Una comisión humanitaria lidera las conversaciones con las comunidades del Cañón del Micay que rodean a los integrantes de la fuerza pública que participan en la operación Perseo.
Luego de una asonada que se registró el 6 de marzo de 2025 en el corregimiento de El Plateado, ubicado en zona rural de Argelia, Cauca, un total de 27 policías de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, Undmo, y de la Policía Nacional y un mayor del Ejército Nacional terminaron retenidos en la vereda La Hacienda. Se esperaba que los uniformados fueran liberados cerca de las 9:00 a. m. del 7 de febrero, pero aún siguen las conversaciones para dar por terminada esta situación.
El Ejército Nacional emitió un comunicado pidiendo a los actores armados involucrados la liberación de los integrantes de la fuerza pública. “Exigimos la liberación de los uniformados del Ejército Nacional y Policia Colombia que fueron privados de su libertad por integrantes del grupo armado organizado residual Carlos Patiño en El Plateado, Cauca. Exigimos el respeto a su vida y su dignidad, son servidores de la patria que trabajan día a día por los colombianos desde esta región del país”, expresó la institución.
Posteriormente, fueron divulgadas algunas fotografías que evidencian el estado en el que se encuentran los policías y el militar. De acuerdo con las gráfica, están uno de los sitios de reunión comunitaria de la vereda La Hacienda, rodeados de decenas de personas que custodian el lugar y esperan al desarrollo de los diálogos en la que están presente la iglesia católica y una misión supervisada por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En las fotos se evidencia que los policías y el mayor del Ejército fueron despojados de sus pertenencias y con lo único que contarían es con botellas de agua que fueron dispuestas para mantenerlos hidratados durante su privación de la libertad. Llevan más de 20 horas en esta situación. Además, los uniformados no han sido agredidos durante su secuestro y que el mayor del Ejército fue el único al que se le permitió portar su arma de dotación.
Mientras tanto, Ministerio de Defensa se pronunció sobre los hechos, condenando la retención de los integrantes de la fuerza pública. Informó, además, que la asonada y el posterior secuestro de los uniformados contó con la participación del grupo armado organizado residual Carlos Patiño y de ciudadanos civiles que fueron instrumentalizados por la estructura criminal. Los guerrilleros dejaron sus uniformes y se vistieron de civil para infiltrarse y atacar a la fuerza pública. De esta manera, quemaron dos vehículos oficiales y pusieron en riesgo la vida de los policías y soldados.
Los campesinos, por su lado, explicaron que “en medio del ataque y por el desconocimiento del territorio, un grupo de 26 miembros del Undemo, un teniente coronel de la Policía y un mayor del Ejército quedaron aislados y expuestos. Ante estas circunstancias, las comunidades deciden adelantar un ejercicio de acompañamiento y protección de estas 28 personas, brindando atención en salud, alimentación, hidratación y garantías para sus necesidades fisiológicas. Ante la información errada por parte del Ejército, el Ministerio de Defensa y lo replicado por los medios de comunicación y las amenazas permanentes de un nuevo ataque por parte de la Fuerza Pública, se decide sostener el acompañamiento hasta que se generen las condiciones de seguridad para este grupo y la comunidad”, reza el comunicado que compartieron los campesinos de este corregimiento.
Ahora, entonces, se espera cómo transcurren los diálogos para que los 26 policías y el oficial militar regresen a la libertad luego de estos violentos choques entre un campesinado que exige sí o sí la presencia de Gustavo Petro en este territorio para que de respuesta sobre las promesas que les planteó para buscarle otra solución al problema de la guerra en el Cañón del Micay.