El operador judicial compulsó copias al Congreso para que investigue si el mandatario ha incurrido en alguna falta penal al burlarse de personas detenidas, antes de ser presentados ante un juez de control de garantías.
Las capturas de Henry Sneyder Herrón Serna y Néider Yesid Uñates López fueron declaradas legales en Medellín. La decisión, sin embargo, no zanjó lo ocurrido ante las cámaras. El juez municipal de control de garantías que avaló las detenciones remitió copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que examine el trato que el presidente Abelardo de la Espriella les dio a los detenidos en las grabaciones. Es el primer cuestionamiento judicial a una práctica que el mandatario ha repetido en varios operativos.
El juez también pidió la intervención de la Procuraduría. Quiere que se establezca si hubo faltas disciplinarias y que, de ser necesario, se identifique a quienes autorizaron, organizaron o llevaron a cabo la exhibición de los detenidos ante los medios de comunicación en Montería. Mientras la comisión de la Cámara tiene competencia para examinar la conducta del jefe de Estado, la solicitud a la Procuraduría apunta a esclarecer el papel de los demás servidores públicos. El juez recordó que el derecho constitucional a la dignidad humana no se pierde con una captura.
De la Espriella cuida al detalle lo que comunica y ha cultivado en redes la imagen de un presidente en permanente actividad. Las detenciones le han servido para mostrar una política de mano dura contra la delincuencia. Aunque los operativos los ejecuta la fuerza pública, el protagonista de las grabaciones es el mandatario: aparece con prendas militares o policiales, encara a los capturados, se burla de ellos y suele cerrar con la misma frase: «Bienvenido a la patria milagro». Los videos ganan alcance en cuentas afines al presidente y varios medios nacionales terminan reproduciéndolos como noticias.
Una de esas grabaciones muestra a Uñates López, conocido como «Primo Gay», detenido el sábado y señalado como mando medio de las disidencias de las FARC en Antioquia. Se le atribuyen homicidios de líderes sociales y delitos contra soldados y policías. También se lo vincula con el asesinato del joven periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido en mayo en el municipio de Briceño. Al momento de la captura, Uñates no tenía ninguna sentencia condenatoria en su contra.
En el video, De la Espriella aparece con los brazos cruzados, rodeado por cerca de diez integrantes de la fuerza pública. Le dice a Uñates que había que capturarlo, lo llama «bandido miserable» y lo presenta ante la cámara como «porquería». Uno de los integrantes de la fuerza pública interviene para atribuirle el secuestro, la tortura y el homicidio de Pérez Rueda. El presidente responde: «Miserable asesino despreciable». Entre los calificativos que usó para referirse a Uñates también figura el de «rata».
El martes, la oficina de comunicaciones de la Presidencia difundió un comunicado en respaldo de De la Espriella. El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, salió en su defensa desde la cuenta institucional de esa cartera. En la publicación llamó «terrorista» a Uñates y preguntó, con ironía, si el presidente debía tratarlo de «respetado ciudadano, su excelencia o su señoría». Para los penalistas, sin embargo, el punto no es qué fórmula de cortesía debe usar el mandatario, sino si una autoridad puede presentar como culpable a alguien que no ha sido condenado.
Ángela María Buitrago, abogada penalista y exministra de Justicia, señala que el presidente, como máxima autoridad del país, tiene la obligación de garantizar la dignidad humana, la presunción de inocencia y el derecho de toda persona a ser oída en juicio. Sostiene, además, que en Colombia no está permitido exhibir a un detenido ante los medios si no existe una condena en firme. La gravedad de los señalamientos no modifica esa obligación: atribuirle a alguien un homicidio, un secuestro o una desaparición no justifica que un funcionario lo humille.
Buitrago distingue entre informar sobre un delito probado en juicio y usar una condena para descalificar a quien lo cometió. Durante el trámite de extradición de Giovanny Andrés Rojas, alias «Araña», De la Espriella lo llamó «bandido». A diferencia de Uñates, Rojas sí tiene sentencias en su contra. La exministra explica que, si hay un fallo en firme por homicidio, se puede afirmar que la persona cometió ese delito. Eso no da licencia para llamarla «payaso» o «basura», expresiones que, a su juicio, deshumanizan en lugar de informar sobre la situación judicial del detenido.
La grabación también puede afectar el tiempo que transcurre entre la captura y la presentación ante el juez. Cuando el Ejército, la Policía o el CTI detienen a una persona, deben ponerla a disposición de un juez de control de garantías en el menor tiempo posible. Si las autoridades esperan a que De la Espriella llegue al lugar y grabe su intervención, ese paso puede demorarse. Buitrago advierte que producir un video para las redes presidenciales no es una razón válida para aplazar el traslado. Si hubo una demora, las autoridades deben explicar ante el juez a qué obedeció.
El penalista Juan David Bazzani advierte que los insultos y las condenas anticipadas pueden tener consecuencias para el propio proceso. Exhibir a un detenido con calificativos despectivos o hablar de él como si ya hubiera sido condenado afecta su dignidad y su presunción de inocencia. Además, la forma en que se realiza la captura puede dar pie a que la defensa cuestione su legalidad. Si ese reclamo prospera, explica el abogado, la persona a la que se pretendía judicializar podría quedar en libertad, incluso si tiene antecedentes penales.
Según informó Caracol Radio, el juez de Medellín llegó a considerar la posibilidad de declarar ilegales las capturas de Herrón Serna y Uñates López por los videos con insultos que difundió el presidente. Finalmente avaló ambas detenciones, aunque las defensas aún podrían alegar alguna irregularidad de trámite para solicitar la libertad de sus representados. El examen de la legalidad de los arrestos es distinto del que el juez pidió a la Cámara y a la Procuraduría sobre la conducta de quienes intervinieron en la exhibición.
Los límites señalados por los penalistas no se agotan en la Constitución colombiana. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los que Colombia es parte, protegen la presunción de inocencia y el derecho a un trato digno de toda persona privada de la libertad. Las Reglas Mandela, adoptadas por la ONU, añaden estándares mínimos de trato que deben aplicarse sin distinción. La jurisprudencia interamericana también ha advertido que las autoridades no deben presentar a una persona acusada como culpable antes de que un juez establezca su responsabilidad. Buitrago resume ese límite en una frase: «La justicia no puede ser vengativa».

