La Administración derechista enfrenta una tormenta política tras rebajar las penas a decenas de agresores sexuales de menores y al menos a dos represores de la dictadura de Pinochet.
Una profunda crisis política, originada en el corazón mismo de su promesa de campaña, sacude por estos días al Gobierno de José Antonio Kast. Aunque el mandatario llegó al poder el pasado mes de marzo enarbolando las banderas del orden público, la aplicación de la “mano dura” contra el crimen y la protección irrestricta de la niñez y la familia, su Administración terminó beneficiando con rebajas de condena a 56 pederastas y, por lo menos, a dos agentes condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El escándalo ha desatado una ola de cuestionamientos que no solo proviene de la oposición y de juristas expertos, sino también de las propias filas del oficialismo, dejando al Ejecutivo sin una estrategia clara para contener el desplome de su principal activo político: el combate frontal a la delincuencia.
El caso salió a la luz pública el miércoles a través de una investigación del medio Interferencia. El reporte reveló que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre, el Ejecutivo emitió tres decretos que redujeron el tiempo en prisión a 29 condenados por violación y a 27 por abuso sexual, todos crímenes perpetrados contra víctimas menores de edad. De todas las solicitudes revisadas por las autoridades en ese lapso, apenas una fue denegada. Esta facultad administrativa, común en diversas legislaciones del mundo y ejecutada en Chile a través del Ministerio de Justicia y Gendarmería, busca premiar e incentivar la buena conducta de los reclusos dentro de los penales.
En medio de la tormenta, el rostro visible de la controversia ha sido el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Para intentar frenar la hemorragia política, el funcionario anunció este viernes la suspensión en el trámite de nuevos decretos de rebaja de penas, aunque dejó en el aire la duda de si el congelamiento aplicará para toda la población carcelaria o únicamente para quienes purgan sentencias por delitos sexuales contra niños y adolescentes.
Sin embargo, el anuncio llega tarde para revertir el efecto de los decretos ya firmados. En una entrevista televisiva concedida la noche del jueves, el propio Rabat admitió que los 56 agresores sexuales prácticamente ya recuperaron su libertad. “La mayoría tiene que haber salido”, contestó el jefe de la cartera al ser interrogado sobre el paradero actual de esta cincuentena de reos beneficiados por el Gobierno en este 2026.
Mientras diversos analistas califican lo ocurrido como un “error garrafal”, en el plano práctico resulta sumamente complejo devolver a estos condenados tras las rejas. El procedimiento administrativo dicta que el decreto es firmado por el ministro de Justicia por orden presidencial; posteriormente, el documento pasa por el filtro de la Contraloría y, tras su publicación en el Diario Oficial, entra en vigor de forma inmediata. Al estar la mayoría de los reos en la calle, se da por sentado que los tres decretos cumplieron todo su ciclo legal, aunque el Gobierno no ha transparentado el estado exacto de los documentos.
El abogado experto Tomás Jordán explica la encrucijada legal en la que se encuentra La Moneda para intentar deshacer sus propios pasos: “Si los decretos no están publicados, no se mantiene la tramitación y no se concede el beneficio. Si están publicados, sin embargo, el Ejecutivo tendría que tratar de invalidarlos, argumentando y reconociendo que hay un error de derecho para dejarlo sin efecto”.
El problema radica en que la Administración de Kast se niega a reconocer equivocación alguna. Lejos de asumir un “error de derecho”, el ministro Rabat ha intentado justificar las liberaciones apelando inicialmente a una supuesta “doctrina” impuesta por la Corte Suprema y, más tarde, escudándose en la existencia de un “vacío legal”.
Para dimensionar el giro administrativo del actual Gobierno hay que remontarse a febrero de 2022, en el ocaso de la administración del expresidente derechista Sebastián Piñera. En aquel momento, el Congreso chileno aprobó una reforma a la ley penitenciaria que prohibió expresamente otorgar rebajas de condena a pederastas. No obstante, esa ley solo vino a plasmar en el papel lo que ya funcionaba como una política de Estado inalterable: incluso antes de 2022, sin importar el color político del gobernante de turno, el Ministerio de Justicia rechazaba por sistema cualquier solicitud de este tipo.
Bajo esa dinámica histórica, cuando el Gobierno negaba el beneficio, el reo tenía la opción de acudir a los tribunales mediante un recurso de amparo, escenario en el cual los abogados del Ejecutivo defendían con firmeza la negativa estatal. Aunque en ocasiones las Cortes de Apelaciones respaldaban al Gobierno y mantenían al preso en la cárcel, hubo casos puntuales en los que la Corte Suprema concedió la rebaja tras evaluar cada expediente de forma individual.
Rabat utilizó precisamente esos fallos aislados para sostener que el máximo tribunal chileno había fijado una jurisprudencia uniforme a favor de los abusadores con buena conducta que hubieran sido condenados antes de la ley de febrero de 2022. Sin embargo, los registros judiciales contradicen al ministro: la Corte Suprema ha validado en múltiples ocasiones la aplicación retroactiva de dicha ley, cerrando la puerta a la liberación de agresores de menores.
Exfuncionarios del anterior Gobierno de Gabriel Boric han sido tajantes al señalar la negligencia del actual Ejecutivo. Jaime Gajardo, extitular de Justicia, calificó la actuación de Rabat como una equivocación “garrafal”, explicando que el ministerio capituló antes de dar la pelea legal, asumiendo erróneamente que los jueces siempre le darían la razón a los reclusos. En la misma línea, el exministro de Seguridad de Boric, Luis Cordero, resumió la falla apuntando que la liberación de los pederastas “es una decisión que se tomó administrativamente sin esperar el litigio judicial”.
El golpe definitivo a la coartada del Gobierno de Kast lo propinó la propia presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich. La magistrada desbarató la tesis oficialista sobre una supuesta doctrina judicial obligatoria y devolvió toda la responsabilidad política y administrativa al Ejecutivo. “Fue el ministro de Justicia quien dictó decretos conforme a las facultades legales que tiene”, sentenció la jueza Chevesich, dejando al Gobierno sin excusas frente a una ciudadanía que hoy.
