Defensoría pide revisar nombramientos en el Estado por denuncias de violencia contra las mujeres
En las últimas horas la Defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que varias personas señaladas en denuncias o procesos relacionados con presuntas violencias de género han sido nombradas o podrían llegar a ocupar cargos de alta responsabilidad.
Es por esto que la entidad hizo un llamado al Gobierno nacional y a las entidades del Estado para que revisen recientes nombramientos y posibles vinculaciones a cargos de alto nivel de personas que enfrentan denuncias o procesos relacionados con presuntas violencias contra las mujeres.
La advertencia se produce luego de conocerse tres casos que involucran a funcionarios o posibles integrantes de entidades públicas.
En el Ministerio de las Culturas fue nombrado como asesor Hatem Eduardo Dasuky Quiceno que enfrenta un proceso penal por presuntos hechos de violencia sexual ocurridos durante sus funciones diplomáticas en Chile.
Asimismo, la entidad se refirió a la posible vinculación del general retirado Eduardo Zapateiro, a un cargo directivo de seguridad en Ecopetrol, mientras afronta un proceso relacionado con presunto acoso sexual. También mencionó el nombramiento del presidente de Coljuegos, Jaime Gregorio Vives Pinedo contra quien existe una denuncia por presunta violencia intrafamiliar y violencia basada en género.
Frente a estos hechos, la Defensoría aclaró que corresponde a la justicia determinar las responsabilidades penales y que debe respetarse la presunción de inocencia. Sin embargo, insistió en que esta garantía no impide que el Estado evalúe con responsabilidad los nombramientos en cargos de alta relevancia pública.
Uno de los principales cuestionamientos de la entidad está relacionado con el impacto que estas decisiones pueden tener en las mujeres que han denunciado hechos de violencia o que están considerando acudir a las autoridades.
La institución advirtió que las decisiones sobre quiénes ocupan posiciones de poder también transmiten mensajes a la sociedad y pueden generar dudas sobre la importancia que las instituciones conceden a las denuncias.
Además, recordó que las violencias contra las mujeres pueden afectar su salud mental, autonomía, seguridad y proyectos de vida. A esto se suman obstáculos como el temor a represalias, la revictimización y las dificultades para acceder a la justicia y recibir protección oportuna.
Por esa razón, la Defensoría reiteró que la violencia contra las mujeres no puede tratarse como un asunto privado y señaló que las decisiones del Estado deben ser coherentes con sus compromisos de prevención y atención de estas conductas.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo solicitó revisar los nombramientos y las posibles vinculaciones mencionadas, con el propósito de enviar un mensaje coherente de rechazo a la violencia basada en género.
También pidió establecer criterios claros, públicos y consistentes para la selección de personas que ocuparán cargos de alta responsabilidad. Entre los aspectos que deberían evaluarse están la gravedad de los hechos denunciados, el estado de los procesos, las funciones del cargo y los posibles conflictos de interés.
La entidad añadió que estas evaluaciones deben tener en cuenta los riesgos de presión, represalias o revictimización que podrían enfrentar las mujeres denunciantes.
Con este pronunciamiento, la Defensoría busca que las instituciones públicas actúen de manera coherente frente a la prevención de las violencias de género, sin sustituir las decisiones de la justicia ni desconocer las garantías legales de las personas involucradas.
Artículo escrito por Edwin Andrés Arroyo
