La propuesta del Gobierno incluida en la Ley de Rescate Económico enfrenta una fuerte resistencia de varias bancadas políticas. Los congresistas consideran que gravar los productos básicos tendría un impacto directo en el bolsillo de los hogares.
La posibilidad de aplicar un impuesto del 19 % a diferentes productos de la canasta familiar comenzó a encontrar un fuerte obstáculo en el Congreso de la República. Varias bancadas políticas advirtieron que no respaldarán medidas tributarias que terminen encareciendo los alimentos de consumo cotidiano, en medio de la discusión de la denominada Ley de Rescate Económico impulsada por el Gobierno nacional.
La posición quedó expuesta durante una reunión entre representantes del Ejecutivo y las comisiones económicas del Legislativo, realizada en Barranquilla, donde se abrió un espacio de concertación sobre el proyecto presentado con mensaje de urgencia.
Uno de los principales puntos de desacuerdo es la posibilidad de ampliar el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) a productos que actualmente tienen un tratamiento tributario diferencial. Los parlamentarios consideran que trasladar esa carga a los consumidores podría incrementar el costo de vida, especialmente para las familias de menores ingresos.
Durante las conversaciones, los congresistas también cuestionaron la alternativa de devolver el IVA a los hogares vulnerables, al considerar que su implementación tendría dificultades operativas y no garantizaría una compensación efectiva para quienes resultarían afectados por el incremento.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, y otros integrantes de las comisiones económicas manifestaron reparos frente a diferentes componentes de la iniciativa, entre ellos los posibles impuestos al internet para los estratos 1, 2 y 3, la medicina prepagada, los vehículos híbridos, los dispositivos electrónicos y algunos servicios turísticos.
Por su parte, la representante Hilda Gutiérrez, del Centro Democrático, defendió la necesidad de reducir el gasto estatal antes de trasladar nuevas obligaciones tributarias a los ciudadanos.
“Sí a reducir el gasto público, no a gravar con IVA productos esenciales de la canasta familiar”, fue su posición frente a la propuesta.
Las diferencias entre el Gobierno y el Legislativo también están relacionadas con las expectativas de recaudo de la reforma. Según las cifras expuestas durante las conversaciones, el Ejecutivo buscaría obtener cerca de 80 billones de pesos, mientras que desde el Congreso consideran que el proyecto podría terminar recaudando entre 15 y 20 billones de pesos, dependiendo de los cambios que se introduzcan durante su trámite.
En medio de este debate, el Centro Democrático presentó una propuesta alternativa que incluye evaluar la venta de una participación accionaria de Ecopetrol, con prioridad para el sector solidario y los inversionistas institucionales.
La colectividad también planteó eliminar para 2027 varios impuestos, entre ellos el gravamen del 4 por 1.000, los tributos a las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados, el impuesto de timbre y los gravámenes a los combustibles y las bolsas plásticas.
Sin embargo, esta iniciativa encontró oposición de la Unión Sindical Obrera (USO), organización que defendió la importancia de mantener la participación estatal en Ecopetrol y destacó los aportes económicos que ha realizado la empresa a las finanzas públicas.
A las objeciones también se sumó el Partido Liberal, que propuso conservar el tratamiento tributario actual de los alimentos básicos y los insumos agropecuarios. La colectividad pidió revisar, además, los beneficios tributarios contemplados para las empresas y los impuestos relacionados con las bebidas.
Tras el encuentro en Barranquilla, Gobierno y Congreso acordaron instalar mesas técnicas durante esta semana para revisar los puntos de desacuerdo y buscar modificaciones que permitan avanzar en la iniciativa.
Por ahora, la exclusión del IVA a los alimentos de la canasta familiar es una de las principales exigencias de los congresistas y un asunto determinante para la negociación.
El proyecto de Ley de Rescate Económico todavía debe surtir su trámite legislativo, por lo que las medidas tributarias planteadas no están aprobadas ni constituyen obligaciones vigentes para los consumidores colombianos.
