Reinaldo Escobar fue detenido el 29 de octubre, cuando acudió a una citación en las instalaciones de la Unidad Nacional de Protección, UNP.
La captura de Reinaldo Escobar, reconocido líder del proceso de reincorporación y firmante del Acuerdo Final de Paz, generó pronunciamientos de rechazo y preocupación entre organizaciones sociales del suroccidente colombiano. La detención se produjo el jueves 29 de octubre en Popayán, Cauca, y motivó a la Federación de Organizaciones Sociales y Solidarias del Suroccidente Colombiano (FEDECOMUN) a exigir explicaciones a las autoridades y garantías para sus derechos fundamentales.
A través de un comunicado público, FEDECOMUN denunció las circunstancias en las que se produjo el procedimiento y expresó su preocupación por la situación jurídica del dirigente, integrante de la Asociación de Mujeres y Hombres Construyendo Vida (AMSUR), quien ha participado durante varios años en procesos organizativos y de reincorporación de firmantes de paz en Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
Según la organización, Escobar fue citado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) a sus instalaciones y, cuando acudió al lugar para atender el requerimiento, terminó siendo detenido. Esta situación fue cuestionada por FEDECOMUN, que considera necesario esclarecer por qué una entidad encargada de garantizar la protección de personas en situación de riesgo terminó siendo el escenario donde se produjo su captura.
La federación destacó la trayectoria del dirigente y su participación en la construcción y consolidación de procesos asociativos de personas que dejaron las armas y se acogieron al Acuerdo de Paz. Asimismo, señaló que ha desempeñado responsabilidades en diferentes espacios organizativos y ha contribuido al fortalecimiento de iniciativas comunitarias y de construcción de paz en el suroccidente del país.
Uno de los principales puntos planteados por FEDECOMUN tiene que ver con la seguridad jurídica de los firmantes del Acuerdo Final de Paz y la necesidad de establecer qué autoridad judicial tiene competencia para conocer el proceso contra Escobar.
En ese sentido, la organización solicitó una revisión urgente de su situación jurídica y pidió aclarar si el caso corresponde a la justicia ordinaria o a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), teniendo en cuenta los mecanismos de competencia y traslado de procesos establecidos en el marco del Acuerdo Final.
La federación insistió en que deben garantizarse el debido proceso, los derechos fundamentales y los compromisos institucionales relacionados con la reincorporación de quienes suscribieron el acuerdo.
Otro aspecto que genera interrogantes entre los integrantes de la organización es lo ocurrido con el esquema de protección asignado a Reinaldo Escobar.
Por esta razón, solicitaron a la Unidad Nacional de Protección explicar las circunstancias de la citación que terminó con su captura y entregar información sobre el vehículo asignado a su esquema de seguridad. También pidieron que no se adopten decisiones que puedan comprometer su integridad sin cumplir los procedimientos correspondientes.
La organización considera necesario que se establezca si durante el procedimiento se respetaron las garantías de seguridad y protección que le correspondían al dirigente.
En su pronunciamiento, FEDECOMUN formuló cuatro solicitudes concretas:
- La libertad inmediata de Reinaldo Escobar, mediante las actuaciones judiciales correspondientes y con pleno respeto a sus derechos y garantías como firmante de paz.
- La revisión urgente de su situación jurídica, con claridad sobre las competencias de la justicia ordinaria y la JEP y la aplicación de los mecanismos contemplados en el Acuerdo Final.
- Una explicación oficial de la UNP sobre las circunstancias de la captura y lo ocurrido con su esquema de protección.
- El acompañamiento inmediato de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y las demás autoridades competentes para garantizar su integridad, sus derechos fundamentales y el debido proceso.
Finalmente, FEDECOMUN expresó su solidaridad con Reinaldo Escobar, su familia y la organización AMSUR, al tiempo que hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las instituciones responsables para que atiendan la situación y entreguen respuestas.
Por ahora, las exigencias de la federación se concentran en conocer las razones jurídicas de la detención, establecer las competencias de las autoridades judiciales y verificar las condiciones de protección del firmante de paz.
La organización reiteró que las garantías de seguridad jurídica y reincorporación de quienes suscribieron el Acuerdo de Paz deben contar con respuestas institucionales y mecanismos efectivos de protección.
