Alex González y funcionarios de dicha población fueron atacados con ráfagas de fusil cuando se desplazaban por una zona rural para atender a comunidades afectadas por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
La misión que buscaba proteger a la población civil terminó en medio de disparos. El secretario de Paz y Seguridad de Nariño, Alex González, y varios funcionarios de la administración municipal de Linares sobrevivieron a un ataque armado contra la caravana oficial en la que se movilizaban para atender la emergencia humanitaria provocada por los combates en esa localidad.
El episodio se registró después de las 9:00 de la noche del lunes 19 de octubre, cuando la comisión se dirigía hacia la vereda Bella Florida, en zona rural de Linares. Los servidores públicos viajaban desarmados y portaban banderas blancas, con el propósito de facilitar las labores de asistencia a las familias que permanecían atrapadas en medio de las hostilidades.
En medio de la situación, González pidió a los responsables que respetaran la vida de los ocupantes y advirtió que se trataba de una delegación oficial que adelantaba una acción humanitaria. Pese a la identificación de la misión, los disparos generaron momentos de angustia entre los funcionarios, quienes finalmente lograron salir ilesos, según la información conocida sobre el caso.
El ataque se produjo en medio de una grave crisis de seguridad que afecta a varias comunidades rurales de Linares. Desde el viernes 16 de octubre, habitantes de distintas veredas enfrentaban restricciones para movilizarse, dificultades para conseguir alimentos y agua potable, y el temor generado por los enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales que disputan el control territorial.
De acuerdo con el secretario de Paz y Seguridad, antes del incidente la comisión había conseguido facilitar la salida de más de 300 personas de las veredas Parapetos, Las Cochas y El Tambillo. Entre los afectados había decenas de niños, así como familias campesinas que necesitaban protección y atención urgente ante el deterioro de las condiciones de seguridad.
La situación obligó a coordinar esfuerzos entre la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Linares y las entidades encargadas de atender a las víctimas. Los habitantes evacuados fueron trasladados al coliseo municipal, donde reciben asistencia humanitaria mientras se evalúan las condiciones para garantizar su seguridad y atender sus necesidades básicas.
González manifestó su rechazo a lo ocurrido y señaló que la comisión se desplazaba junto al secretario de Gobierno municipal y otros integrantes de las administraciones departamental y local, sin armas y con banderas blancas. También expresó su preocupación por las condiciones en las que se encontraban las familias afectadas y por los obstáculos que este tipo de hechos representa para las labores de ayuda en el territorio.
Las autoridades atribuyeron de manera preliminar la responsabilidad del ataque a estructuras armadas ilegales que operan en la zona. En los reportes relacionados con los enfrentamientos se mencionan al Frente Comuneros del Sur, las Autodefensas Unidas de Nariño y la columna Franco Benavides, vinculada a las disidencias de las Farc. Sin embargo, la responsabilidad específica por los disparos contra la caravana deberá ser establecida por las autoridades competentes.
Desde la Gobernación de Nariño se rechazó la agresión y se reiteró la intención de continuar con la atención a las comunidades afectadas, pese a los riesgos que persisten en el área rural. La administración departamental y la Alcaldía mantienen labores de coordinación para brindar acompañamiento a las familias que debieron abandonar temporalmente sus viviendas.
El secretario de Paz aseguró que la situación de orden público seguía siendo delicada y que los esfuerzos de mediación y asistencia no podían limitarse a reuniones institucionales, sino que debían desarrollarse directamente en las zonas afectadas. La continuidad de los enfrentamientos, no obstante, mantiene la incertidumbre sobre el regreso seguro de los campesinos a sus hogares.
El ataque contra una comisión que se identificaba como humanitaria vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan las comunidades y los funcionarios que intentan facilitar la atención de civiles en medio del conflicto armado. Mientras avanza la verificación de lo sucedido, las familias desplazadas temporalmente requieren garantías de seguridad, acceso a bienes esenciales y condiciones para recuperar la tranquilidad.
