Organizaciones sociales cuestionaron la intervención de la Fuerza Pública durante el paro nacional del 19 de noviembre y aseguraron que hubo disparos contra manifestantes, civiles armados acompañando procedimientos policiales y falta de garantías para el diálogo.


Una serie de denuncias sobre presuntas vulneraciones de derechos humanos durante las jornadas del paro nacional en el Cauca fueron presentadas por Cristian Raúl Delgado Bolaños, defensor de derechos humanos e integrante de la Coordinación de Organizaciones Sociales y Políticas del departamento, quien cuestionó el despliegue de la Fuerza Pública y la manera como se atendieron las movilizaciones del pasado jueves 19 de noviembre.

Durante una rueda de prensa en Popayán, el dirigente aseguró que, pese a que las organizaciones sociales habían anunciado previamente la jornada de protesta y adelantado reuniones de coordinación con autoridades municipales y departamentales para solicitar garantías, el departamento amaneció con presencia militar en diferentes puntos de concentración.

Según Delgado, esta asistencia militar no habría sido solicitada por las autoridades civiles del departamento, sino que habría sido ordenada directamente desde el Gobierno Nacional. En ese sentido, recordó que, de acuerdo con su interpretación del marco constitucional, las autoridades civiles deben tener un papel central en el manejo de las situaciones relacionadas con la protesta social y que la asistencia militar constituye una medida excepcional.

“Cada uno de los puntos en la vía fue militarizado y esa es la primera denuncia que queremos hacer”, manifestó el defensor.

Denuncian ataques y obstáculos a las movilizaciones
El representante de las organizaciones sociales también cuestionó los procedimientos adelantados por la Policía Nacional en Popayán y otros municipios, asegurando que miles de campesinos y manifestantes tuvieron dificultades para llegar a la capital caucana debido a las intervenciones policiales.

De acuerdo con su balance, más de 4.000 personas tenían previsto participar en la concentración central de Popayán, pero no pudieron llegar por los controles y actuaciones de la Fuerza Pública.

Delgado sostuvo que uno de los acuerdos previos consistía en privilegiar el diálogo desde el comienzo de las movilizaciones. Sin embargo, afirmó que ese mecanismo no se cumplió y que los representantes de derechos humanos fueron retirados del Puesto de Mando Unificado (PMU) institucional.

“Nos sacaron del PMU institucional, pese a que ese era un acuerdo que había con la institucionalidad. Ya sin diálogo, sin interlocución de ningún tipo y sin garantías, lo que se vio fue un tratamiento represivo a la protesta social”, expresó.

Entre las situaciones denunciadas mencionó presuntos disparos con armas de dotación contra manifestantes, utilización de balines y personas lesionadas con heridas cerca de los ojos.

Alertan sobre civiles armados y presuntas prácticas paramilitares

Otro de los señalamientos expuestos por el defensor tiene que ver con la supuesta presencia de personas armadas vestidas de civil en El Bordo, municipio de El Patía, y en Popayán.

Según Delgado, estos individuos habrían acompañado a integrantes de la Policía durante procedimientos de identificación, requisas, retenciones e interrogatorios a ciudadanos.

“Lo que nos parece gravísimo es la presencia de civiles armados deteniendo personas e interrogándolas al lado de la Policía Nacional. Para nosotros son prácticas paramilitares”, afirmó.

También aseguró que existen registros audiovisuales de procedimientos en los que algunas personas habrían sido señaladas de colaborar con grupos guerrilleros, además de recibir intimidaciones y agresiones físicas.

El dirigente indicó que particularmente en El Bordo se habrían presentado tratos crueles, inhumanos y degradantes contra algunos manifestantes.

Muerte de Ivón Parra genera nuevas denuncias

Uno de los puntos más delicados de la rueda de prensa estuvo relacionado con la muerte de Ivón Parra, una joven de 28 años con síndrome de Down, quien falleció durante la madrugada del viernes 20 de noviembre en El Bordo.

De acuerdo con la versión entregada por Delgado, la joven permanecía en su vivienda junto a sus familiares y no participaba en las movilizaciones. En medio de los disturbios, sus allegados habrían solicitado a los policías que les permitieran evacuarla debido a sus condiciones de salud.

El defensor aseguró que la familia pidió ayuda y advirtió sobre el estado de la joven, pero que posteriormente se produjo el lanzamiento de gases lacrimógenos en el sector.

“Ella estaba en su vivienda con su familia. La familia, junto con defensores de derechos humanos, le manifestó a la Policía que necesitaba sacar a su familiar. Les suplicaron que les permitieran retirarla y, según lo que denunciamos, no fueron atendidos”, señaló.

Delgado indicó que Ivón Parra llegó a recibir atención médica aproximadamente a las 4:00 de la madrugada y que después de las 5:00 a. m. fue declarada muerta. Según información médica preliminar conocida por las organizaciones, la emergencia habría estado relacionada con una afectación respiratoria y asfixia.

No obstante, las circunstancias del fallecimiento y una posible relación con la exposición a los gases deberán ser establecidas mediante las investigaciones médicas y judiciales correspondientes.

Exigen investigaciones y advierten sobre nuevos riesgos

Finalmente, Cristian Delgado solicitó al Estado colombiano adelantar investigaciones para establecer las responsabilidades individuales y de mando frente a los procedimientos denunciados, así como esclarecer las circunstancias de la muerte de la joven.

También advirtió sobre posibles nuevas intervenciones policiales en sectores como El Cairo, Cajibío y El Bordo, donde, según afirmó, existirían alertas frente a las actividades de pedagogía que adelantan los manifestantes en las carreteras.

El defensor pidió a los medios de comunicación y a los organismos de derechos humanos acompañar la verificación de los hechos y evitar que las denuncias pasen inadvertidas.

Las afirmaciones presentadas corresponden a la versión de las organizaciones sociales y están pendientes de contrastación con los informes y explicaciones de las autoridades policiales, militares y civiles, así como de las investigaciones que permitan determinar posibles responsabilidades.

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