Buanerges Rosero Peña, Gobernador del Putumayo, saldría del «reino de los intocables» para ir a la cárcel

Buanerges Rosero Peña, Gobernador del Putumayo, saldría del «reino de los intocables»  para ir a la cárcel.

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A lo largo de los años, pero especialmente en los últimos dos, el departamento del Putumayo ha sido protagonista de masacres, desplazamientos, enfrentamientos, combates y falsos positivos, entre otros fenómenos de la violencia que se ha enquistado en toda la región y que el pasado 21 de noviembre dejó 20 muertos en combates entre dos grupos al margen de la ley  y 15 familias desplazadas.

A este desolador panorama se suma la incertidumbre de los putumayenses por los enredos de su gobernador Buanerges Rosero Peña, quien podría ser cobijado en las próximas horas por delitos contra la administración pública con medida de aseguramiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, en audiencias que se realizarán este 25 y 29 de noviembre .

Fuentes cercanas a HOY Noticias señalan que el mandatario departamental lleva dos años en proceso por la irregular adquisición de 10 ambulancias que hoy están parqueadas sin uso alguno.

Es de recordar que en noviembre de 2020 por este tema Buanerges Rosero, elegido por el partido Cambio Radical, fue detenido y cobijado con medida preventiva  privativa de la libertad pero con el beneficio de la casa por cárcel y posteriormente quedó en libertad por vencimientos de términos.

De hacerse efectiva una nueva medida de aseguramiento ésta sería intramural. En Putumayo, sectores sociales y políticos aseguran que  según los últimos reportes judiciales la Procuraduría General de la Nación  y la Contraloría, piden la destitución en última instancia.

Contexto:

A los cuatro meses de estar en el cargo de  gobernador,  Rosero Peña fue denunciado por la Contraloría General por un sobrecosto de más del 60% en la compra de 10 ambulancias.  El  contrato firmado el 1 de abril de 2020, entre la Gobernación de Putumayo y la empresa Carrocería Innovas SAS, tenía un valor inicial de 3.460 millones de pesos.

Ante la denuncia, la  Fiscalía General de la Nación imputó al gobernador el 21 de octubre de 2020 por: » Supuestas irregularidades en el contrato para la compra de 10 ambulancias medicalizadas para atender la pandemia por Covid-19. La investigación evidenciaría un presunto direccionamiento del contrato hacia un único proponente, Carrocería Innovas SAS, con un supuesto sobrecosto por más de $1.064 millones, el cual se reflejaría en el valor de las ambulancias», señaló el ente acusador.

La Fiscalía estableció que la empresa no tenía los vehículos disponibles para cumplir el plazo del contrato y, aún así, recibió un anticipo del 50% del valor total.

En febrero de 2021 el ente investigador acusó al gobernador ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento público.

Por los mismos delitos fueron señalados:

• Jorge Alberto Molina Giraldo, secretario de Salud del Putumayo.
• Julián Mauricio Moreno Gómez, jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación.
• Gloria Fanny Chávez Cadena, jefa de oficinas de Prestación y Desarrollo de Servicios.
• Alexandra Benavides Gonzáles, jefa de las oficinas de Salud Pública del departamento.
• Rubén Darío Suárez Saavedra, representante legal de Carrocerías Innova SAS.

 

De acuerdo con el portal investigativo Cuestión Pública, en  noviembre de 2020 a 10 meses de iniciar su periodo, el gobernador fue enviado a detención preventiva en su lugar de residencia.

El 25 de noviembre su Secretaria de Gobierno, Sandra Patricia Dimas, fue designada por el presidente Iván Duque como gobernadora encargada mientras se nombraba al nuevo mandatario en propiedad para que dirigiera el departamento hasta que se resolviera la situación de Rosero.​ Finalmente, en febrero de 2021, Álvaro Arturo Granja Bucheli fue nombrado gobernador encargado.

El magistrado en función de control de garantías, Dagoberto Hernández Peña, del Tribunal Superior de Bogotá, resolvió dejarlo en libertad por vencimiento de términos el 12 de agosto de 2021.

La investigación de Cuestión Pública señala que a la par que el proceso judicial contra Buanerges no se resuelve, las ambulancias adquiridas permanecen inutilizadas. HOY Noticias contactó a varias personas en Mocoa, capital del departamento, y confirmó que los vehículos están «arrumados», la plata perdida y la salud de los putumayenses en vilo. 

El diputado Edison Yandun, en entrevista con Cuestión Pública asegura que : “Hoy las ambulancias están sin habilitación por parte del Ministerio de Salud, ya que estas ambulancias medicalizadas fueron habilitadas solo para la emergencia”. En consecuencia, la millonaria inversión del departamento se encuentra congelada.

A raíz de «las ambulancias de la discordia»  se han ido revelando una serie de hechos que dejan un sinsabor pasado por presuntos pagos de favores , donaciones y redes familiares atadas al «poder» .  

Redes familiares: 

Buanerges Rosero Peña comenzó su carrera en el sector público como gerente de los hospitales de Puerto Caicedo y de Puerto Asís. Posteriormente se desempeñó como Contador del Municipio de Puerto Caicedo, población de la cual se convirtió alcalde en las elecciones regionales de Colombia de 2011.​

Durante su mandato en la administración municipal, se dio a conocer un caso en el que intentó contratar a su cuñado John Pardo como asesor; pero como éste tenía la tarjeta profesional vencida, contrató a su padre, Horacio Pardo, quien aún después de morir en diciembre de 2014, seguía cobrando pagos hasta 2015 , denunció en ese momento el hoy senador Ariel Ávila. 

La Fundación Paz y Reconciliación, denunció que Rosero Peña intentó contratar a su cuñado John Pardo porque este le aportó 30 millones  a su campaña en 2011. 

 Jhon Pardo,  esposo de una de las hermanas de Buanerges  fue detenido el 16 de noviembre de 2021 en Mocoa, porque tenía pendiente una orden de captura por el presunto feminicidio de Mónica Patricia Guerra Cajigás. Pardo le propinó “un disparo en la cabeza que le ocasionó la muerte” el 15 de julio de 2013, según un documento de casación oral de la Procuraduría General de la Nación.

Ese mismo año, su concuñado Edgardo Figueroa, entonces candidato a ser sucesor en la Alcaldía de Puerto Caicedo, fue capturado transportando 200 kilogramos de cocaína en una ambulancia.​

Posteriormente se desempeñó como director regional del Ministerio de Trabajo en Putumayo. También fue asesor de la Alcaldía de Villagarzón y del Ministerio del Interior.​

En las elecciones regionales de Colombia de 2019 fue candidato a la gobernación de Putumayo con el apoyo de la Alianza Social Independiente y del Partido Cambio Radical, obteniendo el apoyo de la Representante a la Cámara Argenys Velásquez y de su cuñado Edgardo, quien era por segunda vez candidato a la Alcaldía de Puerto Caicedo; en estas elecciones Figueroa resultó electo alcalde.​

El 27 de octubre, Rosero fue elegido gobernador de Putumayo con 38.295 votos, equivalentes al 29,17% del total.​ Su candidato más cercano fue Andrés Cancimance (Colombia Humana – Unión Patriótica), con 29.761 votos (22,47%).

A todo esto se suman las millonarias donaciones y aportes  que el cuestionado gobernador recibió de varias personas para su campaña,  que han sido documentadas por diferentes medios de comunicación como Cuestión Pública , y que como retribución recibieron numerosos contratos. 

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