Una denuncia cuestiona varios operativos militares y policiales durante los primeros meses del Gobierno de Abelardo de la Espriella, señalando posibles irregularidades, víctimas civiles y casos presuntos falsos positivos.
Una serie de denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales, abusos de la fuerza y posibles montajes judiciales encendió nuevamente las alertas sobre las actuaciones de la Fuerza Pública en distintas regiones de Colombia, en medio de la ofensiva militar y las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno nacional.
El pronunciamiento, difundido bajo la consigna “Con De la Espriella, usted podría ser el siguiente falso positivo”, recopiló cinco casos ocurridos entre septiembre y octubre, en los que se cuestiona la versión oficial sobre personas reportadas como integrantes de grupos armados ilegales, pero que, según denuncias de familiares, testigos o comunidades, serían civiles.
Los hechos señalados incluyen bombardeos contra predios campesinos, asesinatos durante operaciones militares, presuntas manipulaciones de evidencia y cuestionamientos sobre la identificación de las víctimas.
Los casos que ahora están bajo cuestionamiento
Cumaribo, Vichada: El 5 de octubre, un bombardeo destruyó parte de la finca El Retiro, en la vereda Caño Cadá. La comunidad asegura que el predio estaba vinculado a un programa de sustitución de cultivos ilícitos y que los cuidadores se salvaron porque se encontraban pescando.
Yasmín Rodríguez, Meta: La joven de 22 años murió el 17 de octubre durante un operativo militar en Puerto Rico. Sus familiares rechazaron que fuera presentada como integrante de las disidencias y exigieron esclarecer las circunstancias de su muerte. El caso generó denuncias de un posible falso positivo.
Keiner Banguera Mancilla, Nariño: El joven de 19 años murió el 2 de octubre en El Charco, durante un operativo de la Fuerza Pública. Mientras el Gobierno lo señaló como integrante de una estructura armada, organizaciones sociales lo identificaron como líder afrodescendiente y defensor de derechos humanos. La Defensoría pidió esclarecer los hechos.
Ricardo Andrés Rodríguez, Santa Marta: El joven de 18 años murió el 21 de septiembre durante un operativo contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. Su identidad y circunstancias de muerte fueron objeto de cuestionamientos, mientras el Ministerio de Defensa aclaró posteriormente aspectos de la información difundida inicialmente sobre los fallecidos.
Los casos han generado reclamos de organizaciones sociales, familiares y comunidades para que las investigaciones sean adelantadas por las autoridades judiciales y se establezca si las víctimas tenían vínculos con estructuras armadas o si se trató de civiles afectados por actuaciones ilegales de agentes estatales.
En el caso de Cumaribo, las Fuerzas Militares reconocieron que realizaron el bombardeo contra una estructura armada ilegal, pero negaron afectaciones a bienes civiles y aseguraron que la operación se ajustó al Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, las denuncias comunitarias y los daños documentados en el predio mantienen el caso bajo controversia.
La Defensoría y organizaciones de derechos humanos piden esclarecer los hechos
En varios de estos episodios, las denuncias no se limitan a cuestionar la identidad de las personas muertas, sino también los procedimientos empleados por las tropas, la posible vulneración de derechos de civiles y la necesidad de preservar las pruebas para las investigaciones.
La Defensoría del Pueblo, en el caso de Keiner Banguera, señaló que existen distintas hipótesis sobre lo ocurrido y pidió a la Fiscalía priorizar la investigación, verificar los protocolos aplicados por la Fuerza Pública y garantizar que los elementos materiales probatorios sean entregados oportunamente.
En el caso de Luis Carlos Mojica, existe un choque entre la versión de la comunidad, que lo identifica como campesino, y la del Ejército, que lo señala como integrante de una estructura armada ilegal. Las denuncias también incluyen presuntas agresiones contra una mujer campesina y la retención de una familia con menores de edad, hechos que igualmente requieren investigación.
El caso de Yasmín Rodríguez también provocó cuestionamientos públicos luego de que su familia rechazara la versión que la relacionaba con las disidencias de las Farc. La controversia puso nuevamente sobre la mesa la necesidad de verificar rigurosamente la identidad y las circunstancias de las personas reportadas como muertas en operaciones militares.
Indepaz documenta seis denuncias en los primeros 100 días
El debate también tiene un contexto nacional. En un balance publicado recientemente, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) documentó seis casos denunciados como presuntas ejecuciones extrajudiciales durante los primeros 100 días del Gobierno, entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre de 2026.
En ese registro aparecen Donovan Balanta Paz, Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, Luis Carlos Mojica Guzmán, Luis Alfredo Chocó Echeverry, Keiner Banguera Mancilla y Jhesmy Yasmín Rodríguez Calzada.
La organización precisó que se trata de casos denunciados y bajo seguimiento, que no equivalen a sentencias judiciales ni constituyen por sí mismos una determinación definitiva de responsabilidad.
Las denuncias reabren una discusión histórica en Colombia sobre los llamados falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales y la obligación del Estado de garantizar que las operaciones militares se desarrollen bajo los principios de legalidad, distinción, proporcionalidad y protección de la población civil.
Mientras el Gobierno defiende sus operaciones como parte de la ofensiva contra las organizaciones armadas ilegales, las comunidades y organizaciones de derechos humanos reclaman investigaciones independientes, transparencia en los reportes militares y garantías para que ningún civil sea señalado o asesinado injustamente.
La principal exigencia en estos casos es que la verdad sobre cada muerte sea establecida por la justicia y no únicamente por los comunicados de quienes participaron en los operativos.

