Juan David Díaz, voero de las víctimas del accionar de las Autodefensas Unidas de Colombia en Sucre habló con sobre este homicidio, el cual están aún sin esclarecerse, más allá de que el exgobernador Salvador Arana aceptó ser el autor intelectual de este crimen.
El 5 de abril de 2026 se cumplieron 23 años de la desaparición forzada y asesinato de Eudaldo Díaz, un crimen que aún simboliza la violencia del paramilitarismo y mantiene abierta una profunda herida en el departamento de Sucre.
El caso sigue siendo recordado no solo por su gravedad, sino porque el propio exmandatario había advertido públicamente sobre el riesgo que corría. Lo hizo durante un consejo comunitario en presencia del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, señalando como presunto responsable a Salvador Arana Sus.
Su hijo, Juan David Díaz, aseguró que, pese a los avances judiciales, la verdad sobre este crimen aún no se ha esclarecido por completo. Aunque Arana reconoció su responsabilidad como autor intelectual ante la Jurisdicción Especial para la Paz y fue condenado a 40 años de prisión, la familia insiste en que persisten vacíos en el proceso y responsabilidades sin determinar.
El asesinato de Díaz, conocido como “Tito”, generó conmoción nacional cuando su cuerpo fue hallado el 10 de abril de 2003 en zona rural de Boca del Zorro, con signos de tortura y múltiples impactos de bala, días después de haber sido reportado como desaparecido.
Semanas antes de su muerte, el 1 de febrero de ese mismo año, el exalcalde había denunciado amenazas en el municipio de Corozal, advirtiendo sobre una persecución en su contra. Sin embargo, tras estas alertas, el Estado le retiró su esquema de seguridad. Poco después, fue interceptado por hombres armados cuando se dirigía a una reunión.
Las investigaciones han vinculado a varios actores. Recientemente, la Fiscalía incluyó al coronel Norman León Arango por su presunta responsabilidad en el debilitamiento de las medidas de protección del exalcalde. Además, en 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso para analizar si el Estado colombiano cumplió con su obligación de garantizar justicia.
Para la familia Díaz, la falta de una reparación integral y la continuidad de beneficios jurídicos a varios implicados reflejan una justicia incompleta. Incluso, rechazaron una propuesta de conciliación al considerar que no ofrecía garantías reales.
“Es una fecha dolorosa, pero también un momento para recordar la valentía de quienes defendieron a sus comunidades”, expresó Juan David Díaz, quien reiteró que aún hay responsables en libertad y que la lucha por verdad, justicia y reparación continúa.
Para la familia de Eudaldo Díaz, el proceso judicial ha dejado más dudas que certezas. Según Juan David Díaz, los mecanismos de justicia transicional permitieron penas reducidas a cambio de confesiones, pero sin que muchos de los implicados aportaran información clave sobre la totalidad de los responsables.
El vocero de las víctimas insistió en que aún hay personas, tanto autores materiales como intelectuales, que no han respondido ante la justicia. Incluso señaló que varios de los involucrados continúan ejerciendo poder en los territorios, mencionando entre ellos al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
“Muchos siguen delinquiendo y manteniendo control en las regiones. Algunos financiaron o se beneficiaron del paramilitarismo y hoy conservan poder en el departamento”, aseguró Díaz, al advertir sobre la vigencia de estas estructuras en Sucre y otras zonas del país.
La denuncia de impunidad también se refleja en la situación de la familia, que asegura continuar siendo víctima de amenazas y persecuciones. “Han pasado 23 años y seguimos enfrentando intimidaciones, precisamente porque el proceso no se ha cerrado y hay quienes temen que nuestra lucha los lleve a la cárcel”, afirmó.
En medio de este contexto, el propio Mancuso se refirió al caso durante una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz en mayo de 2023, donde relató que el asesinato del exalcalde se habría dado tras una solicitud directa y recordó que la víctima había advertido previamente del riesgo que corría en un consejo comunitario.
Para la familia Díaz, este caso sigue siendo un ejemplo de justicia incompleta. Consideran que la falta de verdad plena ha permitido que personas con responsabilidad directa o indirecta mantengan influencia en lo político y social. Aunque el expediente es analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reiteraron que no aceptarán ningún tipo de compensación económica sin que antes se garantice verdad total, justicia efectiva y reparación integral.
