La guerra en esta zona del país está en su máximo nivel, sin que hasta el momento se evidencia una victoria de la fuerza pública.
La nueva escalada violenta registrada en las últimas horas en el Catatumbo tiene nombre, apellido, propios y una estrategia renovada de las disidencias de las Farc, Frente 33, para retomar el control de la región.
De acuerdo con la fuerza pública, en lo que va del año han sido asesinadas 150 personas, entre ellas seis firmantes del Acuerdo de Paz, tres líderes sociales y nueve menores de edad. Son las cifras del horror.
La ofensiva afecta a las once poblaciones que conforman esta región extensa región del nororiente del país: Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata.
El repunte de la violencia comenzó el pasado 15 de enero con el asesinato de Miguel Ángel López, el único funerario de Tibú, junto con toda su familia, incluido un bebé de seis meses.
Aunque inicialmente se señaló ese hecho como el detonante, el presidente Gustavo Petro confirmó que el ELN había movido tropas desde Arauca, a través de Venezuela, para ejecutar una ofensiva planeada desde diciembre de 2024 por orden de Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, jefe del Frente de Guerra Oriental de esa guerrilla que ahora masacra a los campesinos colombianos. El objetivo: tomar el control de la coca y de las rutas de narcotráfico hacia Venezuela y, finalmente, Estados Unidos.
En ese escenario, se conoció por esas mismas fuentes que Carlos Eduardo García, alias Andrey Avendaño, vocero de las disidencias comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, en los diálogos con el Gobierno, fue enviado a la zona para recuperar el control territorial. “Retornó al Catatumbo y está liderando la confrontación en dos veredas de Tibú”, confirmaron las autoridades.
Inicialmente, el mando de las operaciones estaba en manos del comandante alias Richard, pero la llegada de refuerzos desde Caquetá, Cúcuta, Arauca y sur de Bolívar cambió ese escenario. “Tenemos 100 por ciento confirmado que él está dirigiendo los ataques con drones, las maniobras, y ordenando a la tropa: ‘suba por acá, baje por acá, ojo que vienen por acá’”, explicaron los integrantes de la fuerza pública.
Pese a ello, advirtieron que su presencia no ha alterado la estrategia de combate, ya que “no tiene un perfil armado ni ideológico fuerte” y depende del apoyo de otras estructuras. “No tiene capacidad militar; pide concepto de todo, pregunta ‘¿hacemos esto?, ¿hacemos lo otro?’ porque no tiene experiencia”, agregaron los militares.
El fortalecimiento del Frente 33 ha modificado las proyecciones iniciales. “En enero creíamos que para marzo ya no existiría, y ahora no solo se fortaleció, sino que sostiene las confrontaciones”, señalaron.
Alias Andrey es un vocero reconocido por el Gobierno del autodenominado Estado Mayor Central y uno de los cabecillas del Bloque Magdalena Medio. Ingresó a las Farc en 2010, fue capturado en 2014 y condenado por un atentado contra las Fuerzas Militares en la vía Cúcuta–Tibú.
Quedó en libertad condicionada en agosto de 2017, cuando un juzgado de Cúcuta aplicó la ley de amnistía para delitos políticos derivados del Acuerdo de Paz. Desde entonces, su caso pasó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La JEP conoció, en el expediente de García, seis procesos adelantados por la jurisdicción ordinaria: Un juzgado de Cúcuta lo condenó en 2015 por terrorismo y rebelión; un juzgado de garantías de Sardinata ordenó capturarlo en 2021 por una indagación de la Fiscalía por homicidio, y otro juzgado de garantías, en Cúcuta, también ordenó su arresto en 2021.
Además, un juzgado de garantías de la capital de Norte de Santander determinó capturarlo en 2020 por una indagación por ocho delitos. Una fiscalía especializada de Cúcuta adelanta una investigación por el secuestro del soldado Brayan Suescun, y una fiscalía especializada de Catatumbo investiga al hombre por concierto para delinquir.
En 2024, la JEP lo expulsó al comprobar que volvió a las armas: “El señor García Téllez desertó del proceso de paz y pasó a integrar el Estado Mayor Central de las Farc-EP, hecho confirmado por su designación como ‘miembro representante’”, señaló el tribunal.
Su última aparición pública fue el 21 de julio, cuando, junto con otros jefes disidentes, envió una carta al presidente Petro criticando el rumbo de la paz total: “Entrega de armas no habrá, mientras no se avance en los objetivos de quitarle la vigencia a la lucha armada”.
Las acciones de Andrey tienen en vilo a las comunidades de la región y abren el interrogante sobre si en verdad ese grupo quiere dejar las armas o en realidad continuar con sus negocios ilegales.
