Las disidencias de las Farc piden que cesen las operaciones militares en la zona para no poner en riesgo la vida de los retenidos.
Las disidencias de las Farc-EP confirmaron que a partir de las 18:00 horas del 22 de julio de 2025 iniciaron el proceso de liberación de nueve funcionarios y contratistas de la Gobernación del Cauca, retenidos tras su presunta vinculación con un contrato para adquisición de equipos militares.
En un comunicado dirigido a la comunidad nacional e internacional, el Estado Mayor del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas de las Farc-EP informó que dará inicio al protocolo de liberación de las nueve personas retenidas, con el fin de facilitar su retorno sano y salvo a sus hogares.
La guerrilla condicionó este procedimiento a un repliegue de la Fuerza Pública por 72 horas, asegurando que se trata de una medida para «garantizar condiciones mínimas de seguridad» para los liberados y las delegaciones humanitarias que acompañen el proceso.
Según el grupo armado al margen de la ley, las personas retenidas habrían sido utilizadas como intermediarios en un contrato de aprovisionamiento militar gestionado por la Gobernación del Cauca, bajo el número 1948-2025 DCSGP-CD-RESERVA-2025 y el proyecto BPIN20250000002243, con un valor superior a los $4.120 millones de pesos.
Las disidencias de las Farc-EP responsabilizan al gobernador Octavio Guzmán y a la secretaria de Gobierno Maribel Perafán, advirtiendo que los funcionarios capturados no debieron ser expuestos a este tipo de operaciones.
El comunicado incluye exigencias puntuales:
Que el gobernador Guzmán suspenda de inmediato las extracciones mineras en el Macizo Colombiano y retire la maquinaria de predios en zonas como Arbelaez y La Dampa.
Que los medios investiguen a fondo los contratos de defensa financiados por recursos civiles del departamento.
Que las autoridades no interfieran con la liberación, garantizando que no se produzcan enfrentamientos armados.
Las FARC-EP afirman que los nueve funcionarios y contratistas están en buen estado de salud y han recibido trato digno durante su retención. Además, expresan que se han hecho esfuerzos por establecer protocolos humanitarios para su pronta liberación, en coordinación con organismos internacionales.
La posible liberación de estas personas marca un punto de inflexión en una crisis que ha expuesto tensiones entre la institucionalidad y grupos armados ilegales en el Cauca.
Mientras se espera la verificación del protocolo de liberación por parte de organismos humanitarios y el silencio del Gobierno Nacional persiste, el país observa con expectativa el desenlace de esta grave situación. Lo que está en juego no es solo la libertad de nueve personas, sino la legitimidad de las decisiones administrativas en una región golpeada por la guerra.
