Monseñor Rubén Darío Jaramillo alerta sobre la presión que sufren pequeños y grandes negocios, que se ven obligados a entregar fuertes sumas para sobrevivir ante la violencia y el miedo constante.
En las últimas semanas, la ciudad portuaria de Buenaventura ha experimentado una notable disminución en los homicidios y en los enfrentamientos armados entre las bandas criminales conocidas como Shottas y Espartanos. Sin embargo, esta aparente tregua ha sido un espejismo que no ha llevado a la tranquilidad deseada para sus comunidades.
A pesar de la reducción en la violencia visible, el ambiente se mantiene cargado de incertidumbre y temor debido a la asfixiante presión ejercida por estas organizaciones delictivas.
Los ciudadanos de Buenaventura, principal puerto del país, se encuentran atrapados en un ciclo de intimidaciones constantes, aún cuando las balas han dejado de sonar con la misma frecuencia. Líderes sociales y comerciantes señalan que, aunque ya no se producen enfrentamientos abiertos en las calles, la extorsión se ha intensificado notablemente. Las exigencias económicas impuestas por los Shottas y los Espartanos han dado lugar a situaciones insostenibles para pequeños y medianos empresarios.
Es alarmante cómo la extorsión se ha convertido en una sombra que amenaza cada aspecto de la vida comercial en Buenaventura. Según distintos testimonios, tenderos, dueños de restaurantes y comerciantes en general son obligados a pagar sumas exorbitantes de dinero a cambio de «protección» que en realidad se traduce en un sometimiento al miedo.
“Hay comerciantes que pagan 20 millones de pesos mensuales, otros casi 50 millones. Y la mayoría paga entre cinco, dos y un millón de pesos”, explica monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, quien ha sido un firme defensor de la comunidad ante esta crisis. Para esos empresarios, cada peso que va a parar a las manos de los delincuentes podría ser el que les permita sostener a sus familias o mantener sus negocios a flote.
El impacto económico es devastador. Recientemente, se dio a conocer que al menos dos reconocidos restaurantes en el distrito han cerrado definitivamente debido a la presión ejercida por estos grupos criminales. Además, comerciantes del sector pesquero están considerando suspender sus actividades, incapaces de cumplir con los altos pagos exigidos por estos extorsionadores.
La situación es crítica y genera un efecto dominó que va más allá de las cifras; afecta el tejido social de Buenaventura, donde la comunidad se siente cada vez más vulnerable.
La dificultad para denunciar estos casos es un factor que agrava la situación. Muchos optan por guardar silencio, temerosos de represalias que podrían poner en riesgo no solo su negocio, sino también sus vidas y las de sus seres queridos. “Pagan para vivir, pero viven con miedo”, es la frase que resuena entre quienes arriesgan su tranquilidad al enfrentar la extorsión. La falta de confianza en las autoridades y el temor a la violencia han llevado a muchos Bonaverenses a considerar la opción de abandonar su hogar en busca de oportunidades más seguras en otras localidades.
Ante este panorama desolador, el obispo Jaramillo ha elevado un llamado urgente a las autoridades nacionales y a los responsables de la mesa de negociación con estos grupos criminales. Es necesario implementar acciones contundentes que no solo aborden la reducción de homicidios, sino que también desmantelen las redes de extorsión que continúan afectando la economía local y el bienestar de los ciudadanos.
La comunidad se encuentra unida en la petición de soluciones concretas que garanticen seguridad y dignidad. La tregua entre los Shottas y los Espartanos no debe ser motivo de complacencia, sino un punto de partida para establecer diálogos efectivos que verdaderamente busquen transformar la realidad de Buenaventura. Los procesos de negociación deben traducirse en resultados claros que aseguren protección para quienes trabajan y viven en el puerto, y que eliminen la cultura del miedo que todavía persiste en las calles.
El mensaje es claro: el pueblo de Buenaventura necesita más que promesas vacías; requiere medidas tangibles que les devuelvan la esperanza y la posibilidad de coexistir en un entorno libre de violencia y extorsión. La lucha por restablecer la paz y la estabilidad en esta ciudad costera es responsabilidad de todos y cada uno de los actores involucrados, desde el gobierno hasta la comunidad misma, que sigue siendo la primera línea de resistencia en este conflicto prolongado.
Así, mientras las balas permanecen en silencio, el clamor de un pueblo continúa resonando: la paz verdadera se construye sobre cimientos de justicia y dignidad, no sobre el miedo ni la extorsión.
