El ataque aéreo autorizado durante la madrugada de este jueves 22 de octubre se enmarca en la política de seguridad de la administración ‘Firmes por la Patria’, que dio por terminados los procesos de diálogo de paz.
Un bombardeo contra un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el suroccidente colombiano, dejó como resultado la muerte de varios presuntos integrantes de esa organización armada ilegal. Mientras algunas versiones iniciales dieron cuenta de ocho fallecidos, posteriormente comenzó a circular la cifra de nueve, por lo que se espera la confirmación oficial del balance definitivo.
La operación se desarrolló durante la madrugada de este jueves 22 de octubre, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara que había autorizado un ataque aéreo contra estructuras del ELN que operan en el departamento del Cauca.
El mandatario manifestó que la autorización se impartió alrededor de la 1:00 de la madrugada y reiteró que su administración no contempla treguas frente a las organizaciones armadas ilegales. También señaló que las Fuerzas Militares tienen instrucciones de actuar con contundencia, dentro del marco de la ley.
De acuerdo con los reportes preliminares, la acción militar estuvo dirigida contra integrantes del Frente de Guerra Suroccidental del ELN. Sin embargo, la ubicación exacta del objetivo ha sido objeto de versiones que mencionan una zona limítrofe entre Cauca y Nariño, aspecto que deberá ser precisado por las autoridades.
El bombardeo refleja el enfoque de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella, cuya administración ha descartado la continuidad de los procesos de negociación política heredados de la política de ‘Paz Total’ del anterior gobierno.
Desde agosto, el Ejecutivo anunció el cierre de varios espacios de diálogo con organizaciones armadas ilegales, argumentando que no habían producido avances concretos en materia de desarme, sometimiento a la justicia o construcción de paz. Posteriormente, en septiembre, formalizó el retiro de los representantes gubernamentales de la mesa de conversaciones con el ELN.
La posición del mandatario consiste en que los grupos que continúen utilizando las armas y cometiendo delitos deberán enfrentar la capacidad legítima del Estado. Bajo esta orientación, las operaciones militares, las capturas y la presión sobre las estructuras de mando y sus fuentes de financiación ocupan un lugar central en la estrategia gubernamental.
El pasado 20 de octubre, De la Espriella anunció una ofensiva contra el ELN y las disidencias de las Farc, con el propósito de golpear a sus principales cabecillas y afectar sus mecanismos de financiación. Dos días después, confirmó la autorización del bombardeo contra la estructura guerrillera en el suroccidente del país.
En este escenario, la política de ‘Firmes por la Patria’ marca una diferencia frente al enfoque de negociación que caracterizó a la administración anterior. El Gobierno sostiene que no mantendrá mesas de diálogo que, a su juicio, permitan a las organizaciones armadas prolongar sus actividades ilegales sin compromisos verificables de paz.
No obstante, el Ejecutivo también ha planteado una vía de sometimiento a la justicia para integrantes de organizaciones criminales, mediante una iniciativa legislativa que busca establecer condiciones jurídicas para quienes decidan abandonar las armas y colaborar con las autoridades. Esta alternativa se diferencia de una negociación política con las guerrillas.
Después del bombardeo, las tropas avanzaron en las labores de verificación para establecer los resultados de la operación, determinar el número de personas muertas y precisar si en el lugar había material de guerra u otros elementos de interés para las investigaciones.
Por ahora, la cifra de nueve presuntos integrantes del ELN debe manejarse con cautela, debido a que los primeros reportes periodísticos mencionaron ocho fallecidos y no se cuenta aquí con una confirmación oficial definitiva del nuevo balance.
La operación se produce en medio de la compleja situación de orden público que afronta el suroccidente colombiano, donde la presencia de grupos armados ilegales continúa representando un desafío para las autoridades y las comunidades rurales.
Se espera que el Gobierno Nacional y los mandos militares entreguen detalles sobre el lugar exacto del ataque, la identidad de las personas fallecidas y los resultados definitivos de esta ofensiva contra el ELN.
