Nueve integrantes de la Fuerza Pública, entre soldados, policías e infantes de Marina, permanecen en poder de estructuras armadas ilegales en el suroccidente colombiano.
La preocupación crece en el departamento del Cauca luego de que las disidencias de las Farc anunciaran su intención de adelantar supuestos juicios revolucionarios contra policías y militares que permanecen secuestrados por esta organización armada ilegal. La amenaza encendió las alarmas por la posibilidad de que los uniformados sean sometidos a decisiones arbitrarias que pongan en peligro sus vidas.
Ante la gravedad de este anuncio, vuelve a cobrar importancia la situación de los integrantes de la Fuerza Pública que fueron interceptados y privados de la libertad en diferentes municipios del Cauca y Nariño. Algunos llevan meses en cautiverio, mientras sus familias esperan pruebas de supervivencia y gestiones que permitan su regreso a casa.
Entre los militares secuestrados se encuentra Jamerson Adrián Guachetá Guachetá, retenido el 24 de julio de 2025 en el municipio de Cajibío, Cauca.
También permanecen en poder de las disidencias Jeison Javier García Rodríguez y Brayan Stiven Ruiz Toro, quienes cayeron en manos de este grupo armado después de enfrentamientos registrados en el norte del departamento de Nariño.
A esta lista se suma Juan David Buitrón Caicedo, secuestrado el 26 de agosto de 2025 en el municipio de Balboa, al sur del Cauca, así como Víctor Hugo Yepes García, soldado profesional que fue privado de la libertad durante los combates registrados el 14 de noviembre de ese mismo año.
Policías también permanecen en cautiverio
La situación también compromete a integrantes de la Policía Nacional que fueron interceptados por los grupos armados cuando se desplazaban por carreteras del suroccidente colombiano.
Entre ellos se encuentran Harold Ricardo Martínez, José Oneidi Larrahondo Salinas y Álvaro Jair Pístala Garrido.
Los casos tienen un elemento común: los uniformados fueron sorprendidos cuando se movilizaban hacia sus lugares de residencia para reencontrarse con sus familias o cuando pretendían llegar a sus sitios de trabajo. Sus desplazamientos terminaron convirtiéndose en episodios de secuestro que hoy mantienen en angustia a sus seres queridos.
A este preocupante panorama se suma el caso del infante de Marina profesional Anderson Sancho Guar, quien fue reportado inicialmente como desaparecido el 9 de agosto de 2026, cuando transitaba por una carretera rural del municipio de Inzá, en el oriente del Cauca.
Posteriormente se confirmó que estaba en poder del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, estructura que opera en esta zona del departamento.
Familias esperan garantías para sus seres queridos
El anuncio de los supuestos juicios revolucionarios representa un nuevo motivo de alarma para los familiares de los uniformados, quienes esperan que se respete su vida, integridad y condición de personas protegidas por el derecho internacional humanitario.
La privación de la libertad de integrantes de la Fuerza Pública no les otorga a los grupos armados facultades para someterlos a tribunales ilegales ni para imponerles castigos. Su situación debe resolverse mediante mecanismos humanitarios y con garantías para su liberación.
Mientras tanto, el Cauca vuelve a quedar en el centro de una grave preocupación humanitaria: uniformados que salieron a cumplir sus funciones o que simplemente viajaban para encontrarse con sus familias permanecen en cautiverio, ahora bajo la amenaza de procedimientos anunciados por quienes los mantienen secuestrados.
La exigencia es que se respete la vida de los nueve integrantes de la Fuerza Pública y que se concrete su liberación sin condiciones que pongan en riesgo su integridad.
El anuncio de las disidencias de las Farc
Pronunciamiento de las disidencias de las Farc, como medio de comunicación publicamos este pronunciamiento de este actor armado, con el fin de informar de esta situación:
A través de un vídeo se conoce que el denominado Secretariado del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), anunció la convocatoria a «juicios revolucionarios» contra miembros de la Fuerza Pública que, según el grupo, permanecen en su poder como prisioneros de guerra. El anuncio está contenido en un comunicado fechado el 10 de noviembre de 2026, dirigido a la opinión pública nacional e internacional.
El documento no detalla el número de personas retenidas, sus nombres ni el lugar donde se encuentran. Tampoco indica cuándo se realizarían los juicios. Según el comunicado, las decisiones de cada proceso se darán a conocer a los medios de comunicación una vez concluyan.
Antes de referirse a los militares y policías, el comunicado reclama un «gran debate nacional» sobre las condiciones de los prisioneros comunes, políticos y de conciencia recluidos en las cárceles colombianas. El grupo pide reformar el régimen carcelario y la política criminal.
Afirma que los presos son agredidos y torturados, que se les suspende la alimentación y el agua, que se vulnera su derecho a la salud y que muchos mueren por falta de atención o por persecución política. Atribuye estas situaciones a los institutos penitenciarios y a las unidades de seguridad, con «beneplácito» de sus autoridades, y acusa a las instituciones de no adoptar medidas efectivas. Estas denuncias no están respaldadas en el comunicado con cifras, casos específicos ni fuentes verificables.
El grupo sostiene que, «en cumplimiento de sus normas internas de conducción de la guerra», convocará juicios revolucionarios contra los militares y policías que retiene. Según el texto, esas personas fueron retenidas en el marco del conflicto armado interno y han recibido «las mejores condiciones posibles», algo que, asegura, consta en pruebas de supervivencia enviadas a sus familiares.
La organización les atribuye participación directa en operaciones militares o en tareas de inteligencia contra la guerrilla, así como servicios a proyectos contrainsurgentes, megaproyectos o el despliegue paramilitar. El comunicado afirma que cada juicio se hará «con garantías de defensa y contradicción», conforme a sus reglamentos internos.
El texto reconoce que la situación extiende el dolor a las familias de soldados, policías y guerrilleros, y expresa que lo «lamenta profundamente». Asimismo, reitera que defiende una «solución política» al conflicto.
El comunicado pide a los jóvenes colombianos no vincularse a la Fuerza Pública. Como motivo, señala la «instrumentalización e injerencia estadounidense» y el «servilismo a intereses empresariales y multinacionales». También acusa a la institución militar de apoyar la expansión de grupos paramilitares. El documento no presenta pruebas de estas acusaciones.
Por el momento no se conoce declaraciones de las autoridades colombianos, menos de la fuerza pública, frente a esta situación humanitaria, la cual se agudizó tras el incremento de la guerra en Colombia.
