Los ataques con drones y explosivos contra la Fuerza Pública aumentan la vulnerabilidad de los militares y evidencian las falencias del país para enfrentar esta amenaza.
El comedor del Cantón Militar de Santa Rosa del Sur se convirtió en el epicentro de una nueva ofensiva con explosivos transportados por drones. Hacia las 12:30 del mediodía, mientras los soldados almorzaban, las primeras detonaciones desataron el caos dentro de la instalación. Una segunda oleada de aeronaves aumentó el temor entre los uniformados y los habitantes que se encontraban cerca. El balance preliminar dejó al menos tres militares muertos, 16 heridos de gravedad y otras 31 personas afectadas.
El ataque, atribuido al ELN, figura entre los más mortales del año y refleja la creciente importancia de estas aeronaves en el conflicto colombiano. Las cifras recopiladas durante 2026 muestran una expansión de su uso, mientras las instituciones enfrentan dificultades para responder a equipos cada vez más sofisticados.
Desde la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia, en agosto, al menos 12 integrantes de la Fuerza Pública han muerto por cargas explosivas lanzadas desde drones. Durante los siete meses anteriores se habían registrado ocho fallecimientos. El promedio mensual pasó de poco más de una víctima mortal a cerca de cuatro.
El recuento parte de información de la Policía Nacional, con corte al 20 de octubre, obtenida por medios de comunicación internacional mediante una solicitud de acceso a información pública. A ese registro se agregan la muerte del infante de marina Edwin Andrés Vargas, ocurrida el 23 de octubre, y las de los tres soldados en Santa Rosa del Sur.
El primer caso documentado de un ataque de estas características ocurrió en julio de 2023, en Puerto Guzmán, Putumayo. Desde entonces, su frecuencia ha aumentado de forma sostenida. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) contabilizó 119 acciones en 2024 y 277 en 2025. Para el 2 de noviembre de 2026, el registro ya alcanzaba 351: aproximadamente una cada 21 horas. Agosto concentró 56 episodios, la cifra mensual más alta del año.
Tras lo sucedido en Santa Rosa del Sur, De la Espriella calificó la ofensiva como un “ataque terrorista” y anunció que se buscaría identificar y capturar a los responsables. La condena presidencial, sin embargo, se produce en medio de las limitaciones para impedir que estos dispositivos alcancen sus objetivos.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, durante 2025 se detectaron unos 9.000 intentos de ataque y se neutralizó alrededor del 96%. La proporción que logró superar las defensas bastó para causar víctimas y daños.
Para el exministro de Defensa Pedro Sánchez, los recursos disponibles pierden efectividad frente al uso masivo de drones y a sus avances tecnológicos. Gerson Arias, investigador de la FIP, señala además una diferencia estructural: las organizaciones armadas operan con menos restricciones que las instituciones estatales.
Esa brecha se evidencia en los equipos empleados. A los aparatos que dejan caer explosivos se suman drones kamikaze, diseñados para impactar directamente contra un objetivo. También se utilizan dispositivos controlados mediante fibra óptica, que no dependen de señales de radio y, por ello, no pueden ser bloqueados por los inhibidores convencionales.
🚨 Tres militares muertos y más de 30 heridos deja un ataque con drones cargados de explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa, en el sur de Bolívar.
El atentado se registró este sábado. Los uniformados heridos están siendo trasladados a centros asistenciales de Barrancabermeja y Bucaramanga. Las autoridades investigan quiénes estarían detrás de este nuevo ataque contra la Fuerza Pública.
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— Hoy|Noticias (@HoyNoticias2) November 7, 2026
Según inteligencia militar, la facción de Mordisco acumula 175 ataques este año. El ELN, que había ejecutado 36 en 2025, registra ya 145. El país no dispone de una respuesta capaz de contener por completo esta amenaza.
Los registros policiales muestran diferencias entre las regiones más golpeadas. De los 16 uniformados muertos incluidos en el corte de esa institución, ocho fallecieron en el Catatumbo, Norte de Santander, donde el Gobierno de De la Espriella dispuso recientemente una militarización.
En Cauca sobresale el número de heridos: allí se registraron 46 de los 89 integrantes de la Fuerza Pública lesionados durante el año. Veinte eran policías, varios afectados en ataques contra estaciones. En el balance nacional de fallecidos, diez de las 16 víctimas eran soldados profesionales.
La violencia también alcanza a personas ajenas a las instituciones de seguridad. La Policía reporta otras 12 muertes por drones en 2026, aunque no distingue cuántas corresponden a civiles y cuántas a miembros de grupos armados.
Uno de los episodios ocurrió el 26 de febrero en Segovia, Antioquia. Una granada de mortero arrojada desde un dron impactó una vivienda y mató a una mujer y a dos de sus hijos. El secretario de Seguridad departamental, Luis Eduardo Martínez, subrayó que la familia no tenía relación con el conflicto.
La FIP compara la ventaja que estas aeronaves ofrecen a los grupos armados con el salto que dio la Fuerza Pública al fortalecer sus capacidades aéreas hace 25 años.
Según la información recogida, los primeros operadores recibieron formación en Venezuela, pero actualmente existen espacios de entrenamiento dentro de Colombia. También se presume la contratación de instructores que regresaron de Ucrania. Fuentes militares señalan que algunos aprendieron mediante videos disponibles en YouTube.
La preparación incluye tanto el manejo de los aparatos como su modificación y fabricación, explica Arias. Las organizaciones compran componentes o producen piezas con impresoras 3D. En un mensaje de comienzos de 2025 citado por la FIP, Mordisco aseguraba que podía construir por seis millones de pesos un dron cuyo precio comercial llegaba a 36 millones. Esa capacidad de reducir costos contribuye a extender una amenaza que sigue desbordando las defensas disponibles.
Las inversiones de Colombia en tecnología para contrarrestar drones no han logrado cerrar las brechas de protección de la Fuerza Pública. Durante años, las adquisiciones se han realizado en cantidades limitadas, entre retrasos, cuestionamientos técnicos y resultados insuficientes. El desafío también es económico: mientras los grupos armados pueden adquirir una aeronave por unos pocos miles de dólares, los dispositivos destinados a neutralizarla representan inversiones millonarias.
Uno de esos negocios se firmó en diciembre de 2024, cuando el Ministerio de Defensa destinó 25,4 millones de dólares a equipos de la compañía estadounidense Dedrone, pese a la prohibición del entonces presidente Gustavo Petro de comprar sistemas de ese país. La entrega no se concretó en los tiempos previstos. Al año siguiente, el Ejército adquirió 40 inhibidores portátiles DroneGun, cuyo alcance se limita a distancias cortas.
La capacidad de detección también quedó bajo cuestionamiento. Los requerimientos establecían que los dispositivos debían identificar drones a dos kilómetros. Sin embargo, hallazgos de la Contraloría retomados por el nuevo Gobierno indican que los sistemas adquiridos durante los últimos cuatro años habrían detectado las aeronaves apenas a entre 300 y 430 metros. Sánchez sostiene que las condiciones particulares de Colombia impiden encontrar actualmente un equipo que satisfaga esa exigencia.
Las consecuencias de esas limitaciones se hicieron evidentes en varios ataques. El 12 de agosto de 2025, drones arrojaron granadas de mortero contra un puesto fluvial ubicado sobre el río Naya, en Buenaventura. Murieron un sargento y dos soldados, mientras los equipos contratados con Dedrone todavía estaban pendientes de entrega. En febrero de 2026, el ELN empleó aeronaves guiadas por fibra óptica contra el cantón militar San Jorge, en Saravena, Arauca. El sistema de protección de la base no pudo neutralizarlas.
Otra controversia surgió alrededor de los equipos destinados al Catatumbo. En 2025, bajo la dirección de Sánchez, el Ministerio canalizó las adquisiciones a través de Codaltec, una empresa estatal que recurrió a proveedores extranjeros porque no fabricaba esos sistemas. El exministro explica que pretendía impulsar el desarrollo tecnológico nacional y orientar al menos el 70% del presupuesto hacia esa compañía, condicionado al cumplimiento de los requisitos y a su competitividad.
El contrato contemplaba 19 sistemas por cerca de 80.000 millones de pesos, equivalentes a unos 25 millones de dólares. Los equipos no superaron las pruebas y el Ejército se abstuvo de recibirlos, al considerar que no neutralizaban todos los drones. Codaltec, por su parte, asegura que satisfacen las especificaciones pactadas. El desacuerdo permanece sin resolver.
En enero de 2026, Defensa presentó el Escudo Nacional Antidrones, con una inversión proyectada superior a seis billones de pesos, unos 1.900 millones de dólares. Aunque se anunciaron evaluaciones en tres continentes y 119 empresas manifestaron interés, el proceso no terminó en adjudicaciones.
Sánchez reconoce que dejar el cargo sin concretar esa protección fue una de sus mayores frustraciones. Según su versión, el equipo técnico se negó a avalar la adquisición porque ninguna alternativa garantizaba una eficacia total, aun cuando se evaluaban las mejores opciones disponibles. Su reproche es que, mientras continuaba la discusión sobre las capacidades de los equipos, los ataques seguían cobrando vidas entre los soldados.
La protección frente a los drones figuraba entre las prioridades de Abelardo de la Espriella antes de asumir la presidencia. El 5 de agosto, su equipo puso en conocimiento de la Fiscalía el contrato de Codaltec, al advertir presuntos sobrecostos que alcanzarían el 85%. Desde entonces, los anuncios oficiales no se han traducido en adjudicaciones conocidas posteriores al 7 de agosto.
El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, anunció el 4 de octubre la incorporación de tecnología para controlar y proteger el espacio aéreo, aunque no precisó un calendario. Arias sostiene que las Fuerzas Militares operan apenas con el 46% de las capacidades que necesitan. Entretanto, sigue pendiente la respuesta de la Policía a la solicitud de la prensa internacional sobre los recursos destinados a sistemas antidrones entre 2022 y 2026. El Gobierno tampoco contestó las consultas del diario.
Para la Fundación Ideas para la Paz, adquirir equipos no basta. Su propuesta incluye intervenir las redes que suministran componentes, capacitan operadores y abastecen a las organizaciones armadas. También plantea priorizar la protección de las unidades pequeñas y remotas, especialmente vulnerables. El desafío trasciende las fronteras colombianas y recuerda una advertencia atribuida al mariscal británico Bernard Montgomery: perder la superioridad aérea puede precipitar la derrota en una guerra.
