Condenados por enriquecimiento ilícito en caso de la Triple tendrán que devolver los recursos públicos


Por María del Pilar Aguilar 

La Procuraduría General de la Nación logró que los condenados por enriquecimiento ilícito de más de $27.000 millones en caso de la Triple A, tengan que devolver los recursos públicos

De igual forma el Tribunal Superior de Barranquilla revocó la prisión domiciliaria y ordenó detención en establecimiento carcelario del exgerente de la Triple A -, Ramón Navarro Pereira, condenado en el caso INASSA por los delitos de desfalco, administración desleal y enriquecimiento ilícito.

El Tribunal Superior de Barranquilla resolvió el recurso de apelación del Ministerio Público y revocó la libertad condicional por no existir reintegro de la mitad de lo apropiado, ni garantías de devolución de la otra mitad.

El magistrado de la Sala Penal, Jorge Eliécer Cabrera Jiménez, modificó la decisión del Juez Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, que había condenado a Navarro Pereira a 55 meses de prisión, y la fijó en 190 meses de prisión.

Así mismo, el tribunal modificó la multa inicial de 25.000 s.m.l.m.v., y la aumentó a 50.000 s.m.l.m.v., más de $43.890 millones.

El fallo revocó la prisión domiciliaria y ordenó detención en establecimiento carcelario (intramural), porque «no se logró el reintegro de la suma de $23.379´000.761 por pedidos ficticios y $4.500´000.000 por falsos contratos de servicios»
La decisión fue notificada a Navarro Pereira en audiencia virtual.

OTRA REVOCATORIA EN CASO TRIPLE A

El pasado viernes 20 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación logró que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla revocara los beneficios por allanamiento a cargos de Edgar Rafael Piedrahita Hernández y Héctor Enrique Amarís Piñeres, procesados por enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado, por no haber pactado el reintegro de más de $24.000 millones de la Triple A, recursos de los que se habrían apropiado se manera irregular.

Piedrahita Hernández es procesado por tramitar en nombre de Recaudos y Tributos S.A., al menos 54 órdenes de pago por valor de $23.379’761.912, que corresponderían a servicios inexistentes, mientras que a Amarís Piñeres, representante de Iarco Ltda, se le juzga por nueve facturas de transporte de residuos sólidos en la ciudad de Barranquilla, sin que al parecer hubiera prestado el servicio, que se facturó $1.350’000.000, recursos que habrían sido entregados a Ramón Navarro Pereira, exgerente de la Triple A.

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