incómodos o que generen controversia.
El colectivo también defendió el papel de los museos como escenarios para el debate público. Según su postura, estas instituciones no deberían limitarse a presentar una versión uniforme del pasado, sino permitir que los visitantes conozcan diferentes perspectivas, cuestionen las interpretaciones establecidas y reflexionen sobre hechos que todavía tienen consecuencias en la sociedad actual.
La controversia, además, puso sobre la mesa la responsabilidad de las instituciones encargadas de conservar y divulgar el patrimonio histórico. Para los firmantes, retirar objetos de exposición sin ofrecer información suficiente sobre las razones de la medida puede alimentar dudas sobre los criterios utilizados para seleccionar qué episodios y protagonistas permanecen visibles en las salas.
Varios integrantes de la red han dedicado parte de su trayectoria profesional a investigar cómo los museos representan los pasados difíciles, las violencias y las experiencias de comunidades históricamente excluidas. Por esa razón, la decisión del Museo Nacional también fue interpretada por los adherentes como un asunto relacionado con el derecho a la memoria y con la manera en que las instituciones culturales construyen los relatos sobre la identidad del país.
El manifiesto concluyó con un llamado a proteger la pluralidad de las narraciones históricas y a garantizar que los espacios culturales puedan abordar las tensiones y contradicciones de la sociedad colombiana. Mientras continúa la discusión pública, la Red Latinoamericana de Historia Pública mantiene su exigencia de conocer las razones del retiro y el destino de las piezas, en una polémica que reabre el debate sobre la memoria, la representación y el papel de los museos en la construcción de la historia nacional.
