Organizaciones sindicales, sociales y políticas preparan movilizaciones pacíficas en distintas regiones de Colombia. Cuestionan las medidas tributarias y de ajuste del gasto propuestas por el Gobierno.
Organizaciones sindicales, sociales, populares, campesinas, indígenas, afrodescendientes, estudiantiles, de mujeres y comunales, junto con sectores políticos, convocaron a una jornada de paro nacional que comenzará el jueves 19 de noviembre en rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
Los promotores anunciaron movilizaciones masivas y pacíficas en distintas regiones del país. Según explicaron, la protesta también busca defender la soberanía, la democracia, la paz, las reformas sociales y los derechos de las comunidades.
Además del proyecto económico, los convocantes manifestaron su oposición a iniciativas gubernamentales como el estatuto antiterrorista y la ley de paz, que consideran contrarias a las aspiraciones de la ciudadanía.
Una de las principales preocupaciones de las organizaciones es el efecto que tendría la reforma sobre el presupuesto de los hogares. Según la convocatoria, el proyecto contempla modificaciones al IVA que elevarían la tarifa de determinados productos de consumo cotidiano del 5 % al 19 %.
También incluiría mayores cargas tributarias sobre los ingresos laborales y un aumento progresivo de los aportes a salud para algunos trabajadores, que pasarían del 4 % hasta el 8 %.
Los convocantes sostienen que el 75,32 % del ajuste fiscal propuesto provendría de mayores ingresos tributarios y contribuciones, mientras que el 24,68 % restante correspondería a reducciones del gasto estatal. A su juicio, esa distribución afectaría especialmente a los hogares de menores ingresos y a la clase media.
Las organizaciones también rechazaron las propuestas de reducción del gasto de personal y de recorte a la contratación estatal, así como las facultades solicitadas para reorganizar, fusionar o suprimir entidades públicas. Advirtieron que estas decisiones podrían tener consecuencias sobre el empleo y la prestación de servicios esenciales.
A estas preocupaciones se suma el peso de la deuda pública. De acuerdo con las cifras citadas por los convocantes, el servicio de la deuda pasaría de representar el 18,4 % del presupuesto nacional en 2026 al 24,5 % en 2027. En el mismo periodo, la participación de la inversión disminuiría del 16 % al 14 %.
Para los sectores promotores, esa distribución limitaría la capacidad del Estado para atender necesidades sociales e impulsar el desarrollo nacional.
La jornada también fue convocada en defensa de la educación y la salud públicas, los derechos de las mujeres, las comunidades étnicas y campesinas, el sector agropecuario y el patrimonio público. Los organizadores expresaron su oposición a políticas de privatización y a eventuales recortes de derechos sociales y políticos.
Como alternativa para enfrentar el déficit fiscal, plantearon una tributación más equitativa, el fortalecimiento de la producción nacional y la protección del empleo. Sostienen que el ajuste no debe trasladar sus mayores cargas a las familias trabajadoras.
El paro se prepara mediante asambleas, encuentros y espacios de coordinación territorial en todo el país. La convocatoria surgió del Encuentro Nacional por la Defensa de la Vida, la Dignidad, la Democracia, la Paz, la Soberanía y las Reformas Sociales.
Según los organizadores, en ese encuentro participaron más de 1.500 delegados de organizaciones sindicales, campesinas, étnicas y políticas de distintas regiones, quienes declararon su oposición político-social al Gobierno de De la Espriella.
